Comunicación y territorios segregados

Estamos en la era de la inmediatez, donde lo social, lo económico, lo político y lo tecnológico se enfocan en buscar conexiones que optimicen los flujos de energía y materia. Se busca, por ejemplo, impulsar tratados de libre comercio y megaproyectos de infraestructura para ampliar mercados. También se espera que la movilidad y la horizontalidad del acceso a la información abra la posibilidad de dar un mayor alcance a la participación de la gente para que explore, compita y haga parte de esta sociedad en red. Pero, ¿por qué existen territorios aislados de este cambio social pensado en el crecimiento y el progreso de todos?

Colombia tiene bastantes regiones con esta contradictoria situación: están marginadas y afectadas por conflictos, pero participan de redes de desarrollo político, tecnológico y económico (por ejemplo, Antioquia, Cesar, Córdoba y Bogotá). Se puede afirmar que se conectan globalmente, pero tienen segregación local.

Ahora bien, el Estado tiene responsabilidad en esa segregación por su débil presencia institucional y por la distorsión del llamado ‘interés social’, que generalmente termina contribuyendo a la acumulación de riqueza de particulares y pasando por encima de las comunidades y la biodiversidad. Pero hay otro factor silencioso que contribuye: el control de la información sobre estas situaciones.

El proceso comunicativo debe ser analizado en contextos con una mirada territorial diferencial. Las comunidades, que son las fuentes de información en muchos casos, no se reconocen a sí mismas como sujetos de derechos. Por esta razón, no pueden hacer frente a las acciones que amenazan sus territorios, ni creer que las decisiones que tomen influyen a nivel nacional y viceversa. Esto las deja completamente desconectadas de la sociedad, dejando de existir en el espacio público.

Los medios de comunicación cumplen un papel determinante como mediadores de estas realidades. Las representaciones o imágenes que estos producen de los actores y los conflictos influyen en la creación de imaginarios en la opinión pública y legitiman escenarios geográficos. Por ejemplo: la promoción que se le da al Urabá antioqueño como la mejor esquina de América, territorio de la agroindustria bananera, ideal para la construcción de enormes puertos e infraestructura de conexión global clave para el desarrollo y modernización del país. Aunque ese discurso no incluye a un Consejo Comunitario que lleva 18 años exigiendo su título colectivo de tierras, afectado por el desplazamiento forzado, los conflictos socioambientales generados por la desviación del río Apartadó y los agroquímicos. Así, en el mensaje se muestra solo a un grupo de actores y se ocultan las realidades de los otros, que son más vulnerables.

En este proceso, los receptores que hacen parte de la opinión pública forman criterios basados en una realidad hipotética y sesgada sobre estos casos, desconociendo conflictos y a otros actores, lo que reduce las posibilidades de acción política orientada a apoyar a quienes habitan esos territorios.

La información es poder que se viraliza en el espacio público y la web. Por esto, el reto de los comunicadores va más allá de llegar a los nodos del conflicto y darle voz a los que no la tienen. Ahora incluye analizar los contextos y las miradas territoriales de las fuentes que se encuentran aisladas para, de esta forma, crear nuevas redes alternativas que conecten una realidad hasta ahora excluida con la opinión pública.

*****

POR VIVIANA MONCALEANO | @VivianMoncalean

Investigadora y documentalista del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos, ILSA. 

Otra columna que puede interesarle:

Una deuda pendiente con el Consejo Comunitario de Puerto Girón

Las opiniones de los columnistas en este espacio son responsabilidad estricta de sus autores y no representan necesariamente la posición editorial de SEMANA RURAL