Preocupación por la cuenca del río Cauca

Me pongo en los zapatos de una de las mujeres cabeza de familia que ha perdido uno de sus seres queridos en el conflicto que reina en Ituango (Antioquia), la región donde se construye la represa hidroeléctrica Pescadero. Es en el cañón del río Cauca o Bredunco -en la lengua del pueblo Nutabe- donde se anuncia la inminente inundación y la transformación de la vida de la escarpada geografía de la Cordillera Central.

Este cañón rocoso, con paredes empinadas de hasta 90 grados, conforma abismos que protegen el bosque seco y el río que baja a alta velocidad. El Cauca serpentea entre faldas y pliegues, recorriendo varios municipios antioqueños (1). De una manera u otra, más de 180.000 campesinos, barequeros, pescadores y trashumantes del cañón viven hoy con desasosiego por la puesta en marcha de la represa, prevista para la navidad de este año.

Los desalojos de familias campesinas, de barequeros y pescadores son hoy una fuente de preocupación. Ya se llevó a cabo uno en 2015, que afectó a más de 500 familias en la playa la Arenera, donde se pasaron por alto los derechos de las víctimas del conflicto y los lineamientos de derechos humanos de las Naciones Unidas. En febrero de 2018 vuelven las agresiones del Esmad, quienes producen más miedo y desplazamiento. Esta situación recuerda el término de ‘hidrocausto’, como lo plantea el profesor y diputado español Pedro Arrojo, quien acuña este concepto en la Nueva Cultura del Agua. Aplica como anillo al dedo al conflicto socioambiental de los ‘cañoneros’ del río Cauca.

Para los grandes accionistas que financian la represa, Hidroituango será la generadora más grande del país y una comercializadora de energía altamente competitiva en el mercado nacional e internacional. Sin embargo, para el Movimiento Ríos Vivos, que agrupa a 15 organizaciones sociales que se oponen a los efectos de la megaobra, los impactos se evidencian en su vida cotidiana desde 1997, cuando se creó la Asociación Pescadero Ituango.   

Desde aquel entonces ya acechaban las amenazas. Hoy en el área de influencia del cañon están presente el Eln, las disidencias de las Farc, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), los narcos del Clan del Golfo, el Ejército, gamonales y malandrines del oro. Unos y otros al acecho de oportunidades ante el revuelo causado por las organizaciones sociales por la construcción de la represa.

Fenómenos colaterales a la obra florecen con la presencia de todos estos actores: alza en precios de la tierra, deslizamientos de sedimentos y rocas generados por la deforestación en las obras, barequeros y pescadores heridos, afectaciones por la contaminación de residuos en las aguas -tanto por la minería ilegal como por los materiales residuales de la construcción de la represa-; y campos sembrados de minas antipersonales. La vida bucólica del campo perdió la tranquilidad por estar infestada con el mercado de narcos, protegiendo sus corredores estratégicos hacia Córdoba y el Urabá.

Los desalojos de cientos de familias campesinas se están produciendo en este escenario confuso, como si no pasará nada. Como dice un senador con interés en tierras en la región: todo por el bien de la patria.

El clamor de la gente que habita este territorio está fundamentado en mil razones. Entre esas, la ausencia de planes de reubicación, la falta de claridad en el plan de manejo ambiental pre y post inundación del embalse, en la corrupción y amenaza ante cualquier denuncia ante la Fiscalía. Nadie confía en nadie. Cuentan que la represa también cala hondo en los corazones heridos por la guerra, en la búsqueda de familiares desaparecidos (2).

Muchos quedarán enterrados en el fondo del lago. Otros ya fueron enterrados y adoptados por deudos anónimos que encontraron los cadáveres flotando en el río Cauca. Las fotografías de Juan Manuel Echavarría sobre los NN encontrados en las playas del cañon dan buena cuenta del drama de tantos desaparecidos, que aún son buscados por sus familiares.

El conflicto socioambiental suscitado en HidroItuango, como en otras represas en Antioquia, es el resultado de una política minero-energética impulsada por el Estado y avalada por exgobernadores amigos de las represas, las grandes propiedades y poseedores de una ‘exaltada’ visión del desarrollo. Esta visión ya cumplió su ciclo, con tanta sangre derramada.

Desde la perspectiva científica, ya está comprobado que las emisiones de gases de efecto invernadero de ríos represados contribuyen al calentamiento global. Cuando los embalses de las represas se inundan, alteran los ecosistemas de toda el área de influencia, cambiando el patrón de flujo de CO2 y metano a la atmosfera. Esto sucederá en diciembre 2018 al inundar el cañon del río Cauca: las plantas y suelos que se van a descomponer, van a liberar todo el carbono almacenado y las consecuencias serán un desastre anunciado.

Experiencias recientes ya demostraron que la mortandad de peces producida por los gases emitidos por la biomasa que queda en el fondo del lago genera una crisis alimentaria entre los pescadores y campesinos en la zona. El bosque seco tropical (BST), que está en proceso de desaparecer en Colombia, quedará bajo el agua y dejará de prestar los servicios ecosistémicos, vitales para la mantener la biodiversidad de especies de flora y fauna endémicas de la región. 

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Todos estos efectos retardarán las metas acordadas para la transición energética pactada en el Acuerdo de Paris en 2015 frente a la crisis climática mundial. La megainversión en estos proyectos que modifican la geografía andina, en pro del buen negocio para generar energía eléctrica, son ya, a nivel internacional, una opción cuestionada. La misma banca multilateral que ha financiado represas en otras regiones del mundo tropical expresa sus dudas por los altos costos sociales y ambientales.   

Vale preguntarse, entonces, ¿qué tan benéfica será la represa para las comunidades locales, en territorios donde impera el cultivo de coca? En la región de Sabanalarga, Ituango, Yarumal, Valdivia, Caucacia, Toledo, Briceño, San Andrés de Cuerquia, Peque, Pescadero y en zonas de Resguardos Indígenas Embera Katío de San Roman y Haidukama, entre otros, ya se evidencia la dependencia de las drogas en jóvenes rurales y en el desarraigo de la cultura campesina.

A estos pueblos también llegan aguas residuales contaminantes de las obras de la represa, de los cultivos de coca y de la minería ilegal, afectando ciénagas y afluentes del río Cauca. El Movimiento Ríos Vivos tiene la valentía de levantar la voz y defender los recursos naturales en medio de este panorama donde parece que no hubiera vuelta atrás.

Podríamos evitar más ‘hidrocaustos’, desalojos, deforestación y tristeza de madres que enfrentan los efectos de la narcoeconomía en sus propios hogares si enfrentáramos el toro por los cuernos: ese es el desafío de las próximas elecciones, votando con conciencia.

Mientras suceden las elecciones, el Movimiento Ríos Vivos se pregunta qué pasará cuando los 11.000 obreros contratados por EPM, de los cuales más de 3.000 deberán volver al campo, ¿podrán retomar los cultivos en las laderas del embalse?

(1) El río Cauca tiene una extensión de 1.350 kilómetros. Su cuenca de unos 37.800 km2 recorre más de 150 municipios de Colombia, con una población de más de 10 millones de personas. Descarga sus aguas al río Magdalena y al mar Caribe.
(2) Según el Centro de Memoria Histórica, hubo 73 masacres y todavía hay 643 desaparecidos en los 12 municipios del cañón. Los asesinatos selectivos sucedieron cuando EPM inició las obras en 2010. Grupos paramilitares generaron una limpieza social para sacar la gente del cañon. En ese año surge el Movimiento Ríos Vivos Antioquia, por el desalojo forzoso.

MARGARITA PACHECO | @margamiel

Columnista y consultora en comunicación ambiental 

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