Desde las regiones: así fue el primer año del fin del conflicto con las FARC

diciembre 12 de 2017

Este 24 de noviembre se cumplió el primer aniversario de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las Farc. SEMANA RURAL hizo un recorrido por algunos de los municipios que fueron fuertemente golpeados por la guerra para tomarle el pulso al avance de la paz..

Desde las regiones: así fue el primer año del fin del conflicto con las FARC

| Máximo Hoyos Guerra, víctima de desplazamiento en la vereda La Pita, Atlántico, uno de los lugares que durante el conflicto sufrió de masacres y desplazamiento | Por: Daniel Reina Romero / REVISTA SEMANA


Por: SEMANA RURAL
SemanaRural

La Colombia rural es otra desde que las Farc dejaron las armas: ¡nada menos que 7.500 hombres y mujeres! Aunque nos cueste creerlo, hoy somos referente en el mundo de la resolución pacífica de conflictos armados, porque pusimos fin a una guerra que se extendió por cinco décadas y dejó 218.094 muertos (entre 1958 y 2012).

La Misión de Verificación de la ONU reporta la destrucción de 69 toneladas de armas y municiones, mientras que el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz asegura que el ritmo de la implementación de los compromisos a corto plazo es “ligeramente superior al de otros acuerdos de paz en el mundo (45 % de las 558 disposiciones que contiene el Acuerdo se vienen desarrollando)”.

Al mismo tiempo, este instituto invita al Gobierno a avanzar en las medidas de mediano y largo plazo relacionadas con las causas estructurales que dieron origen al conflicto para “prevenir que emerjan diferentes formas de violencia” en el país y que en la actualidad están resintiendo los líderes comunitarios.

En la vida cotidiana esto ha significado que, por primera vez, tanto las Farc como los militares hayan trabajado juntos en una campaña de desminado que le permite a Briceño (Antioquia) y a otros 22 municipios de siete departamentos, ser zonas libres de sospecha de minas; que el sur del Tolima viva una vida sin el ruido de los fusiles ni estigmatización; y que cientos de familias campesinas estén apostándole a la sustitución de cultivos.
 


Hoy somos referente en el mundo de la resolución pacífica de conflictos armados, porque pusimos fin a una guerra de 50 años



En Ituango son 1.500 pactos de familias que trabajan en esta tarea y, a nivel nacional, ya hay 19 mil familias que han recibido el primero de los incentivos para dejar la siembra de coca, aunque es evidente que están disparadas las hectáreas sembradas con esta mata (188 mil). Aquí mostramos que el reto que impone el narcotráfico es mayúsculo y se evidencia en Buenaventura y Tumaco.

Así que, luego de que el Gobierno nacional se haya anotado el punto mayor al concretar un acuerdo con las Farc, que no solo implica la reintegración de sus hombres y mujeres sino una transformación para los territorios, lo que viene como consecuencia es la atención integral del Estado en regiones históricamente relegadas.
 



En SEMANA RURAL hacemos un diagnóstico del primer año del fin del conflicto con las FARC, basados en nuestro recorrido y seguimiento periodístico durante el 2017:

 


 

Desminado humanitario: un paso a la paz
En 2015 empezó en Briceño, al norte de Antioquia, el plan piloto de desminado humanitario.

 

Briceño tiene 401 kilómetros cuadrados por donde se han movido históricamente los actores de la guerra, mientras que el Estado brilló por su ausencia. Lo primero que todos resaltan como un logro tras los
acuerdos de paz con las FARC es que este municipio ahora es conocido a nivel nacional y la
institucionalidad por fin ha llegado.


Emilio vive en el Centro de Educación Rural de la vereda El Cedral, al lado de su familia y el profesor Dago Mena, el único docente que tiene la pequeña escuela. Llegar hasta allí solo es posible en carro, pues la distancia y el mal estado de la vía, que atraviesa esta zona montañosa, impide que se llegue fácilmente en otro medio de transporte.
 

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Emilio y el profesor Dago Mena son los responsables del Centro de Educación Rural de la vereda El Cedral.  

FOTO: Carlos Julio Martínez / SEMANA


Hasta octubre de 2017,
23 municipios de siete departamentos han sido declarados como zonas libres de sospecha de minas

 

“TODAVÍA QUEDAN ZONAS PROHIBIDAS”

El camino que se recorre en una hora desde el pueblo hasta El Cedral no es el único difícil. Campesinos como Emilio aún tienen ‘montes prohibidos’, a causa de la permanencia de minas antipersonales, pese a que el programa de desminado humanitario se inició en Briceño desde el 2015, haciendo del caso de la vereda Orejón un piloto a nivel nacional.
 

“Los que sembraban eso por ahí le decían a uno: no vaya por tal parte, entonces uno sabe que eso está minado”, explica Emilio y comenta aliviado que, desde hace más de un año, cuando se dieron las negociaciones, no se han vuelto a sembrar minas. “Este año han sacado, pero uno todavía alcanza a ver y da el aviso para que las saquen”, comenta.


En 95 municipios de los 125 que tiene Antioquia se ha informado la presencia de minas.


El plan piloto de desminado que se inició en Briceño fue noticia porque, por primera vez, militares y miembros de las FARC trabajaban juntos por una causa común. El proceso que comenzó a tres horas del pueblo, en Orejón, se ha ido replicando lentamente a otras veredas, para que campesinos como Emilio también puedan caminar tranquilos.

“El trabajo de desminado ha sido fundamental”, resalta Ever Patiño, líder de Asocomunal Briceño. Para él, la vinculación de las FARC ha sido activa y necesaria en el desminado y en el proceso de sustitución de cultivos. “Independientemente de que sean grupos ilegales, han aportado bastante en este esfuerzo conjunto”, concluye.

 

 EL CAFÉ DE BRICEÑO LLEGÓ A MIAMI: 

En 2009, con apoyo de los padres de familia del Comité de Cafeteros y la Alcaldía, Deyanira Chavarría y otras dos compañeras del grado 10 de la I.E. Antonio Roldán, fundaron Asdesebri —Asociación para el Desarrollo Productivo, Económico, Social y Ecológico de Briceño—, como resultado de una tarea de Ciencias Sociales. En 2016 exportaron sus primeras diez toneladas a Estados Unidos y actualmente tienen la gran oportunidad de apoyar los procesos productivos en territorios libres de coca, a donde llegarán en diciembre de 2017, de la mano de la ONU. Carlos Mario Posada, representante de Asdesebri, cree que los acuerdos de paz permitirán fortalecer este producto que anteriormente fue el primero en la economía de Briceño. Asimismo, considera que, poco a poco, las 500 toneladas que se producen anualmente aumentarán, gracias a la mejora de vías y procesos de comercialización que motiven una mayor producción.
 



Sustitución en medio de grandes tensiones
Ciento cincuenta familias liderarán la sustitución de cultivos en Ituango; mientras tanto, la comunidad pide mayor protección

 

“Antes era imposible hacer una escuela de Derechos Humanos en Santa Lucía”, expresa con emoción Lina Zuleta, líder de la Asociación de Mujeres Ideales de Ituango. Desde la negociación y firma de los acuerdos de paz con las FARC, relata, estas mujeres han podido ingresar a la zona rural del municipio y hacer visible, después de tantos años, la violencia de género.

Desde las escuelas no solo se educa en derechos a las mujeres, sino que también se aporta a la capacitación de los funcionarios para atender esta problemática. Este proyecto empezó a funcionar desde julio y es posible gracias a la financiación de la USAID, cuyos recursos estaban vetados por este grupo ilegal hasta el 2016.

Aunque las mujeres rurales empiezan a ser protagonistas, las comunidades están en medio de los enfrentamientos cada vez más fuertes por el narcotráfico y microtráfico entre los grupos ilegales que están ocupando el territorio dejado por las FARC.

“La cercanía con el Nudo de Paramillo lo tendrá en disputa siempre”, por lo menos así lo considera la socióloga ituanguina Nubia Ciro. Ituango se encuentra en el corazón de esta región históricamente utilizada por los grupos ilegales para el tráfico de drogas y armas.

Actualmente, la comunidad se queja y se siente expuesta frente a las presiones del Clan del Golfo, el ELN y los excombatientes de las FARC que no se acogieron al proceso. “Lo que explotó en Tumaco se va a repetir en todos los sitios donde hay coca”, alerta Ciro y advierte, al igual que Zuleta, del crecimiento del microtráfico en la zona urbana.
 

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19 mil familias de 35 mil registradas han recibido el primero de los doce subsidios otorgados por el Gobierno nacional.  
FOTO: José Guarnizo


'EDÉN DEL NORTE', LIBRE DE COCA 

El programa ‘Antioquia libre de coca’, liderado por la Gobernación departamental y el Gobierno de Estados Unidos, ha priorizado a Ituango para frenar el aumento de los cultivos ilícitos presentado este año.

Al finalizar el 2017 se espera que estén vinculadas al proceso de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos más de 11 mil familias antioqueñas, con más de 6 mil hectáreas de coca; lo que representa el 90 % de los pequeños cultivos de esta región.

 


 

El eterno problema de tierra

Este territorio ha sido uno de los más golpeados por el conflicto en Colombia. Por la misma razón, el gobierno quiere que sea un 'laboratorio de paz'. El reto no se ve para nada fácil.

En el Urabá se han presentado más de 6.150 solicitudes de restitución, de las cuales apenas se han resuelto jurídicamente 142 casos; es decir, el 2.3 %. Según la ONG Forjando Futuros, los municipios del Urabá (que se conecta con el Tapón del Darién) y del Bajo Cauca antioqueño (estribaciones de la Cordillera Central antioqueña) son las zonas donde es más difícil la restitución de tierras.

Desde el momento en que entró en vigor la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011) han sido asesinados 17 reclamantes de tierra y líderes, mientras que otros más han sido amenazados, lo que muestra lo difícil que es desatar el nudo del conflicto territorial en zonas consideradas estratégicas.
 

De tal magnitud es el asunto en la región que la Unidad de Restitución de Tierras tiene allí una sede, independientemente de la de Medellín, que le ha hecho frente al despojo que se ocultó tras la devaluación artificial de la tierra, la imposición de ventas avaladas ‘legalmente’ y la implantación de la idea de que era imposible retornar a una zona que registró 32.0000 desplazamientos, según un estudio de la Universidad de Antioquia.
 


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Hay casos emblemáticos donde se han reversado despojos —caso Las Tulapas— y donde se han restituido tierras a campesinos. Tras años de dura violencia (que dejó 103 masacres entre 1998 y 2002, según el Centro Nacional de Memoria Histórica), por las calles urabeñas se pueden ver diariamente a excombatientes de las guerrillas de las Farc, del EPL, de la CRS; y de las autodefensas.

Pero, sin duda, el reto compartido de regiones como estas y las de los puertos del Pacífico sur, está asociado a la desarticulación de estructuras como el Clan del Golfo, una de las expresiones criminales con pretensiones de ejercer control territorial.


 


La ciudad que le dice no al crimen
Un plan para blindar Buenaventura es la última de las estrategias diseñadas por las autoridades para hacer frente al aumento de la criminalidad.
 

A pesar de que durante el primer semestre de 2017 se vivió un periodo de calma en el principal puerto del Pacífico, la segunda mitad del año ha sido todo lo contrario. Aunque las cifras de muertes violentas todavía no se acercan a las de 2006 —cuando el número de asesinatos fue de 408—, las alarmas están prendidas. Solo durante los primeros días de noviembre se registraron siete homicidios.

Un informe de la Defensoría del Pueblo alertó sobre la presunta llegada de un nuevo grupo criminal llamado ‘La gente del orden’ que, se presume, opera en Tumaco. El organismo también llamó la atención acerca del posible fortalecimiento de grupos que se encontraban en zonas rurales, como el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

 


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En este sentido, varios líderes sociales bonaverenses afirmaron que han percibido un aumento de los homicidios y los hurtos. Sin embargo, ninguno confirmó la presencia de la banda criminal ‘La gente del orden’. Esto fue corroborado por el coronel Jorge Cabra, comandante de Policía de Buenaventura, quien precisó que en la ciudad operan dos grupos al margen de la ley: ‘La empresa’ y ‘La Local’, quienes se disputan el control del microtráfico y la salida de cargamentos de droga.
 

smiley | Los habitantes del principal puerto en Colombia están cansados de tanta coacción, pobreza y falta de oportunidades. | Por: Luis Ángel Murcia


Cerca de 700 familias de los consejos comunitarios de Juanchaco, Ladrilleros y La Barra se encuentran en riesgo por la presencia de estas bandas que buscan ocupar espacios dejados por las Farc y reclutar jóvenes de la zona, según indicó la Defensoría.

Fabiola Aguirre, directora de la Unidad para las Víctimas en el Valle del Cauca, afirmó que se deben desarrollar acciones de prevención, aumentar la presencia institucional en zonas de la comuna 12 y acompañar a la comunidad de las islas aledañas para que no se sientan solas.

El padre Jhon Reina, del Comité del Paro Cívico, reconoce la grave situación social que enfrenta Buenaventura. Por eso advierte que las soluciones a los reclamos de la comunidad por los problemas de agua potable, el megacolegio y la ciudadela hospitalaria, entre otros, que provocaron el paro de 22 días, deben llegar pronto a Buenaventura. “Aquí se ganó conciencia, nunca en la vida se había visto en Buenaventura tanta unidad. Este paro la gente se lo tomó en serio, ahora falta que el Gobierno nacional también se lo tome en serio y le cumpla a la comunidad”.

 


 


Ejemplo de paz
Más de 20 horas de vuelo separan a Birmania, en Asia, de Colombia. La delegación de paz de este país recorrió más de 16.800
kilómetros para llegar a San Carlos, en el oriente de Antioquia, y conocer cómo sus habitantes lograron recuperarse de las huellas de la guerra.

 

En 2011, la comunidad sancarlitana recibió el Premio Nacional de Paz por cuenta de su exitoso proceso de retorno y por convertirse en ejemplo de resistencia civil. Seis años después, un país que hoy enfrenta el desafío de un histórico proceso de paz, tras más de cincuenta años de enfrentamientos entre el Gobierno y varias guerrillas, lo visita para conocer de cerca cómo ha pasado la página del conflicto.

“Que ellos hubieran escogido este pedacito de tierra para venir a mirar cómo nosotros hemos perdonado y seguido adelante, es un privilegio”, dice José López, el famoso ‘Joselo’, artista sancarlitano que, con el sueño de convertir a su tierra en el pueblo de los murales, aporta desde el arte, con su grupo de teatro, un grano de arena para el perdón.


smiley |  Uno de los dibujos de los niños de San Carlos dan cuenta de lo que tuvieron que ver hace unos años, cuando la guerrilla y los paramilitares se disputaban el control de la zona. | Por: César García



¿CÓMO LO HICIERON?

La comunidad de la ‘Costica dulce del oriente de Antioquia’ ha tenido que sobreponerse a los embates de la violencia guerrillera y paramilitar que padecieron por décadas y que desplazó a más del 80 % de su población. Más de 33 masacres no fueron suficientes para opacar el sueño de salir adelante gracias al turismo, la agricultura y el arte.

Cerca de diez mil personas visitaron este año San Carlos motivadas por las tradicionales Fiestas del Agua y el Retorno. La agricultura y la economía ha florecido gracias al estímulo de proyectos piscícolas, apícolas, ganaderos y cafeteros. Mientras tanto, los jóvenes se piensan un municipio reconstruido socialmente y en el que las paredes sean el reflejo de costumbres e historias y no de una memoria marcada por el dolor.
 


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Para ‘Joselo’, la delegación birmana se fue con la esperanza y la inquietud en el corazón al “ver en el arte una oportunidad para mitigar ese golpe de la guerra”. Además, el Jardín de la Memoria sirvió para conocer el reflejo de las historias de las víctimas del conflicto.

Birmania tiene el enorme reto de lograr un acuerdo como lo tuvo Colombia con la guerrilla de las Farc. San Carlos, por su parte, empezó su proceso de posconflicto mucho antes de este y por eso hoy es un ejemplo de la fuerza que les permitió recuperarse de su peor momento.
 


La paz se vive y reclama presencia estatal
Después de un año del desmonte del Frente 21 de las FARC, los problemas de orden público, que antes eran controlados por el grupo guerrillero, vuelven a surgir.
 

Agapito Mosquera nunca sintió miedo. Durante los 20 años que el Frente 21 de las FARC controló la zona urbana del municipio de Río Blanco, Tolima, este sirvió de mediador ante los inconvenientes, las disputas y conflictos que afectaban a la comunidad.

Desde que Mosquera tenía cinco años, más exactamente en 1965, cuando ya el Frente 21 se había tomado la vereda El Davis, él escuchaba las historias de sus enfrentamientos, siempre como un hecho lejano que sucedía en las montañas.

Fue en el año 95, época de la bonanza amapolera, cuando estos actores lejanos bajaron a la cabecera municipal de Río Blanco y empezaron a ejercer un control de tal magnitud, que solucionaban desde problemas de infidelidades, hasta el consumo de sustancias psicoactivas. Por esto fueron llamados ‘El Juzgado 21’.


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Todo un sistema de regulación social para el sur del Tolima en el que hasta las entidades municipales tenían que obedecer. “El que quería cuidar su seguridad tenía que hacer caso; así de sencillo”, cuenta Mosquera, coordinador de Educación, Cultura y Deporte de Río Blanco.

Por más de dos décadas la población campesina de la región convivió con los toques de queda luego de las 6 de la tarde, con el pago obligatorio de vacunas, y con las muertes selectivas que realizaban para ejercer su ‘control social’. “Algunos inocentes y otros que eran tildados de informantes del Ejército. Eso incomodó a los pobladores, pero nunca nadie se les enfrentó”, narra él. Pero también trajo orden a un sector en donde el Estado era ausente.

EL DESMONTE DEL 'JUZGADO'

“Desde que se firmó el Acuerdo se sintió un cambio”, dice Manuel Sánchez, presidente de la Asociación Campesina del Cañón de las Hermosas (Asohermosas), de Chaparral, zona estratégica para el fortalecimiento del Frente.
 

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En la zona de Tuluní antes no se podían organizar caminatas, pues el frente 21 de las Farc hacía presencia en el lugar. Ahora se quiere impulsar el turismo en esta maravilla natural
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Foto: José D. Puentes


Sin embargo, paralelo al desmonte del grupo armado, han empezado a surgir en la región problemáticas de orden público, como robos y expendios de sustancias psicoactivas, que antes habían sido resueltas por el ‘Juzgado 21’. Mientras, todas las soluciones que fueron dadas temporalmente, como los casos de límites de linderos y entrega de terrenos a los campesinos para cultivar, se encuentran en el limbo jurídico y han resurgido buscando ser solucionadas de forma legal ante el Estado.

“El gran reto que tiene el Estado es llenar ese vacío”, dice Sánchez. “Esta es la oportunidad para que el Gobierno comience a incidir en las comunidades, para que ellas vuelvan a confiar en él”.

 


 

 CRÉDITOS 
 

Bibiana Mercado | Editora General
Gerardo Quintero | Editor Nacional
Yenifer Aristizábal | Editora de Antioquia
Valentina Villegas y Antonio Canchila | Periodistas 

 

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Semana Rural. Un producto de Proyectos Semana S.A. financiado con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a través del programa de Alianzas para la Reconciliación operado en Colombia por ACDI/VOCA. Los contenidos son responsabilidad de Proyectos Semana S.A. y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos.