Cuando hablé hace poco con unos campesinos me llamó la atención que no pronunciaban ni una palabra sobre la apropiación por parte de algunos terratenientes de las tierras en donde antes ellos cultivaban y pastaban ganado. En el campo se vive bajo la ley del silencio y las normas impuestas tanto por los “señores de la tierra” como por guerrilla, que en algunos lugares aún está en armas, y por los ejércitos de los clanes narcotraficantes.
Se conforman de esta manera territorios rurales donde impera una normatividad basada en la ilegalidad. Contribuye también a lo que podría llamarse el desbarajuste territorial rural, los problemas asociados a los derechos de propiedad de la tierra: la informalidad en la tenencia, el conflicto por la propiedad de los predios de los desplazados y la apropiación ilegal de los baldíos nacionales por particulares.
Para enfrentar el enorme reto de recomponer los territorios rurales se formuló, como parte de los acuerdos de paz, la Reforma Rural Integral - RRI que lejos de ser una política improvisada, concreta un consenso entre Gobierno, organismos internacionales, ONG´s, organizaciones campesinas y las FARC.
A dicho consenso se llegó después de un amplio y profundo debate emprendido mucho antes de iniciarse las negociaciones en La Habana. La RRI no es una reforma agraria radical como la que proponían las FARC en su programa político, sino un conjunto de medidas que tienden, en primer lugar, a normalizar y formalizar los derechos de propiedad en el campo y a dotar de tierra a algunos campesinos (sin expropiar a los grandes propietarios).
En segundo término se propone reducir la desigualdad (reducir las brechas) entre campo y ciudad, construyendo vías terciarias, viviendas y acueductos, y ampliando la cobertura de la educación, la salud y los servicios públicos. Se contemplan también, en este sentido, estrategias para fomentar la producción agropecuaria.
El tercer pilar de esta reforma es involucrar a la sociedad civil, para que trabaje en conjunto con las entidades gubernamentales para acordar programas y sacarlos adelante. Esta forma de hacer las cosas se conoce como el desarrollo rural con enfoque territorial.
El desarrollo rural con enfoque territorial debe reemplazar el neofeudo del capitalismo salvaje y violento, descrito arriba, por una institucionalidad basada en el reconocimiento de la diversidad territorial y en la plena vigencia del estado de derecho. Ante un reto de esta magnitud, uno puede quedar perplejo e inclinarse por el escepticismo, pero la buena nueva es que hay potencialidades enormes para enfrentarlo.
Contamos, de un lado, con múltiples experiencias que han sido exitosas como los programas gubernamentales de Desarrollo Rural Integrado- DRI y la intervención de altísima eficiencia y cubrimiento de la Federación Nacional de Cafeteros. Se tiene también las lecciones aprendidas con los Programas de Desarrollo y Paz liderados por organizaciones sin ánimos de lucro, así como los aciertos locales de múltiples ONG´s.
De otra parte, y contrario a la creencia según la cual la guerra desbarató completamente el tejido social rural, hay que resaltar que para sobrevivir en medio del conflicto, para construir la resiliencia social, cumplieron un papel fundamental las organizaciones campesinas, indígenas y afros, así como asociaciones y grupos de mujeres que se constituyeron en cuidadoras de la vida y de los recursos naturales.
Pues bien, las regiones deben contar para la construcción del desarrollo rural con enfoque territorial, con estas y otras formas de cooperación solidaria, que están surgiendo con el posconflicto.
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POR: JAIME FORERO
Bogotano. Doctorado en Economía y docente e investigador desde 1979. Ha hecho investigaciones y asesorías en casi todo los territorios rurales colombianos y en algunos países latinoamericanos. Consultor de ASPROINCA, FAO, Fundación San Isidro, BID, Minagricultura, Minambiente, Acción Social, Cooperativas del Sur de Santander, Banco Mundial, entre otros. Profesor emérito de la Universidad Javeriana y actualmente profesor asociado y director del Observatorio Rural de la Universidad de La Salle. Economista.
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