El reto de desactivar la última mina antipersonal del Tolima

El enemigo silencioso que durante décadas causó temor en el campo colombiano empieza a ser un problema del pasado, al menos en una de las regiones que más padeció este crimen. Para que se den un contexto, solo en el 2007, 59 civiles y 157 miembros de la fuerza pública murieron tras pisar este tipo de explosivo. Ese mismo año se registraron 763 lesionados, de acuerdo con las estadísticas de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (Daicma).

Para entender mejor el impacto de estos números rojos, podemos traducirlos de este modo: hace diez años, cada 48 horas un campesino o soldado moría por pisar una mina y dos personas resultaban heridas todos los días.

Hoy la situación es distinta. Desde 2015 hay una disminución de las víctimas. El total de fallecidos en ese año no superó los 50 (17 civiles y 15 uniformados). En 2016 fueron 14 muertos y hasta el 30 de abril de este 2017 solo se han presentado dos heridos en todo el país.

La reducción de víctimas de minas era inevitable debido al incremento de la capacidad estatal para eliminar estos artefactos y al compromiso de las Farc para dejar de sembrarlos. De todas formas, todavía falta mucho por hacer. En el Tolima, por ejemplo, se han identificado 2.898.350 metros cuadrados con explosivos o sospecha de su existencia. En el sur del departamento, donde nació la guerrilla, se concentran los municipios con más víctimas de la región: Planadas, Chaparral, Rioblanco, Ortega y Roncesvalles
 

Para la Daicma, la entidad que coordina las acciones de desminado en el país, pueblos como Chaparral y Planadas tienen una alta afectación de minas. Es decir, que en los últimos cinco años ocurrieron detonaciones, incautación de material o accidentes con animales. En cambio, Ortega es considerada de media afectación, pues después de 2010 allí no volvieron a ocurrir incidentes.

“De los 47 municipios del Tolima, 25 tienen minas o existe la sospecha”, señala Sergio Bueno, director de la Daicma. “Según nuestras bases de datos, 11 están con afectación alta y 14 con media”. En la actualidad hay intervención para desminado en Chaparral, Planadas y Rioblanco, todos pueblos del sur del departamento. Es un trabajo en el que intervienen las Fuerzas Militares, las organizaciones internacionales y las comunidades.

 DESCONTAMINANDO EL CAMPO 

Desde agosto de 2016, Colombia cuenta con los servicios de la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario (BRDEH). Esta dependencia del Ejército, conformado por seis batallones, trabaja en la descontaminación de los territorios. El teniente coronel Fabián Andrés Aristizábal está al frente del batallón 2, que opera en Chaparral, Planadas y Rioblanco.

“Los trabajos en estos municipios fueron priorizados por el alto número de incidentes que se han presentado durante los últimos 15 años. Esto a causa de la contaminación por minas antipersonal, artefactos explosivos y municiones sin accionar”, afirma el uniformado.

Antes de comenzar las labores de desminado, los miembros de este batallón se certificaron ante la Organización de Estados Americanos (OEA), el organismo internacional que le hace seguimiento al proceso. En octubre pasado les dieron luz verde para operar y a partir del 22 de febrero empezaron la búsqueda, identificación y desactivación de los artefactos.

De acuerdo con el coronel Aristizábal y a Chris Ince, director para Colombia de The Halo Trust –una de las seis organizaciones de la sociedad civil que apoyan el desminado en el Tolima y que también hace presencia en Ataco–, ‘limpiar’ los territorios requiere del apoyo de las comunidades. Son ellas las principales fuentes de información sobre los campos minados de sus municipios.

“Los campesinos reconocen cuáles son las áreas en donde, por ejemplo, ocurrió una explosión, algún animal pisó una mina o hubo actividades de desminado militar en el pasado”
- Chris Ince, director para Colombia de The Halo Trust -
 

Tanto los miembros del batallón como los de The Halo Trust recopilan los datos que aportan las comunidades para ubicar las zonas de intervención. Según los cálculos de Ince y su equipo, un campo minado en Colombia tiene un área promedio de 4.000 metros cuadrados, lo que equivale a cuatro canchas de fútbol.

Por medio del desminado humanitario y la colaboración de la comunidad, The Halo Trust y el batallón 2 han identificado 13 zonas peligrosas con explosivos en Chaparral, Planadas, Rioblanco y Ataco hasta el 29 de abril de este año. Ya se han despejado cinco, lo que representan 12.099 metros cuadrados. Así mismo, cinco artefactos fueron desactivados y el Ejército destruyó 13 municiones en esas zonas.
 

Hasta julio de este año, en Colombia habían ocho municipios declarados libres de contaminación de minas antipersonal, localizados en Antioquia, Bolívar, Meta y Santander.  A este grupo se sumó Ataco, en Tolima, desde agosto.

“Ya hemos visitado todas las veredas, intervenido dos zonas peligrosas y encontrado munición sin explotar. Esperamos que después de la mitad de 2017 lo entreguemos como libre de contaminación”
- Palabras del director de The Halo Trust en junio-

Pero el proceso de desminado no solo se trata de desenterrar los artefactos y destruirlos. De la mano de este proceso van los programas de restitución de tierras, los proyectos productivos, el retorno de población desplazada y la reinserción de miembros de la guerrilla a la vida civil. Es un primer paso para la reactivación del campo colombiano.

VER EL ESPECIAL: MINAS, EL ENEMIGO OCULTO
 

 LAS VOCES DE LAS VÍCTIMAS 

Las cifras revelan que la mayoría de víctimas de los nueve municipios del sur del Tolima fueron miembros de la fuerza pública. De los 131 muertos y 194 heridos que provocaron las minas antipersonal entre 1991 y marzo de este año, 296 casos son de uniformados. Uno de ellos es el de Iván Darío Quijano Martínez, soldado regular que en septiembre de 2011 cayó en un campo abandonado por las Farc en la vereda El Davis, de Chaparral.

“Estábamos en una operación cuando estalló la mina. De ahí me sacaron en helicóptero hasta Ibagué y me llevaron en ambulancia a la clínica. Sufrí amputación de mis dos piernas”, recuerda el joven de 29 años y quien regresó al pueblo para trabajar en agricultura.

José Yamith Garzón, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Miguel, en Planadas, perdió uno de sus pies al pisar una mina en 2014 en el cultivo de fríjol donde laboraba. Hoy se dedica a liderar a su comunidad. A pesar de las secuelas de la explosión, cree que el trabajo en el territorio es la mejor manera de sacar adelante a su región.

Con la colaboración de Camila Torres, corresponsal de SEMANA RURAL en el Tolima