El dilema de las áreas protegidas: entre el sustento y la protección ambiental

De acuerdo con cifras del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, más de 2 millones de hectáreas situadas en territorios de protección ambiental son utilizadas para desarrollar actividades agropecuarias. Es el caso del Páramo de Pisba, en Boyacá, donde más de seis mil personas realizan actividades productivas en el área, quienes, con la delimitación, se quedarán sin su principal sustento. Según el último estudio realizado por la Corporación Autónoma de Boyacá [Corpoyacá] , esto afectaría la producción de carbón de Chita, Gámeza, Jericó, Mongua, Socha, Socotá, Tasco y Labranzagrande, municipios que aportan el 70 % de su extracción a la economía nacional.

Eso no quiere decir que la comunidad esté en contra de la delimitación y la conservación. Según Adriano Torres, asesor de la Federación Nacional de Productores de Carbón [Fenalcarbón] la población quiere delimitación, pero de forma participativa y gradual. “Que se haga con la comunidad y que se creen planes serios para poder darle alternativa de subsistencia a las comunidades”, expresa Torres.

 ACORRALADOS POR LAS ÁREAS PROTEGIDAS 

Por otro lado, existen casos como el de la Sierra Nevada del Cocuy, donde las comunidades han tenido que lidiar con la delimitación del páramo y la prohibición de actividades productivas dentro del Parque Nacional Natural. Ellos se encuentran literalmente  ‘acorralados por las áreas protegidas’, como lo advierte en un informe la ONG Rights and Resources Iniciative, en el que se sugiere que la delimitación ignora que las áreas se superponen con poblaciones que, por diferentes razones (desplazamiento, bonanzas productivas, falencia en el la reforma agraria, etc.), habitan las zonas.
 

Para darle solución a la problemática de tierras, hace poco el presidente Juan Manuel Santos expuso en la Feria Internacional del Medio Ambiente [FIMA] la definición de la frontera agrícola, un documento en el que se integraron el Ministerio de Ambiente y el de Agricultura. Un enorme avance que incluye una zona del 35 %  del área continental del país  para la formulación y focalización de la gestión de la política pública agropecuaria y en la que se promovería el uso eficiente del suelo rural agropecuario y el ordenamiento productivo y social de la propiedad rural.

Lo que para Carlos Herrera, especialista en planificación de áreas protegidas de WWF Colombia, podría ser el instrumento faltante para salvaguardar las áreas “si se respetara y se pusiera a conversar a todos los instrumentos de ordenamiento que hay del territorio”.

Pero Herrera recuerda que lo que realmente se debe analizar son las dinámicas socioeconómicas que están haciendo que se abran brechas como la de la deforestación. “La frontera agropecuaria muchas veces se abre respondiendo a patrones socioeconómicos que no se controlan necesariamente a través  de todas las medidas de prevención del Estado”, explica.

Dentro de los Parques Nacionales Naturales viven 93.681 personas, entre las que hay indígenas, afrocolombianos y campesinos o colonos. Esta población subsiste de las actividades productivas que realizan dentro del parque, a pesar de que el estar en un área protegida los aísle de la posibilidad de acceder a servicios básicos.

“El empoderamiento de las comunidades locales, el conocimiento de la gente sobre las áreas protegidas y la promoción de esquemas de gobernanza que incluyen las características del carácter del lugar, modelos, las formas de cada uno de los sitios, va a generar mayores posibilidades de éxito en todos los proyectos de delimitación”

— CARLOS HERRERA, especialista en planificación de áreas protegidas de WWF Colombia

En un estudio reciente realizado por la Universidad de Cambridge se concluyó que las áreas protegidas estatales son más vulnerables a la deforestación que las que están en los territorios indígenas. Y el segundo informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) lo respalda: “invertir en estos agentes de cambio —los vulnerables, los indígenas, los campesinos y las mujeres y jóvenes pobres y rurales— multiplicará el emprendimiento y el manejo sostenible de los bosques”.
 

Hay casos para tener en cuenta en los territorios campesinos agroalimentarios. Por ejemplo, el proceso de las comunidades campesinas que habitan en la zona amortiguadora del Parque Nacional el Cocuy, en Fortul?Arauca, que de acuerdo al delegado campesino de los Andes Nororientales, Jorge López, “busca empoderar a las comunidades para que definan dentro del marco de un plan de vida el ordenamiento general de su territorio”. Entre esas decisiones se encuentran acuerdos campesinos en contra de la deforestación, de la construcción de bosques de galería y otras propuestas que pretenden encontrar un equilibrio  entre la actividad de la gente y la conservación del entorno.

También está el ejercicio de la Mesa Nacional de Concertación entre Parques Nacionales y campesinos, cuyo objetivo primordial es la creación de una política pública en la que la conservación y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades puedan tener armonía. De aplicarse todas estas apuestas, podrían llegar a ser parte de la respuesta para garantizar la conservación de las áreas protegidas.

 TE PUEDE INTERESAR:  Petróleo y deforestación, las amenazas que enfrenta La Macarena