El movimiento social sigue siendo la esperanza

Los integrantes de la Asamblea Cívica por la Paz de Ituango vimos el proceso y la firma de los acuerdos con las Farc con esperanza para las luchas sociales y los procesos de defensa de los derechos humanos.

Esta coyuntura permitiría al Estado desatrasarse de las malas políticas y la falta de inversión en los territorios donde la guerra fue la mejor excusa para no llegar. Y, quizás más importante, es una oportunidad para reconstruir una sociedad basada en valores más solidarios, con acceso para todos a la justicia y con espacios de participación democráticos consolidados.

La Asamblea nació de una iniciativa institucional, a partir de la cual se elaboró una agenda enfocada en la defensa de la vida, del territorio, de la ruralidad y del campesinado como sujeto político. La mayoría de sus integrantes son líderes de la zona rural que construyen propuestas para la consolidación de lo que consideran es la verdadera paz territorial, sostenible en el tiempo y con procesos de incidencia política en los distintos escenarios locales como el Concejo Municipal y el Consejo Territorial de Planeación, principalmente.

En la construcción de estas propuestas es clave comprender los nuevos fenómenos que se están dando en el municipio, generados a partir de la desmovilización de las Farc y el abandono de vastos territorios donde ejercían control, así como una administración paralela de seguridad y justicia.

Este vacío de poder genera condiciones para la llegada de nuevos actores armados vinculados a economías marginales —narcotráfico y minería ilegal—, que se agrava por la incapacidad del Estado de no estar a la altura de incorporar las adecuaciones institucionales que le permitan copar dichos territorios y llegar por completo, con una presencia que trascienda lo militar y la visión asistencialista.

Las principales amenazas en el territorio frente a la tardía implementación de los acuerdos son la inseguridad, reflejada en desplazamientos, amenazas, homicidios, hurtos, incremento desmedido del microtráfico y extorsiones presenciados durante el 2017, sumado a la falta de garantías para la participación y la defensa de los derechos que se evidencia desde el 2016.

Además, la megaminería amenaza la permanencia en el territorio y la autonomía. Las visitas a las veredas por parte de personas desconocidas, la toma de muestras sin la autorización de los campesinos en sus fincas y el ofrecimiento económico por los predios, hace pensar que los dueños de los títulos (multinacionales y privados) están a la espera de una autorización de ingreso al territorio, y es aquí donde las comunidades deberían pronunciarse en contra e impulsar una consulta popular.

Tanto la Asamblea Cívica como las más de 100 juntas de Acción Comunal, escenarios propuestos para la implementación del Acuerdo de Paz, deberán fortalecer sus procesos locales, formas productivas propias y enganchar estas economías a cadenas de comercialización regionales. Ese es el reto.

NUBIA CIRO 
 Integrante de la Asamblea Cívica por la Paz.

Otra columna que puede interesarle:

La indispensable transformación del campo sigue embolatada

Las opiniones de los columnistas en este espacio son responsabilidad estricta de sus autores y no representan necesariamente la posición editorial de SEMANA RURAL.