Invadir para sobrevivir: la complicada realidad de los barrios informales en Florencia

A 15 minutos del centro de Florencia, en el asentamiento La Ceiba, está la casa de Aleicy Aguilar: tiene unas tablas en el frente, lona verde por los costados y techo de zinc. “Yo invadí el 11 de marzo de 2012 a las 11 de la noche”, recuerda con exactitud.

Al igual que la mayoría de las 43 mil personas que viven en barrios informales en la capital de Caquetá, Aleicy es desplazada, no tiene un trabajo formal y, mucho menos, una escritura pública que la acredite como dueña del terreno en donde está construida su vivienda.

Según cálculos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, dos de cada diez habitantes de Florencia viven en asentamientos informales.

“Yo vine y me cogí un lote por aquí atrasito de 6,50 metros de ancho por 12 de largo”, cuenta Aleicy, quien llegó hace 7 años a La Ceiba, cuando apenas era un pedazo de tierra verde en las laderas de la ciudad. Y así se fueron demarcando cada uno de los 207 lotes que existen hoy en este sector.

Las casas —parecidas a las de Aleicy— tienen energía, pero no cuentan con alcantarillado ni agua potable. Y este escenario se repite en casi todos los 55 asentamientos subnormales de Florencia

Sin embargo, los asentamientos no son un fenómeno reciente en la capital de Caquetá. Héctor Mauricio Cuéllar, personero de Florencia, cuenta que en los años 80 se dio la invasión de Las Malvinas, una de las más grandes del continente. Hoy, ya es un barrio legalmente constituido.

'PACTO POR LA NO IVASIÓN' 

Hace dos años una iniciativa de la administración municipal puso a los asentamientos —que históricamente habían crecido a espaldas de la ciudad— en el centro de la discusión pública: en febrero de 2016 representantes de las autoridades departamentales y municipales suscribieron el ‘Pacto por la No Invasión’ para evitar que estos se sigan dando. 

“Esto [los asentamientos subnormales] ha generado mucha pobreza, desorden y problemas ambientales, porque la contaminación de las fuentes hídricas que atraviesan la ciudad es evidente”, reconoce el alcalde de Florencia, Andrés Mauricio Perdomo.

Pero tal vez la razón más importante tiene que ver con que cada vez van a llegar más personas a Florencia. Y esto requiere planeación.

De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación,
Florencia —que tiene unos 180 mil habitantes— recibirá 115 mil nuevos residentes urbanos en los próximos 35 años.

“Hay proyectos ambiciosos de edificios y condominios. Pero creemos que para que siga ese crecimiento se deben controlar las invasiones”, afirma Cuéllar. Por eso, detener el crecimiento de las invasiones parece ser solamente el primer paso. La verdadera tarea de la administración municipal es organizar lo que ya está construido.

 EL PROCESO DE LEGALIZACIÓN 

Actualmente hay seiscientos predios en proceso de legalización y la meta que se fijó la administración municipal en el Plan de Desarrollo es legalizar dos mil terrenos a 2019, es decir, la mitad de los asentamientos informales. Sin embargo, este es un proceso largo, y en muchos casos, demorado.

Hasta el momento solo se ha legalizado un asentamiento subnormal en Florencia: Altos de Capri. Esta fue la primera experiencia en la ciudad y tardó 2 años en ser completada. Pero desde la alcaldía aspiran a que, en el mejor de los escenarios, estos procesos se demoren entre 8 y 18 meses.

¿Por qué no se sabe a ciencia cierta cuánto tiempo puede tardar legalizar un asentamiento subnormal? Desde la administración municipal explican que el primer paso para certificar un asentamiento es expedir las licencias urbanísticas, lo que implica concertar con la comunidad y los dueños de los predios ocupados.

Ahí empiezan los problemas: en muchos casos, los dueños piden más dinero de lo que la Alcaldía les puede ofrecer. “Eso nos está ocurriendo en el asentamiento subnormal más grande que hay hoy en el municipio, el famoso Paloquemao o Troncal del Hacha, donde hay alrededor de dos mil familias”, dice el alcade.

Luego, se debe hacer un levantamiento topográfico para definir qué partes se pueden legalizar, pero el Gobierno local afirma que tampoco cuenta con los recursos necesarios para cubrir los costos de estos estudios en todos los asentamientos. ¿La solución? Las comunidades han tenido que pagar sus propios estudios.

“De los resultados [de estos estudios] se puede definir qué partes se pueden legalizar”, explica Perdomo. Una vez tienen esta información, la alcaldía debe negociar cada predio de forma individual. El último paso es escriturar la casa o el predio de cada familia.

Todo este proceso se ve amenazado por quienes tratan de sacar provecho de la situación al comprar lotes para revenderlos a mayor precio. “En los asentamientos Acuarela y 20 de Julio hubo casos de reventa”, advierte Cuéllar.

 ZONAS DE RIESGO 

Organizar los asentamientos informales de Florencia es una tarea que no da espera. Según advierte Teresa Lozano, investigadora del PNUD, el 15 por ciento de los que viven en asentamientos están en zonas de alto riesgo.  Lozano explica que en los barrios que se encuentran en estas zonas el riesgo no es mitigable, porque están en las rondas de los ríos y en lugares empinados.

“En Florencia existe el riesgo de inundaciones y avenida torrencial. Es [un riesgo] bastante complejo, pero es manejable con obras de mitigación”.

Por eso, destaca el hecho de que la administración al menos les está prestando atención a los asentamientos, pues “lo que pasa generalmente es que deciden no mirar para allá porque son problemas complejos”.

Mientras la administración continúa organizando las invasiones, Aleicy Aguilar sigue mejorando su casa y trabajando por lograr la legalización de su barrio. Es la presidenta de la Junta de Acción Comunal, y por eso, cuando le preguntan por qué terminaron invadiendo terrenos, habla por todos sus vecinos:

“Sueño con tener mi casa digna. Si el Gobierno nos hubiera cumplido, nadie hubiera invadido predios ajenos. Pero eso se dio porque necesitábamos una vivienda y no teníamos cómo seguir pagando arriendo. Yo le dije eso al alcalde y no le quedaron palabras para responderme. ¿Sí mira? Ahí está el conflicto”.

“Queremos montar una maloca con fines turísticos”

Oswaldo es un líder uitoto que salió desplazado de su territorio en 2001, cuando era presidente de la organización que agrupa a su etnia en Caquetá, Amazonas y Putumayo. Mientras clava unas estacas de madera en la tierra cuenta que sus costumbres cambiaron desde que se vino a vivir a Florencia. “Hemos perdido la lengua materna, las danzas y la comida típica”.

Oswaldo intentó volver a su territorio hace un par de años, pero no se sintió bienvenido. Dice que en el resguardo consideran que los indígenas desplazados no deben volver porque ya tienen un pensamiento distinto. Por eso, trabaja para organizar a las 26 familias uitoto que hay en Florencia (la mayoría vive en La Ilusión). “Somos de ocho clanes distintos y eso internamente significa mucho, pero aquí somos poquitos entonces es mejor unirnos”.

“Sueño con tener una casa muy bonita”

Hace cuatro años Olga se mudó a Florencia con su esposo y sus tres hijos. Antes, vivían en la finca de sus papás cerca de Belén de los Andaquíes, pero tuvieron que salir de allá porque su esposo tuvo problemas con la guerrilla. Cuando llegaron a la ciudad hicieron un pequeño préstamo y compraron una casa de tablas en La Ilusión. “Todos nos decían que era riesgoso y que no había posibilidades de quedarse porque es un terreno ilegal”, cuenta Olga. Pero hoy se siente tranquila y dice que ha sido testigo de cómo el barrio se ha ido organizando poco a poco.

Olga trabaja como mototaxista, estilista y promotora de una red de mercadeo de productos de nutrición. “Quisiera que toda mi comunidad se diera cuenta de que la pobreza solo la tenemos en la mente”, dice.

“El objetivo es lograr la legalización”

Jaman vive desde hace 7 años en La Ceiba –otro barrio de invasión dentro de La Ciudadela– en un lote que compró por 600.000 pesos. “Llegamos a este asentamiento porque vivíamos pagando arriendo y para nosotros, que vivíamos del jornalito, era duro”, explica. Nació en Montañita, pero tuvo que irse por miedo a la guerrilla.

Hoy Jaman trabaja en una empresa de aseo y, en sus ratos libres, colabora con la Junta de Acción Comunal del sector. Cuenta que en 2015 hicieron un censo y comprobaron que en la mayoría de los 207 lotes del sector viven familias desplazadas y madres cabezas de hogar. “Las demás son personas vulnerables. Aquí no hay ricos”. Todos aportaron dinero para pagar un estudio topográfico: el primero paso para que la Alcaldía legalice el asentamiento. “Para el día de mañana poder decir que este terreno es de nosotros”.

“No me siento discriminada”

Kelly tenía 15 años cuando decidió unirse al Bloque sur de las Farc. “Donde yo vivía la guerrilla era muy normal; eran como ver a un soldado o un policía”, recuerda. Pero estando adentro descubrió que ese estilo de vida implicaba grandes sacrificios como no poder criar a sus hijos. Por eso, cuando quedó embarazada de su segundo hijo decidió irse. Así terminó en Florencia.

“A mi mamá y a mí nos dijeron que había una invasión y nos vinimos. En ese momento acá [La Ilusión] no había nada. Era monte”. Para Kelly esos primeros días fueron muy duros, pero afirma que en la vida “todo es aprendizaje”. Hoy está terminando una carrera técnica de electricidad y hace cursos básicos de belleza. Dice que se lleva bien con sus vecinos, y que está concentrada en sacar adelante a sus hijos.

“Quiero que mis hijos salgan adelante”

Lida Patricia es una madre soltera de 25 años que vive con sus dos hijos pequeños en una de las calles más alejadas del barrio La Ilusión. Su casa queda el punto más bajo de una vía destapada que parece más una trocha que la calle de un barrio de Florencia. Cuando llueve, el agua baja con fuerza por ambos lados. “Mi casa atrás no tiene pared. Tiene una lona. Entonces abro la puerta y dejo que el agua pase derecho”, confiesa.

Lida está desempleada desde hace 5 meses, pero vende morcillas y tamales para reunir los 52.000 pesos mensuales que necesita para pagar los servicios. Lo que le sobra, lo usa para comprar comida. Para el resto, cuenta la ayuda de sus vecinos. “Gracias a Dios acá la gente es muy unida. Vengan de donde vengan”.

“Hemos tenido amenazas de desalojo”

La sala de la casa de María Leiver, en La Ilusión, es un espacio abierto con una mesa larga al lado de la ventana y un sofá frente a un escritorio en un rincón. Es el escenario perfecto para organizar reuniones y jornadas de trabajo en grupo. María Leiver es la presidenta de la Junta de Acción Comunal que congrega a 85 familias de su sector, y además es coordinadora de la mesa de víctimas municipal de Florencia.

En 2008, tuvo que huir de su tierra, pero esta experiencia le sirvió para entender mejor a sus vecinos –la mayoría son víctimas y personas en proceso de reintegración- y liderar procesos en nombre de su comunidad. “Estamos todos en comunidad viviendo muy bien”, asegura. Al mirar por su ventana, dice que espera que no continúen los desalojos en el sector.

 Texto:  Carolina Arteta Caballero (@carolinarteta)

 Fotos y reportería:  José Puentes Ramos (@josedapuentes)