noviembre 10 de 2017

OPINIÓN | ¿Por qué hablar de la Cartagena rural?

Por: Irina Junieles

En los últimos años hablar de ‘dos Cartagenas’ se ha vuelto casi un lugar común. Analistas, periodistas o líderes de opinión nacionales o locales han escrito y debatido sobre una Cartagena con su centro histórico patrimonio de la humanidad y sus sectores productivos modernos, y la otra Cartagena, con la mayoría de sus habitantes viviendo en la pobreza o la indigencia.

Recientemente también lo hizo la revista Semana, con el artículo Cartagena, entre el infierno y el Paraíso, que mostró la paradoja del buen momento que vive su economía, frente a la precariedad de sus indicadores sociales y su profunda crisis política. 

En medio de esas ‘dos ciudades’, está otra más oculta: la Cartagena rural. Una Cartagena compuesta por 25 corregimientos y veredas en zona continental e insular que ocupa el 91.1% del área total; 551 kilómetros cuadrados, con habitantes en situación de vulnerabilidad. De acuerdo con datos proyectados del DANE a 2017, se trata de 40.000 habitantes, sin embargo los datos de población en el SISBEN apuntan a 70.000.

Los investigadores Aarón Espinosa y Jorge Alvis compilaron hace cuatro años un documento de quinientas páginas en las que se estudiaron  las condiciones de vida de doce de estas poblaciones rurales. El libro Pobreza rural y desarrollo humano en Cartagena de Indias destaca las disparidades sociales y económicas rurales frente a las urbanas y la poca atención que históricamente han recibido del gobierno distrital.

Según este estudio, en la zona rural “la pobreza extrema cuadriplica los registros de la cabecera urbana, las oportunidades de trabajo son inferiores en 30 por ciento, y la incidencia del embarazo juvenil es 70 por ciento más elevada en la población adolescente”.

Por su parte, el proyecto Cartagena Cómo Vamos, que monitorea los indicadores de calidad de vida de la ciudad, muestra que en 2016 la cobertura de servicios públicos esenciales como agua potable y alcantarillado en la zona rural solo alcanzaba el 4 por ciento y 6 por ciento, respectivamente.

En educación, la situación es para sentarse llorar: en las pruebas Saber 3, el 77 por ciento de los estudiantes de colegios públicos obtuvo el puntaje insuficiente o mínimo en el área de Lenguaje y 73 por ciento para matemáticas. En el caso de las pruebas Saber 9, el 92 por ciento tuvo un desempeño insuficiente o mínimo en lenguaje y un 89 por ciento Matemáticas.

Todo esto ocurre en la misma zona rural en la que se desarrollan proyectos que posicionan a la ciudad en el turismo internacional, y la expansión inmobiliaria, comercial, industrial y portuaria. No conocemos estudios que nos permitan establecer sus impactos en la sostenibilidad de las actividades económicas que existían antes de la llegada de estas transformaciones, sin embargo, pareciera que son las comunidades las que ha tenido que enfrentar y sufrir dicho impacto. Cabría preguntarse por las consecuencias para los habitantes rurales de este modelo de desarrollo que se instaló en su territorio sin nadie les preguntara.

¿Qué tanto ha significado la transformación de la vocación productiva de esos territorios, dedicados a la producción agropecuaria o pesquera?, ¿qué tanto la poca capacidad de absorción de esas industrias, ha terminado relegando a los habitantes a oficios informales como el mototaxismo, o la venta de artesanías, que hoy los pone en mayor condición de vulnerabilidad? En esos escenarios de la Cartagena rural hay fuertes transformaciones culturales de las que vale la pena hablar.

Es hora de que el discurso y las acciones para reducir brechas sociales y económicas incluyan a esa Cartagena de la que nadie se ocupa. Es urgente exigir el cumplimiento de la responsabilidad del Estado de garantizar el acceso a educación, salud, vivienda y servicios básicos. El Distrito debe fijar un ruta de desarrollo rural construida con estas poblaciones.

Por otra parte, al mismo tiempo, es necesario llamar la atención sobre el compromiso del sector empresarial con el desarrollo de las comunidades rurales que los han recibido. Estos grupos de interés deberían abrirse a discutir su responsabilidad frente al impacto de las transformaciones en la vida cultural, social, económica y organizativa de estas personas.

No estamos hablando del altruismo de la responsabilidad social empresarial, muy importante pero insignificante frente a la magnitud de los problemas que hemos narrado, sino de la necesidad de afrontar el impacto de las acciones de las empresas en los derechos de la población rural, y del deber de no seguir contribuyendo a la vulneración de los Derechos Humanos.

Hablamos de la urgencia ética de considerar esa huella para tomar medidas de prevención y/o de reparación tangibles frente a las afectaciones que puedan estar ocurriendo, de acuerdo a esa responsabilidad. Está claro que el auge económico de la ciudad va por un lado y su desarrollo humano por otro.

 

POR: IRINA JUNIELES

Nacida Cartagena. Abogada de la Universidad de Cartagena. Especialista en Ética y Filosofía Política, y Derecho Administrativo. Master en Teoría crítica del derecho y la democracia de la Universidad Internacional de Andalucía. Se ha desempeñado como asesora de la Unidad para las Víctimas en Bolívar, y Defensora Regional del Pueblo Regional Bolívar. Durante más de 13 años ha sido docente universitaria. Actualmente es Investigadora de Dejusticia, encargada del área de Regionalización, y trabaja temas relacionados con justicia transicional e implementación del Acuerdo de Paz.

 

Las opiniones de los columnistas en este espacio son responsabilidad estricta de sus autores y no representan necesariamente la posición editorial de SEMANA RURAL.

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