Entre el Ejército y los grupos armados: la encrucijada de los cocaleros en Ituango

A comienzos de abril de este año, más de 200 campesinos llegaron hasta la cabecera municipal de Ituango, en el norte de Antioquia, para protestar contra la erradicación forzosa de cultivos ilícitos en las veredas del corregimiento El Aro. Para ellos, el Estado les incumplió porque, a pesar de que el año pasado empezaron el proceso para la sustitución voluntaria, el Ejército entró a erradicar los cultivos de coca en sus tierras. 

En su mayoría, los campesinos provenían de los corregimientos El Aro, La Granja y Santa Rita. Las comunidades de estos dos últimos lugares se solidarizaron con sus compañeros. A su llegada al casco urbano del municipio, armaron camas improvisadas en el coliseo para poder dormir. A medida que la protesta se intensificó, decidieron bloquear las vías que conducen a las zonas rurales y a Medellín.

“Hace 15 días el Ejército empezó a erradicar en las veredas de La Rica y El Torrente, en El Aro. Nosotros nos plantamos en los tajos para evitar que ellos arrancaran forzosamente la coca y así aguantamos una semana”, dijo Marcos Suárez,  uno de los líderes de la manifestación. Lo mismo sostuvieron otros campesinos quienes aseguran haber detenido temporalmente el avance de los uniformados en sus fincas.

"El Ejército nos dijo que ellos paraban la erradicación hasta el domingo 8 de abril si nosotros nos veníamos para Ituango para que el Coronel y el Alcalde nos solucionaran este problema”, explicó Suárez, y añadió que al llegar a la cabecera del municipio descubrieron que el Ejército había continuado su erradicación, esta vez sin ninguna resistencia.

 UN PROCESO ACCIDENTADO 

La protesta de los campesinos ituanguinos se presentó varios meses después de que se presentaran inconvenientes en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). 

En mayo del año pasado, se realizó la primera socialización del programa en el corregimiento Santa Rita. Luego, entre septiembre y noviembre, los representantes de 50 de las 55 veredas de Ituango en donde hay cultivos ilícitos firmaron un acuerdo colectivo. En ese entonces, la vereda Sevilla fue la única comunidad del corregimiento El Aro –en donde comenzaron los enfrentamientos entre la comunidad y el Ejército– que decidió no aceptar este compromiso.

El siguiente paso del proceso consistía en que cada familia manifestara que se acogía al programa mediante una preinscripción. Sin embargo, solo 10% de las familias del corregimiento diligenciaron los documentos necesarios para cumplir con este requisito.

¿La razón? Los campesinos de El Aro dijeron que no tenían las garantías de seguridad necesarias para hacer las preinscripciones en las veredas. En esta zona se ha registrado la presencia del Clan del Golfo, la disidencia del frente 36 de las Farc y la banda criminal Pachelly, la zozobra que genera el accionar de estos grupos ha intimidado incluso a los líderes a la hora de completar este paso.

Por eso, le solicitaron al Gobierno central llegar hasta allí, socializar el plan y hacer directamente estas preinscripciones. Quienes sí entregaron los documentos aseguran no saben cuándo llegará el primer pago para empezar la erradicación voluntaria.

Mientras tanto, el Ejército siguió adelante con el proceso de erradicación forzosa, inclusive en algunas veredas en donde firmaron el acuerdo colectivo. Desde la institución, responden que esto se debe a que las veredas de Organi Bajo, Sevilla y La Rica, en El Aro, no se acogieron al programa de sustitución y reportan cultivos ilícitos industriales (superiores a 1.5 hectáreas), mientras que el PNIS está enfocado al pequeño productor de hoja de coca.

“El Ejército Nacional está actuando acorde a la Constitución y con absoluto apego a la ley en relación a la erradicación de cultivos de uso ilícito en el área general del municipio”, resaltó el comunicado del Comando de la Séptima División del Ejército Nacional, el pasado 7 de abril.

Sin embargo, Marcos Suárez asegura que “el gobierno no ha entrado a medir si realmente hay grandes extensiones de coca y cuánto tiene cada familia para ver quién realmente es grande o pequeño productor”. 

Hernán Álvarez, alcalde de Ituango, asegura que la administración municipal ha actuado de forma pertinente al optar por las vías del diálogo. Durante dos días intentó mediar entre los campesinos y Gobierno Nacional, y logró frenar la erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito en las veredas del municipio hasta el lunes 9 de abril, un compromiso asumido por el propio Ministerio de Defensa.  

 UNA SOLUCIÓN TEMPORAL 

La manifestación terminó con la expansión del plazo para cumplir con el proceso exigido por el PNIS: los campesinos cocaleros, en especial los de El Aro, tienen tiempo hasta el próximo 24 de abril para preinscribirse a la sustitución voluntaria y así evitar que el Ejército proceda a erradicar forzosamente sus cultivos. Este fue uno de los puntos acordados en la reunión del 9 de abril, en el casco urbano del municipio con representantes del PNIS.

“El 24 de abril quedan cerradas las preinscripciones en Ituango, a partir de ese momento el gobierno envía los listados a Planeación Nacional y todo aquel que no se haya preinscrito será objeto de erradicación forzada”, quedó registrado en el acta del encuentro.

Con este panorama, los campesinos de Ituango deberán completar el listado de familias preinscritas, pese a la presencia de los grupos armados interesados en que no se erradiquen los cultivos de coca. Confían en el cumplimiento del programa por parte del Gobierno nacional, porque es su única salida. Su confianza es poca, pero esperan que su situación mejore por fin. Lo que quieren, al final, es que el Estado les dé garantías para poder vivir de su tierra.