Líderes de la sustitución: arriesgar la vida por dejar la coca

El pasado 23 de agosto encontraron muerto a Jefferson Arévalo en una carretera de la vereda El Danubio de Puerto Rico, en el Meta. A este campesino lo raptaron junto a su esposa la noche del 21 de agosto en su finca, ubicada en la misma vereda donde lo hallaron sin vida. Su pareja apareció fuertemente golpeada y aún se recupera de la agresión. Este crimen pudo pasar desapercibido, pero los medios locales lo registraron como el asesinato de otro líder social en el país.

Lo cierto es que Arévalo no era líder social, aunque estaba involucrado en el trabajo con comunidades campesinas de El Danubio y a la sustitución de cultivos de uso ilícito en Puerto Rico, un municipio que décadas atrás vivía de la hoja de coca y que hoy trata de reactivar su economía por medio de la agricultura. “Jefferson nos ayudaba con las actividades del pueblito (la cabecera de la vereda). Era de los que siempre se metía para echarnos una mano. Y como muchos acá, estaba en la sustitución”, contó una de sus vecinas y agrega que este campesino no recibió amenazas directas.

Arévalo era hijo de una sobreviviente del genocidio de la Unión Patriótica. © ARCHIVO FAMILIAR 

El Danubio es una de las veredas de Puerto Rico donde se adelanta el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos —PNIS—, creado en el acuerdo final de paz entre el gobierno y las Farc. El programa plantea un paquete de subsidios y la puesta en marcha de proyectos productivos para que los campesinos dedicados a los cultivos ilícitos los reemplacen por agricultura, ganadería pasiva o turismo comunitario. Arévalo era uno de los beneficiados con el PNIS.

Pero antes de finalizar el primer semestre de este año, a El Danubio llegaron amenazas contra los campesinos o quienes en la zona estuviesen quitando las matas de coca de sus fincas. Fue por medio de una carta firmada por grupos armados. “La gente se asustó con el mensaje, pero hasta que mataron a Jefferson se sintió un temor por la vida de quienes andamos en la sustitución”, dijo un líder campesino vinculado al PNIS y a organizaciones de familias cocaleras que trabajó con Arévalo. Él prefirió no dar su nombre por protección.

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Entre el primero de enero de 2017 y el 26 de junio de 2018 fueron asesinados 36 miembros de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), organización que agrupa a campesinos dedicados a esta actividad en todo el país y que hoy se encuentran vinculados a la sustitución voluntaria. De estos crímenes, 31 ocurrieron después del 11 de mayo de 2017, la fecha en que empezó el PNIS.

31 cultivadores de ilícitos fueron asesinatos entre el inicio del PNIS (11 de mayo de 2017) hasta el 26 de junio de este año

Según la COCCAM.

Medidas que no avanzan

El gobierno anterior convocó a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad en julio pasado para tomar una serie de medidas frente al aumento de asesinatos de líderes sociales. De esa reunión salieron mandatos como el diseño de un sistema de protección encabezado por la Presidencia y donde participan la Fiscalía, el Ministerio de Defensa, la Unidad Nacional de Protección, la Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones.

Por su parte, el presidente Iván Duque presentó a finales de agosto el Pacto por la vida, una política pública para garantizar seguridad a los líderes sociales del país. Fue firmado la Presidencia, la vicefiscal general María Paulina Riveros y el defensor Carlos Negret. Sin embargo, en el análisis de la organización Somos Defensores, estas medidas van a paso lento.

“Una de las medidas que salió de la Comisión Nacional de Garantías, la más importante, fue la sinergia de todas las instituciones involucradas para proteger a quienes lideran los programas territoriales del posconflicto, como la sustitución de cultivos ilícitos o los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETS). Pero esta es la hora en que Fiscalía, Defensoría y el ejecutivo no han reunido esfuerzos para trabajar en la prevención de los asesinatos y en el esclarecimiento de los crímenes”, comenta Diana Sánchez, coordinadora de Somos Defensores.

Esa falta de coordinación del Estado para brindar seguridad a los líderes o campesinos vinculados a la sustitución y evitar la impunidad en los delitos contra ellos se refleja en el crimen de Jefferson Arévalo, pues aún las autoridades del Meta están tras la pista de los hombres encapuchados que lo raptaron junto a su pareja la noche del 21 de agosto. Dos meses despúes del asesinato, la respuesta de la fuerza pública para su familia es que no hay más información de los autores.

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El caso de Arévalo se suma a otros que ocurrieron luego de las medidas adoptadas por los gobiernos Santos y Duque. Alfredo Alonso Ruiz y Julián Areiza, líderes del PNIS en Tarazá y Briceño (Antioquia), respectivamente, fueron asesinados en agosto; Hover Orrego y Edixon Panch, erradicadores vinculados al programa en El Dovio (Valle del Cauca), murieron en septiembre; a Jaime Rivera, quien lideraba la sustitución en Bolívar (Cauca), lo asesinaron en octubre; y el caso más reciente: la desaparición y luego muerte de María Caicedo, integrante de la Coccam en Argelía (Cauca), a finales de octubre. Los campesinos quieren erradicar, pero no se les dan garantías de seguridad para ese ejercicio.

“Fiscalía, Defensoría y el ejecutivo no han reunido esfuerzos para trabajar en la prevención de los asesinatos y en el esclarecimiento de los crímenes”

Diana Sánchez, coordinadora de Somos Defensores.

POR: José Puentes Ramos | Editor regional
 @josedapuentes