Los desafíos de la paz a los que se enfrentará Duque

Mientras el país político ha limitado la implementación de los acuerdos de paz al futuro de Jesús Santrich o al manejo de los dineros del Fondo Colombia en Paz, en decenas de municipios colombianos la preocupación es distinta y está más relacionada con la cruda realidad que día a día enfrentan los habitantes rurales. Estas problemáticas tienen una ruta de solución que, en teoría, jalonan los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos y el proceso de reincorporación de los excombatientes de las Farc, por solo mencionar tres de los principales programas gubernamentales. El desenlace de estos tres temas afecta directamente el futuro de los 11 millones de personas que se estima viven en el campo colombiano.

En abril, el alcalde del municipio de Uribe (Meta), Jaime Pacheco, le escribió una carta al Alto Comisionado para la Paz en la que afirma que después de dos décadas Mesetas, Macarena, Vista Hermosa, San Vicente del Caguán y su municipio siguen viviendo el estigma de haber formado parte de la llamada zona de distención que sirvió de escenario a los fracasados diálogos de las Farc con Pastrana de 1998 a 2002 y, lo peor, la inversión no ha llegado.  También dice que a pesar de que su población no maneja un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (antes conocidos como zonas veredales) hay al menos 380 excombatientes en Uribe. Por eso, en su carta está pidiendo el gobierno nacional salde la deuda que tiene con estas poblaciones y acelere la presencia institucional a esta región del país que abarca buena parte de los departamentos del Meta y del Caquetá.

Las palabras del alcalde Jaime Pacheco resumen las preocupaciones que se escuchan en varias partes de Colombia, sobre todo en la ruralidad dispersa que aún no le conoce la cara al Estado, más allá de la Fuerza Pública.
 

SEMANA RURAL hizo reportería en tres subregiones del país para ver qué está sucediendo con el campo colombiano frente a las promesas hechas en el acuerdo de paz. Sueños y esperanzas que el actual gobierno está en una carrera contrarreloj por materializar, pues el 7 de agosto asume el nuevo Presidente.

José Carlos González, el funcionario de la ART que gerencia el PDET de esta región, reconoce estos problemas y los atribuye a “la dificultad de poner en marcha toda una arquitectura institucional, sumado a los temas presupuestales y a las limitaciones para contratar, pues la construcción de los PDET coincidió con la Ley de Garantías”.

Como la metodología plantea ir subiendo el nivel de las consultas y de los acuerdos, las comunidades no tienen claro qué pasará con sus consensos cuando en otras fases se involucren a otros actores como empresarios, sector público y organizaciones sociales.

Desde ya, Jairo Barreto y otros líderes de su región tienen claro el tema que generará más choques: la distribución y el uso de la tierra. “En Marialabaja, por ejemplo, va a ser muy difícil cuando nosotros hablemos de reactivación económica con especies nativas y los empresarios que se sienten ahí sigan defendiendo la palma”, explica.

“Lo que se acordó en La Habana se ha venido cumpliendo, con algunos inconvenientes; pero estamos construyendo paz”.

Por su parte, Carmen Inés Cruz, gerente del PDET en el sur del Tolima, reconoce que hay atrasos en algunos proyectos productivos, pero explica que esto se debe a que los predios del ETCR son arrendados. “Eso se está tratando de solucionar”, dice Cruz, quien agrega que los excombatientes son miembros de la sociedad civil que tienen derecho a participar en la vida de sus comunidades.

Sin embargo, Donald Ferreira, excomandante de la zona, insiste en señalar los atrasos en el cumplimiento del proceso de reincorporación, algo que se ha escuchado en distintas regiones del país. Ferreira espera que el nuevo gobierno continúe con el trabajo realizado hasta ahora, pues de esto depende el futuro, “no solo de los guerrilleros, sino también de todos los campesinos”.

“Nos comprometimos a erradicar las maticas en 45 días, contando desde el día en que firmamos el acuerdo. Luego, a los 60 días, nos harían el primer desembolso por 2 millones de pesos. Pero el cumplimiento falló porque hubo gente a la que no le pagaron. En algunas veredas hay dos, tres y hasta 10 familias que no recibieron plata”, contó Daniel Contreras, presidente de la Junta de Acción Comunal de San Isidro (un sector del Duda), quien se vinculó al PNIS.

Algo similar ocurrió en Puerto Rico, otro municipio del sur del Meta. Allí se presentaron demoras en el primer pago de los estímulos acordados. De acuerdo con un líder comunitario, de las 911 familias que recibirían ese dinero, 840 tuvieron problemas, pues sus documentos presentaban inconsistencias o errores en los datos. Esto provocó el retraso. Aunque esto ya se resolvió –a finales de mayo comenzó el segundo pago de los subsidios–, los campesinos continúan preocupados pues los proyectos productivos prometidos por el Gobierno no han empezado.

“(Los proyectos) están en el limbo porque ni siquiera ha llegado la entidad que se encargará de eso. Ni siquiera se ha organizado la asamblea en donde decidimos cuál proyecto productivo queremos. Nos quedan unos ocho meses para terminar el programa y estamos crudos, porque hay cultivos que se demoran un año o dos años para dar”, comentó Fabián Delgado Calvo, delegado para Puerto Rico de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam).