Los pescadores ilegales están acabando con los mares colombianos

diciembre 26 de 2017

Hasta la primera semana de diciembre de 2017 fueron retenidas 27 embarcaciones que pescaban sin permiso en área nacional. Este lucrativo ilícito mueve más de 23.000 millones de dólares anuales en el mundo..

Los pescadores ilegales están acabando con los mares colombianos

| Unos pescadores artesanales en las aguas de Buenaventura (Valle del Cauca) ven pasar un barco de carga con dirección al puerto. | Por: Cortesía El País (Cali)


Por: SEMANA RURAL
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Numerosas embarcaciones pesqueras están ingresando ilegalmente a las aguas colombianas para extraer algunas de las ricas especies que habitan en los mares Pacífico y Caribe, y lo que es más grave: están desplazando del oficio y del sustento a los pescadores artesanales que viven en ambos litorales. En el Caribe, por ejemplo, los piratas están detrás de la apetecida langosta espinosa o del caracol pala, mientras que en el Pacífico buscan el pez dorado y el tiburón.

Lo increíble es que en tiempos en los que los pescadores cada vez pueden salir costas afuera a sus faenas con mayor tranquilidad, lo que consiguen parece no asegurarles su futuro. En una noche de pesca se podía conseguir entre 500.000 y un millón de pesos a bordo de una embarcación pequeña o mediana. “Hoy no se hace ni para el combustible de la lancha”, advierte con nostalgia Rubén Darío Cortés, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de Tumaco.

La situación es compleja, si se tiene en cuenta que en Colombia hay unos 40.000 pescadores pequeños, 19.000 de ellos que viven en la costa Caribe y 21.000 en la Pacífica según estiman expertos en un informe sobre pesca ilegal de la organización MarViva.

 

smiley | En Colombia hay 40.000 pescadores pequeños según la organización MarViva. 19.000 viven en el Caribe y 21.000 en el Pacífico. Foto: Fabio Augusto Gallo.

 

Flotas ilegales que proceden principalmente de Centroamérica (Nicaragua) o de Ecuador y Perú pescan, sin permiso, dentro del mar colombiano, llevándose esta riqueza natural. Y, de un tiempo para acá, se les han sumado barcos con bandera China, como las que se han visto ondear cerca a la isla de Malpelo. En países asiáticos, la sopa de aleta de tiburón se puede vender hasta en 150 dólares y está asociado al estatus económico, por lo que grandes embarcaciones corren riesgos al adentrarse en aguas de varios países suramericanos para llevarse este apetecido botín.

De acuerdo con la Dian, hasta la primera semana de dicimebre de 2017 fueron retenidas 27 embarcaciones. También se decomisaron 121,4 toneladas de pescado introducido ilegalmente al país, el cual es donado o destruido dependiendo de si es apto para el consumo, ya que se trata de un alimento altamente perecedero. En el mundo se estima que la mitad de los productos extraídos del mar provienen de ilegales, según datos de la FAO, lo que genera pérdidas económicas por 23.000 millones de dólares anuales.

 

 

La pesca ilegal también ha funcionado como cortina de humo para otros delitos como el tráfico de drogas, pues las embarcaciones salen hasta los límites marinos para entregar o intercambiar cocaína con buques en alta mar que continúan la ruta ilícita. Por ejemplo, barcos colombianos reciben pescado para ocultar el cargamento de drogas, ya que en caso de ser sorprendidos, fingen ser pescadores ilegales y no traficantes de droga, lo que en últimas les genera una pena muy inferior.

 


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Para enfrentar esta situación, en 2015 la Fiscalía, la Dirección General Marítima (Dimar), Guardacostas y la Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca (Aunap) expidieron una circular conjunta para conformar una mesa nacional contra la pesca ilícita y empezar a trabajar en acciones integrales para enfrentar este flagelo. Asimismo, el Congreso de la República emitió el 19 de julio pasado la Ley 1851 que busca darles a las autoridades ‘dientes’ para encarar a estos piratas. Por ejemplo, se fijó que en estos casos las 36 horas de detención se cuenten una vez el delincuente pise tierra firme y no en altamar, pues a muchos pescadores piratas eran dejados en libertad al llegar al puerto por las largas distancias entre el punto de retención y el puerto más cercano.

 

Esta ley nos da competencias adicionales que las autoridades, la Dimar y Guardacostas no tenían antes. Por ejemplo, los aparejos que se usaron para la pesca ilegal ahora se pueden donar y no terminar en cuartos durante años a la espera de que su suerte se resuelva un largo proceso administrativo”.

- Diego Triana, asesor jurídico de la Aunap -

 

smiley | Antes, en una noche de pesca se podía conseguir entre 500.000 y un millón de pesos a bordo de una embarcación pequeña o mediana. Fotos: Valentina Villegas.

 

De esta manera, cuando la Dimar, entidad que entre sus funciones está monitorear la actividad marítima en territorio colombiano, encuentra alguna actividad sospechosa, informa a los Guardacostas, quienes, al detectar un caso de pesca ilegal, lo comunican a las autoridades competentes: la Dian, la Fiscalía, Migración Colombia y hasta el Bienestar Familiar, si en el hecho se involucran menores de edad. Así, en conjunto, se coordina el proceso a seguir dependiendo del caso. 

El enfoque regional también es clave para mejorar la situación de pescadores que representa Rubén Darío Cortés, ya que el tipo de pesca y conflictos no suelen ser los mismos en el Pacífico y en el Caribe. “Se ha dejado de pensar en tener solamente una mesa nacional de pesca y se han instalado regionalmente en Cartagena, Buenaventura y próximamente en San Andrés”, comenta Triana.

Ahora, el reto consiste en difundir los nuevos instrumentos para que exista una efectiva coordinación entre las entidades. De esta forma se espera que las nuevas acciones del Gobierno se conviertan en soluciones eficientes para salvaguardar la pesca ilegal a los pescadores artesanales y comerciales, pero también, proteger de amenazas internacionales las especies marítimas y el medioambiente colombiano.

 


 

 27 barcos 

retenidos (hasta la primera semana de diciembre - 2017)

 121,4 toneladas 

de pescado introducido ilegalmente


 

 ¿QUÉ ES LA PESCA ILEGAL? 

 

Cuando se pesca sin los permisos que deben ser tramitados ante la Aunap. También se considera ilegal cuando esta actividad se desarrolla en áreas en las que está prohibido o cuando se captura una especie de la que no se tiene autorización.

La pena para la actividad ilícita de pesca va de 4 a 8 años de prisión, mientras que en materia administrativa existen sanciones que van desde una conminación por escrito (es decir, un llamado de atención), pasando por multas, hasta retiro de patentes de pesca y embarcaciones. El dinero a pagar llega a los 700.000 dólares, pero si se trata de una embarcación extranjera tanto la sanción penal como la administrativa pueden aumentar.


 

 UNA HISTORIA DESDE ALTAMAR 

 

Rubén Darío Cortés, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de Tumaco, advierte que además de la situación de inseguridad que tienen que afrontar por los continuos robos de bandas delincuenciales, también les toca competir con grandes pesqueros que vienen de otros países en esta zona del Pacífico colombiano.

“Cuando nosotros salimos a faenar sufrimos atracos, nos quitan los motores fuera de borda. Muchos han perdido la vida porque además de que nos roban, nos agreden. Y, ahora, para completar, esos barcos gigantes nos roban el sustento”. Cortés se refiere precisamente al arribo, desde de hace varios años, de barcos que él llama ?industriales’ de alto calaje, “que arrasan con todo en el mar, se llevan las crías de peces y nos dejan a los pescadores artesanales sin nada para nuestro sustento”.

 


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El líder de la asociación lamentó que las autoridades no ejerzan un verdadero control y que las aguas colombianas sean utilizadas especialmente por naves pesqueras de Ecuador y Perú, sin que nadie haga nada. “Es muy triste porque aquí llegan barcos piratas de toda parte. Como uno es pescador artesanal pues no sale muchas millas afuera, pero eso se ve en las noches, mar adentro. Le cuento que eso se ve como ciudades y se sabe que no son colombianos. El problema es que esos tipos acaban con la fauna, succionan las crías y luego las botan. Lo peor es que no hay ninguna vigilancia de las autoridades”, se lamenta Cortés.

La situación se ha tornado tan crítica que especies que hace tan solo unos años se conseguían en cantidades y que le servían los pescadores tumaqueños para vender y también para su propio sustento, ya no se consiguen.

 

Uno acá encontraba camotillo o el legro, que se pescaba en las orillas. Eso ya no se volvió a ver y es culpa de ellos (pesquero ilegales). Por ejemplo, la pelada ya solo se consigue cuando esos industriales no llegan o se cansaron y dejan una manchita, como le decimos nosotros. A uno como pescador artesanal le toca rebuscarse mucho porque ellos no dejan nada”.

- Rubén Darío Cortés, pescador -

 

smiley | “El problema es que esos tipos acaban con la fauna, succionan las crías y luego las botan”, Rubén Darío Cortés. Foto: Aymer Ándrés Álvarez.


 

 LO QUE DICE LA LEY 1851 


- Da un plazo de dos años a los pescadores artesanales marítimos para que se formalicen ante la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap).

- Establece que los productos pesqueros no reglamentados serán objeto de destrucción, mientras los reglamentados pueden ser donados a entidades públicas o federaciones de pescadores artesanales.

- La nave, embarcación o artefacto naval retenido es puesto a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), por parte de la autoridad que adelanta la intervención.

 

 ESCRITO POR:  Bibiana Mercado, editora general SEMANA RURAL (@BibianaMercado) - Oswaldo Beltrán.

 COLABORARON:  Gerardo Quintero, editor nacional SEMANA RURAL (@Gerardoquinte) - Antonio Paz, editor SEMANA SOSTENIBLE (@antoniopazc) - Valentina Villegas.

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Semana Rural. Un producto de Proyectos Semana S.A. financiado con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a través del programa de Alianzas para la Reconciliación operado en Colombia por ACDI/VOCA. Los contenidos son responsabilidad de Proyectos Semana S.A. y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos.