Petróleo y deforestación, las amenazas que enfrenta La Macarena

Una zona de gran importancia científica y medioambiental. Así definen varios expertos al Área de Manejo Especial de La Macarena (AMEM), conformada por 16 municipios del Meta y tres del Guaviare. Esta zona tiene una extensión de 3.891.790 hectáreas y abarca los parques nacionales naturales sierra de La Macarena, Tinigua, Sumapaz y cordillera de Los Picachos.

Antes de su creación, a finales de los años ochenta, algunos informes científicos ya sugerían salvaguardar esta extensa área, pues se trata de un corredor biológico vital por donde transitan las especies animales de la Orinoquia, el Amazonas y los Andes. “Es una región de gran valor para el planeta”, comenta Nelson Vivas, ambientalista y miembro de la Mesa Hídrica Ambiental del Piedemonte Llanero.

“Recordemos que los Llanos Orientales eran un gran océano primitivo en el pasado. La vida que alberga ni siquiera ha empezado su etapa de propagación”, explica Vivas, quien sostiene que este territorio es un valioso banco genético.

Jorge Astwood Romero, biólogo y profesor de la Universidad de los Llanos, señala que solo el municipio de La Macarena, integrante del AMEM, tiene un potencial ambiental cercano al del Amazonas y el Chocó. “Esto se debe a su ubicación y las características biogeográficas y bioclimáticas que tiene. Lo que se encuentra en este sitio no se ve en otra parte del mundo”. Sus ríos, cascadas y quebradas hacen de este territorio un lugar aún más digno de ser atesorado, pues buena parte de la riqueza hídrica de los Llanos viene de allí.
 

Sin embargo, esta área protegida apenas está siendo investigada en detalle por universidades e instituciones científicas. La presencia de los grupos armados en varios municipios de la región impidió su exploración. “Incluso hubo una estación biológica estuvo dentro de la selva por muchos años, cerca del municipio de La Macarena. Posteriormente, por cuestiones de la guerra, se suspendió”, indica Jhon Faber Ramos, coordinador del Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena.

Ahora que en los pueblos que conforman el AMEM ha disminuido el conflicto armado, aumentó el interés de sus habitantes por proteger los recursos naturales. “El área provee agua de calidad y tiene biodiversidad. Lamentablemente, en el afán de enriquecerse, muchas personas están deteriorando sus características”, indica el ambientalista Juan David Villa.

 LAS AMENAZAS 

El aumento de la deforestación —motivada por la ampliación de la frontera agrícola, la ganadería, el acaparamiento de tierras y la siembra de cultivos ilícitos— es una de las principales preocupaciones de las autoridades ambientales encargadas del AMEM. La minería, la explotación petrolera y el ecoturismo no regulado también amenazan la región.
 

Precisamente, un reporte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), publicado en 2017, indica que en el AMEM hay 16 proyectos, obras y actividades en estado de seguimiento. De estos, 14 corresponden a explotación de hidrocarburos y dos a infraestructura vial.

Para combatir la tala y quema indiscriminada de árboles, la Gobernación del Meta, Cormacarena y Parques Nacionales, junto a la Policía y la Fiscalía, pusieron en marcha la ‘Burbuja ambiental’ desde el año pasado. Esta estrategia empezó con una fuerte campaña de sensibilización en las comunidades. “Los índices de deforestación son altos en La Uribe, Mesetas y La Macarena. Estamos concientizando a los campesinos para que entiendan que no es una práctica cultural, sino que está asociado con un delito ambiental”, sostiene Oswaldo Avellaneda, secretario de Medioambiente del Meta.
 

 | FOTO: José Puentes Ramos
 

Pero al preguntar por la posición de la administración departamental sobre el posible ingreso de empresas petroleras y mineras al AMEM, el funcionario solo señala que “existen zonas ambientales estratégicas donde bajo ningún motivo pueden ingresar dichas industrias”.

SEMANA RURAL conoció que la Gobernación del Meta y Cormacarena expedirán próximamente una resolución que obligará a los dueños de motosierras a portar un salvoconducto para poder transitar con estos aparatos por la zona, una de las medidas para proteger el territorio, aunque controlar y vigilar los 19 municipios que conforman el área es una labor titánica.

Los recursos y el personal de los que dispone la administración departamental son limitados.
 

“Ni siquiera con un batallón grandísimo podríamos abarcar toda la zona. Por eso trabajamos en sensibilizar a los pobladores. La idea es que ellos sean los primeros que conserven”

- Jhon Ramos, coordinador del parque de La Macarena.

 

 ¿QUÉ OCURRE EN TRES DE ESTOS MUNICIPIOS? 

PUERTO RICO
 

Las 54 veredas de este pueblo hacen parte del AMEM, según Cormacarena, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el instituto de investigaciones SINCHI. A través de un ordenamiento, el municipio está dividido en tres zonas: la primera es de producción, ubicada en la margen izquierda de Puerto Rico. Allí se permiten la ganadería y los monocultivos, como el de palma africana.

Las otras dos zonas son de recuperación, donde tan solo hay producción primaria de yuca, maíz, plátano y piña; y la zona del parque nacional natural sierra de La Macarena. Aquí están prohibidas las actividades pecuarias y agrícolas.

Actualmente se viene adelantando la solicitud para una consulta popular, pues en el 2017 la ANLA le adjudicó 2.140 kilómetros cuadrados del bloque CPO–17, jurisdicción de Puerto Rico y Puerto Lleras, a la petrolera Hocol, que en 2011 perforó el primer pozo y ahora se encuentra en la segunda fase de exploración. Aunque cuenta con los permisos de las autoridades ambientales, la comunidad en general se opone a cualquier actividad extractiva.

MESETAS
 

Su población siente que el proceso de paz acabó con una ‘figura de autoridad’: las Farc, quienes tenían total control en temas ambientales. La comunidad se resiste a que empresas privadas intervengan en el territorio. Por eso crearon la Mesa Hídrica Municipal, que ha trabajado en pedagogía y sensibilización. “Existe una negativa total respecto al tema de explotación de hidrocarburos”, expresa Emilio Moreno, docente del pueblo.

Tal vez ese es el motivo por el que Mesetas es el municipio que más adelantado lleva el proceso de la consulta popular. A los mesetenses se les piensa preguntar: ¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que se ejecuten actividades mineras, como de exploración sísmica, perforación, explotación y producción de hidrocarburos, en el territorio del municipio de Mesetas? La consulta se había fijado para el pasado 18 de febrero, pero la Registraduría pidió que se suspendiera porque no tenía cómo financiar el mecanismo.

La petrolera Hocol tiene control sobre el bloque CPO–16, con jurisdicción en Vista Hermosa, San Juan de Arama y Mesetas. El proyecto que adelantan allí tiene como fin explotar a cielo abierto las arenas bituminosas encontradas cerca de los ríos Güejar y Ariari. Por otro lado, el municipio también se encuentra en alerta por la deforestación. Ya ocupa el tercer puesto en el Meta y es uno de los primeros a nivel nacional según Cormacarena.

VISTA HERMOSA
 

En este municipio, SEMANA RURAL comprobó que la gente poco quiere saber de la industria petrolera y minera. Tanto la comunidad como los miembros de la mesa hídrica del pueblo consideran que la extracción de hidrocarburos amenaza las fuentes de agua y el medioambiente.

Por ejemplo, Antonio José Martínez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Talanqueras, explicó que los vistahermoseños rechazan este tipo de proyectos porque la vocación productiva del municipio es la agricultura y la ganadería. “Para el pueblo primero está la vida, y el peligro más grande que tenemos con la intervención minero-energética es la contaminación”.

Según Martínez, en Vista Hermosa —que también pertenece al AMEM— hay dos licencias otorgadas por la ANLA. “Tengo conocimiento de que continúan con la licencia 1164, que fue otorgada por las autoridades a la empresa Petrominerales, compañía que después resultó vendida a Pacific Rubiales. Hoy en día se llama Frontera Energy. En este momento se alistan para ingresar a la vereda Alto Delicias”.

Por su parte, Blanca Alzate Ramírez dejó ver su descontento ante la decisión del Gobierno de no financiar las consultas populares. “Así como el Estado saca dinero para hacer consultas políticas —con inversiones altas—, pues que nos dé la oportunidad a los ciudadanos de a pie de manifestar nuestra inconformidad con las multinacionales que están acabando con el territorio”.

 TEXTO:  Paula Castañeda y Luis Fernando Charrupí