noviembre 10 de 2017

Protestas de campesinos cocaleros y Minga Nacional

Por: Gabriel Tobón

Desde el pasado 23 de octubre de 2017 se inició un nuevo paro agrario y la Minga Indígena Nacional. El primero, encabezado por los campesinos que cultivan la hoja de coca; y la Minga, por organizaciones y comunidades indígenas de varios departamentos: Cauca, Huila, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda, Quindio, Nariño, Putumayo, Tolima, Norte de Santander, Córdoba, Magdalena y Caquetá. Se calcula que entre 100.000 – 150.000 personas se han volcado a las principales carreteras intermunicipales e interdepartamentales exigiendo al gobierno nacional el cumplimiento de los acuerdos de paz, particularmente en el punto de sustitución de cultivos ilícitos y el capítulo étnico, así como el cumplimiento de acuerdos anteriores, incumplidos por el gobierno desde el paro agrario de 2013.
 

El lema que inspira esta nueva movilización es:

 

“Por la vida y la transformación del presente para garantizar el futuro digno con justicia y en paz para todos”.

 

El lema tiene un profundo significado político y social que puede comprenderse desde varios aspectos:

 

  1. Se trata de una protesta masiva de los sectores más excluidos del campo ante la paquidermia y falta de voluntad política del Estado, sus instituciones públicas y los partidos políticos para cumplir los acuerdos de paz, orientados a la “Transformación del campo colombiano con la Reforma rural Integral (RRI)” para solucionar los problemas más críticos que secularmente han vivido las comunidades rurales.
     
  2. Es una exigencia al Estado, la fuerza pública y los organismos de control e investigación para que detengan la violencia sistemática desatada contra líderes sociales y excombatientes que luchan porque se cumpla lo pactado. En lo corrido del año se reportan entre 80 y 130 asesinatos a líderes sociales, campesinos e indígenas que la Fiscalía General de la nación se niega a reconocer como una estrategia de sectores violentos opuestos al proceso de paz.
     
  3. En lo que respecta al acuerdo sobre “Solución a la problemática de las drogas” se pone en evidencia la ausencia de planificación y falta de articulación institucional para llevar el Estado y todas sus instituciones a los territorios rurales más afectados por el conflicto armado y las economías ilegales de esa Colombia rural profunda e invisibilizada.

 

En efecto, el acuerdo en materia de sustitución de cultivos ilícitos reza:

 

“…la solución definitiva es posible si es el resultado de una construcción conjunta entre las comunidades y las autoridades mediante procesos de planeación participativa, que parten del compromiso del gobierno de hacer efectiva la Reforma Rural Integral y los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo y el compromiso de las comunidades de avanzar en los procesos de sustitución voluntaria. Este compromiso de solución voluntaria de las comunidades es un factor fundamental para el logro de los objetivos” (Acuerdo Gobierno-FARC-EP, 2016).

 

En términos generales, las comunidades rurales protestan por el incumplimiento al espíritu del acuerdo en este y otros puntos. Ya se han firmado más de cincuenta acuerdos voluntarios de sustitución, pero la presión de Estados Unidos, Fiscalía y los opositores al proceso de paz ha hecho que la fuerza pública erradique forzosamente, incluso los cultivos de aquellos que voluntariamente han iniciado la sustitución voluntaria. Aplican una fuerza desproporcionada y en casos como el de Tumaco, una inexplicable violencia que llevo al asesinato de seis campesinos.

Respecto a la Minga Indígena Nacional, los temas centrales puestos sobre la mesa son: garantía para ejercer sus derechos fundamentales, autonomía territorial, respeto a sus territorios y conservación del medio ambiente, por la amenaza del extractivismo de minerales e hidrocarburos que afectan sus territorios. Además, exigen que se hagan efectivas las medidas, planes y programas que construyan efectivamente paz, con verdadera Justicia Social.

Gobierno nacional, instituciones, partidos políticos y funcionarios públicos deben entender que la implementación de los acuerdos son un todo integral cuyas partes están articuladas unas con otras, conforman un sistema integral, son interdependientes y por ello en la implementación deben concurrir de manera articulada y progresiva los programas que se contemplan en la RRI, es decir, Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, Programas de la RRI (infraestructura, salud, educación, saneamiento básico, asistencia técnica y derecho a la alimentación).

 

POR: GABRIEL TOBÓN

Ingeniero Agrícola de la Universidad nacional de Medellín.
Magister en Planificación y Administración del Desarrollo. Universidad de los Andes.
Profesor-Investigador de la Pontificia Universidad Javeriana.
Catedrático de la Universidad de Antioquia - Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC.
Consultor y Asesor de INCORA- Fondo DRI - Ministerio de Agricultura - Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA - FAO - Parques Nacionales Naturales y Fondo Acción.

 

Las opiniones de los columnistas en este espacio son responsabilidad estricta de sus autores y no representan necesariamente la posición editorial de SEMANA RURAL.

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