Reclamar tierras en Urabá: conseguirlo o morir en el intento

El 6 de mayo de 2017, Wilson David y María Lazo llegaron a su finca en la vereda Guacamayas de Turbo (Urabá antioqueño) y alguien más había comenzado a arar su tierra. Están convencidos de que es la misma persona que dos años atrás los obligó a salir de su predio bajo amenazas de muerte.

Tejas sobre el pasto, madera apilada, un diccionario infantil en el piso, también una almohada y un molino corroídos por el moho y el óxido. Así se ve la casa de estos campesinos que, pese a las constantes amenazas, se niegan a dejar de pelear por su tierra.

La finca Magdalena, que hoy reclama Wilson, la compró su abuelo Juan Albino David por $100.000 en 1970, está ubicada entre las veredas El Caimán y Guacamayas del municipio de Turbo y, desde que la adquirieron sus dueños, han tenido tantos enemigos como hectáreas.

Ya perdieron la cuenta. Desde la década de 1980, la familia David ha sido amenazada y desplazada por las Farc, por los paramilitares del Bloque bananero y, durante los últimos cinco años, por hombres armados que dicen ser enviados por alias ‘Cuco Vanoy’, del Bloque Mineros, y por alias ‘Don Mario’, del Bloque Elmer Cárdenas, ambos grupos desmovilizados.

ASESINATO
En 1984, la guerrilla de las Farc asesinó a un primo de Wilson porque su familia se negó a pagar extorsiones y a prestar la tierra para sembrar cultivos ilícitos. “Mi familia denunció con el Ejército y los trataron de sapos. Y como no se fueron entraron a acabarlos, mataron a mi primo mientras los demás corrían”, cuenta Wilson. Esa fue la primera vez que los David fueron despojados.

"ESTA TIERRA NO ES SUYA"
Siete años después, la familia regresó para ver cómo estaban sus tierras. Se negaban a venderlas. Prefirieron dárselas a un amigo para que las trabajara mientras ellos “resolvían el problema”, pero entonces, según Wilson, el vecino de su finca “entró y dijo que esas tierras él las había comprado”.

En 1995, el ‘Bloque Bananero’ de las autodefensas ya hacía presencia en la zona y para imponerse amedrentaba a los campesinos. Esas constantes amenazas provocaron que la familia de Wilson se desplazara nuevamente, esta vez a Sincelejo, Sucre, donde vivieron siete años. Siempre con la idea de regresar, pero paralizados por el miedo.

NO HAY LEY QUE VALGA
El último retorno que hicieron fue en 2013, cuando aún se sentían amparados por la Ley 1448 de 2011, de Víctimas y Restitución de Tierras, y decidieron retornar sin acompañamiento institucional. Pero esa confianza se desmoronó cuando, otra vez, hombres armados comenzaron a amenazarlos para que abandonaran la zona y su proceso de reclamación seguía en vilo. 

 ENTRE LA ESPERA, EL DESPOJO Y LA MUERTE 

En Colombia el proceso de restitución de tierras avanza a paso de tortuga. 

*El total de reclamantes de tierra asesinados en Colombia y presentados en esta infografía es una recopilación de los casos registrados por la Fiscalía hasta 2016, más la suma de los publicados por Pacifista.co en 2017.

Urabá es uno de los territorios más complejos. “Es muy difícil que el proceso de restitución avance en un contexto en el que hay presencia permanente de grupos armados interesados en que Urabá continúe siendo un corredor de narcotráfico”, explica Gerardo Vega, director de la ONG Forjando futuros.

Por eso las agresiones contra reclamantes son constantes y terminan, muchas veces, en asesinatos y desplazamientos. Por ejemplo, en Guacamayas, territorio que limita con la finca de Wilson, en 2016, según el Instituto Popular de Capacitación (IPC), se presentaron 8 agresiones en un mes que desplazaron a 5 familias; una de ellas era la de Jesús Alberto Sánchez, reclamante asesinado en Carepa en agosto de 2017.

Y a ese contexto difícil se le suma la lentitud del proceso: de las 7.146 solicitudes recibidas en la región, apenas 1.044 han sido puestas en conocimiento de los cinco jueces civiles que están a cargo, quienes han dictado 113 sentencias, correspondientes a 234 solicitudes. Esto obedece a que cada juez tiene a su cargo un promedio de 200 casos, lo que genera un embotellamiento del proceso, que por sí solo ya es largo y complejo, pues cada caso demora unos 14 meses en manos de los jueces antes de ser fallados.

Entre tanto, cientos de campesinos como Maria y Wilson luchan por su tierra entre el miedo, las constantes amenazas y la muerte de varios de sus compañeros. Desde el 2011, han sido asesinados 18 reclamantes de tierra y líderes sociales en Urabá. Aunque no existe un registro exacto del número de agresiones en contra de reclamantes en Urabá, se puede calcular que ocurren mínimo unas 20 cada año.

“Los campesinos piensan que si los despojadores pueden estar en la tierra ellos también, mientras el juez determina su situación, entonces retornan, pero esa decisión los lleva a ser hostigados”, explica Martha Peña, coordinadora del tema de tierras en el IPC. Y añade que esos hostigamientos se hacen a través de los ‘puntos’ (civiles que hacen las veces de vigilantes para los grupos armados ilegales).“Cuando ha habido una agresión, siempre denuncian que partió desde un nivel de hostilidad de cualquiera de esos ‘puntos’” que, a diferencia de la Fuerza Pública, sí logran copar todo el territorio. “Y eso ha sido previamente denunciado antes de que ocurra la agresión”, dice Peña.

 UNA ZOZOBRA ETERNA 

Al preguntarle a Wilson Davis por la decisión de retornar a su finca sin acompañamiento institucional en 2011, dice sin titubear: “el Gobierno debe hacer cumplir la ley y no meternos en un conflicto que uno como campesino no puede resolver”. 

 PROMESAS 

Entre el 17 y 18 de diciembre de 2017,  líderes y reclamantes de la región se encontraron en Bogotá con entidades nacionales para contar el problema y llegar a acuerdos que les permita regresar a las tierras que abandonaron por temor a las amenazas.

El Ministerio del Interior, la Procuraduría, el Ejército, la Policía, la Fiscalía y, obviamente la Unidad de Restitución de Tierras, acordaron que una de las medidas más importantes para asegurar la supervivencia de estas familias, sería “militarizar la zona donde el campesino estaba haciendo resistencia”, explica Wilson. Algunas de estas zonas quedan en el territorio colectivo de La Larga Tumaradó, Blanquicet, Macondo y Nuevo Oriente.

“Acordamos que el 28 de diciembre el ejército llegaba y solo ha entrado hacia el lado del Chocó. Yo no he podido entrar”, indica Wilson David, quien aún no encuentra cómo regresar a su tierra en La Larga y Tumaradó. Además, asegura que el Gobierno no ha cumplido con el acuerdo que se hizo porque el Ejército solo ha llegado hasta Guacamayas, territorio que queda a más de 40 minutos de su finca y hasta donde tendría que llegar para pedirle al sargento a cargo que lo acompañe hasta su vivienda.

“Solo, no me atrevo a entrar, si me acompaña él y otros líderes protegidos, sí”

Señala que otro de los compromisos adquiridos, y que sí han cumplido tras esta reunión, fue la asignación de un esquema de seguirdad por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Mientras tanto, la Unidad de Restitución (URT) aseguró que agilizará el proceso de cada reclamante: “esperamos que el próximo mes empiecen a verse resultados, aunque no hablaron de fechas”.