Retornados y sin casa: la promesa incumplida a las familias en Granada

Cuatrocientos kilos de dinamita fueron necesarios para detonar el segundo carrobomba más potente de la historia del país, el 6 de diciembre de 2000. Ese día, Colombia se enteró de la existencia de Granada, un pequeño municipio del oriente antioqueño.

En aquel entonces Granada era devorado por la violencia y el conflicto armado. Policía, Ejército, AUC, frentes 9 y 47 de las FARC y ELN, estuvieron presentes en este municipio desde la década de los ochenta.  El Frente Carlos Alirio Buitrago del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se acercó allí ‘amistosamente’ y no pasó mucho tiempo para que Granada se convirtiera en un territorio en disputa, tal como lo reseña el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y lo recuerda Aracelly Santana.

“[los del ELN] no llegaron con violencia. Llegaron buscando darle protección a uno y haciendo las veces de autoridad, porque la que había no salía del comando”, dice esta granadina de sesenta años y añade que los integrantes de este grupo guerrillero “llegaron convenciendo a la gente, tratándola bien, resolviéndole cualquier problema que tuviera”.
 

Este ejército al margen de la ley comenzó a intervenir, y resolver, casos de violencia intrafamiliar y abuso sexual. Así se fue ‘ganando la autoridad’ en el pueblo. Aunque, el propósito real de esa actuación era reclutar a los más jóvenes, seducirlos con las armas y el poder que se tiene al portarlas. Fue así como las filas de la organización guerrillera empezaron a engrosarse en esta zona estratégica por su cercanía con el Magdalena Medio y Medellín. A la disputa territorial entre guerrillas y fuerza pública, se sumó la presencia del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

“Ellos llegaron con toda. Creían que todos aquí éramos guerrilleros”, recuerda Aracelly Santana sobre el arribo de los paramilitares a Granada. Las mismas acusaciones recibieron del ejército.
 

La pacificación en Granada empezó a mediados de la década del 2000. El aumento del pie de fuerza, en el marco de la estrategia política de seguridad democrática, fue debilitando a los frentes guerrilleros hasta forzarlos a huir. Este tiempo de confrontaciones violentas dejó a su paso múltiples civiles desaparecidos, personas de las que aún no se tiene noticia.

Cuando apenas iniciaba el 2001, María Arango hizo lo mismo y se fue a vivir a Marinilla, municipio ubicado a poco menos de treinta kilómetros de allí, y donde vivía la familia de su primer esposo. “Ellos ya no querían venir a visitarnos porque esto estaba muy prendido”, dice.
 

Retornar

La vida de María Arango en Marinilla duró apenas seis años. En 2007 retornó y encontró ruinas en donde antes era su vivienda. En los enfrentamientos que se daban en medio del conflicto, los diferentes grupos habían hecho de su casa un cuartel. Volvió a Granada ya viuda porque su primer esposo había muerto a causa de una infección postoperatoria durante su desplazamiento a Marinilla. De regreso a su tierra natal, María logró acomodarse en una propiedad ajena.

Tres años más tarde Aracelly también decidió regresar. Su vida en la ciudad no satisfacía sus necesidades ni las de su esposo Guillermo Muñoz. Su vida había empezado de cero, en una habitación prestada y con más dudas que certezas, pero con la tranquilidad de al fin poder dormir sobre su cama y no debajo de esta a causa del miedo.

Aun con dificultades, María, Aracelly y su esposo lograron volver a acomodarse en Granada, ese municipio que, como lo reconoce Aracelly, “tiene un no sé qué que hace que uno siempre quiera volver”. Aún más cuando, en 2011, se enteraron de que el Gobierno Nacional estaba emprendiendo un proyecto de vivienda que buscaba beneficiar a personas desplazadas por el conflicto armado, y que en breve comenzaría a implementarse en Granada.
 

¿Vivir?

Retornar es vivir llegó a Granada en 2011 de la mano del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MinVivienda), la Caja de Compensación de Comfenalco, en alianza con la Alcaldía de Granada. La familia de Aracelly y la de María esperaban que se cumpliera el compromiso inicial de estas instituciones para entregar 84 casas nuevas a igual número de familias en menos de 18 meses. Sus familias serían beneficiadas.

Apenas hasta finales del 2014 la obra se empezó a ejecutar, es decir, tres años más tarde. A inicios del 2015 y cuestionando múltiples incumplimientos en los plazos acordados por parte de los demás aliados, Comfenalco Antioquia renunció a la gerencia integral del proyecto, llevándose consigo parte del recurso económico que le otorgaba la viabilidad. Eso significó más espera para los beneficiarios. Para esa fecha, ya habían fallecido dos de ellos.

El fondo de Empleados de Colombia (Fondecol) se encargó de asumir la gerencia en 2015. Entre ese año y el siguiente lograron construirse los cimientos de las viviendas y la esperanza de Aracelly y María retornó, pues creyeron que al fin llegaría su vivienda. Pese a esto, hacia la mitad de 2016 los trabajos de construcción pararon nuevamente y aún hoy, más de dos años después, la obra no continúa pues la licencia de construcción original se venció y a esta fecha no han conseguido los permisos necesarios para actualizarla y retomar labores.
 

Así lo demuestra la maquinaria abandonada (e inutilizable) que se encuentra en el lote, el estado actual de las que deberían ser las salas y cocinas de Aracelly, María, y decenas de afectados que dejó el conflicto en Granada. Las vigas sobresalen sin sentido en los muros y pilares que tienen por techo el cielo abierto. Una versión distinta es la que se maneja en la Alcaldía.

Según Érica Giraldo, quien se desempeña desde hace tres años como coordinadora de Procesos de Vivienda en la Alcaldía de Granada, los trabajos de urbanismo en el lote se encuentran adelantados en un 80 %, mientras que los de vivienda están en un 15 %. Por urbanismo, aclara, se entiende el proceso de terraceo y normalización de suelos, establecimiento de vías de acceso y andenes, e instalación de redes de acueducto y por vivienda la construcción de las casas. Además, del estado actual de lo construido concluye que, de acuerdo con estudios realizados recientemente por profesionales, puede ser utilizado como base para no tener que comenzar de cero las labores de construcción.
 

Una opinión distinta les merece el estado del proyecto a Mauricio Piedrahíta y Santiago Durán, arquitectos de la Universidad Nacional y la Universidad Pontificia Bolivariana, respectivamente. Durán dice que proyectos como el de Retornar es vivir en Granada tienden a fracasar por la falta de una metodología diseñada especialmente para la construcción de vivienda de interés social que les indique a quienes los asumen el camino a seguir para llevarlos a buen término.

Piedrahita, por su parte, considera que este proyecto en Granada debió detenerse porque la ejecución de la obra que allí se estaba adelantando no se correspondía con la autorizada sobre planos por los entes reguladores. Durán concluye que la razón principal que obligó a parar los trabajos de construcción es el hecho de que, como se estaban adelantando, no cumplían con las áreas mínimas que establece el Ministerio de Vivienda para una vivienda de interés social digna: 45 metros cuadrados, las que se estaban construyendo apenas alcanzaban un área de 42 metros cuadrados.

Por su parte, Érica Giraldo expone que en la actualidad las casas que Retornar es vivir entregará en Granada son tan solo 56, es decir: 28 menos de las prometidas inicialmente. Esto porque cuatro beneficiarios han fallecido durante el tiempo de espera, cuatro renunciaron voluntariamente al proyecto al ver que este no avanzaba y otros 20 restantes lo dejaron para buscar una vivienda usada con el subsidio del Ministerio de Vivienda. Uno de los principales problemas que tiene el proyecto en términos administrativos, expone Aracelly Santana, es que los cupos de los beneficiados son personales e intransferibles, por lo que al fallecer o renunciar una de las personas registradas, estos no pueden ser heredados por terceros, aun cuando son los mismos beneficiarios quienes así lo solicitan.
 

¿Qué sigue?

Érica Giraldo asegura que el proyecto estaba siendo reevaluado por Findeter (Financiera de Desarrollo Territorial S.A.), entidad que funge como banca estatal para apoyar iniciativas de vivienda de interés social en todo el país. En la actualidad no se conoce si Findeter otorgará o no la licencia para continuar las obras.

Aun con esto, en la última reunión que tuvo el alcalde Omar Gómez Aristizábal a inicios de julio con los representantes de los beneficiarios de Retornar es vivir, se comprometió a entregar en diciembre del presente año las primeras 20 casas del proyecto, pues según lo confirmó la coordinadora Giraldo, en caso tal de que la administración incumpla este compromiso, Gómez Aristizábal podría recibir una sanción disciplinaria.

Esta nueva promesa, incluso con las decepciones anteriores, es recibida como una luz de esperanza para beneficiarios como Aracelly Santana y María Giraldo, quienes, aunque recibieron hace siete años el llavero y las escrituras de su futura vivienda, no han tenido un solo día de tranquilidad completa hasta la fecha. Ellas, al igual que las otras 54 familias beneficiarias, se aferran a la idea de que un día podrán, al fin, atarle una llave al llavero, abrir la puerta a una nueva vida para cerrársela, de una vez por todas, al violento pasado.

POR: Juan Pablo Ramírez | Enviado especial
@JuanPRamirezC