El proceso de implementación normativa del Acuerdo de Paz logró importantes avances a pesar de las dificultades que enfrentó. Aunque las modificaciones que la Corte Constitucional realizó al fast-track tenían sustento constitucional, no puede negarse que generaron más demora y dieron paso a la dilación de los procesos de aprobación normativa.
El ejercicio de la oposición política de presentar incontables proposiciones, ausentarse de los debates y tergiversar el contenido de los proyectos incidió de manera negativa en las discusiones legislativas. A pesar de ello, se logró la implementación jurídica de puntos centrales.
En materia poblacional, varias de las normas aprobadas incluyen expresamente el enfoque de género, que además es un principio orientador de la implementación en general. La inclusión del enfoque de género y el reconocimiento de las formas diferenciadas de violencia contra personas LGBTI son aspectos destacables, pero ahora que las instituciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRN) están empezando a funcionar, es realmente necesario que se generen de manera oportuna y efectiva verdaderos espacios de coordinación con la sociedad civil para que las acciones y el funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad (CEV) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) respeten y garanticen el enfoque de género.
Siguen siendo preocupantes los pocos avances legislativos en materia de tierra y ruralidad, así como la ausencia de territorialidad en procesos de participación ciudadana. Esto afecta el trabajo para la garantía de derechos en territorio, que al fin y al cabo son colombianos de los grupos poblacionales más afectados por el conflicto armado.
Además, la falta de compromiso del Estado en el proceso de implementación del enfoque de género - tanto a nivel nacional para dar directrices como a nivel territorial para su implementación - se ve con claridad en el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), un espacio neutral del posconflicto al que le falta de sensibilización, pedagogía y compromiso; el reto es pasar de la nominación técnica a las acciones transformativas.
Las medidas propuestas hasta el momento son parecidas a las del Acuerdo y no dan el salto a la implementación. Son recomendaciones y acciones marco, sin medidas ni indicadores (ejemplo de 122 medidas y solo tenían 41 con indicadores y con incidencia de la Alta instancia, llegaron 54). Son indicadores de gestión y no de impacto, no se dice, por ejemplo, cuántas hectáreas de tierras se entrega, cómo se garantiza la participación o qué tal se mide la efectividad de la justicia; solo se habla de gestión.
La sociedad civil, especialmente desde los territorios, también requiere claridades sobre cómo funcionará el grupo de trabajo de género de la CEV, los procedimientos para la recepción de informes, el apoyo que pueden brindar en la preparación de declaraciones y testimonios con las víctimas, entre otras formas de realizar aportes al trabajo de esclarecimiento de la verdad en materia de violencia basada en género en el marco del conflicto armado.
Lo mismo ocurre con el grupo de violencia sexual de la JEP. Hay que establecer protocolos de intercambio de información con canales claros y efectivos de comunicación entre estas instituciones y las organizaciones sociales. Para materializar verdaderamente el enfoque de género, también es importante que se diseñen metodologías de investigación y de entrevistas propias para los casos de violencia basadas en género en el marco del conflicto armado, y que estos diseños tengan en cuenta los aportes de las organizaciones con experiencia en estos temas.
En pocas palabras, el sustento normativo aprobado durante este año ofrece una base para seguir trabajando por los derechos de las víctimas y por la garantía del enfoque de género, pero se debe empezar a materializar estas garantías para que no se queden sólo en el llamado "espíritu de las norma".
Wilson Castañeda | @WillCastañedaC
Director del Caribe Afirmativo
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