Siete preguntas que Colombia debe hacerse tras la masacre en Tumaco

octubre 08 de 2017

El confuso asesinato de 6 campesinos podría hacer replantear desde política antidrogas y la agraria hasta la misma estrategia del posconflicto. Entre tanto, Tumaco no deja de convulsionar.

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| La extraordinaria ubicación de Tumaco es su suerte y su condena. A la exuberancia de sus parajes se suma que es un corredor natural que les facilita a los narcos enviar cocaína a Centro América y Estados Unidos. | Por: Daniel Reina / SEMANA


Por: SEMANA RURAL
SemanaRural

Tal vez no haya un municipio en Colombia que en tan poco espacio reúna tantos problemas como Tumaco, el principal puerto del Nariño. En una superficie que equivale al tamaño del departamento de Risaralda, con un poco más de 200.000 personas, se juntan todos los males del país: narcotraficantes, guerrillas, bandas criminales, laboratorios para el procesamiento de coca, rutas ilegales de exportación, cultivos de uso ilícito y homicidios, muchos homicidios.

Este jueves ocurrió lo que ya algunos habían advertido que podía suceder. Una vieja crisis derivada de la lucha entre cultivadores, erradicadores y narcos estalló en Tumaco (Nariño). Alrededor de las 10 de la mañana de este jueves, seis civiles identificados como campesinos -dos de ellos eran indígenas awá- fueron asesinados en medio de una protesta cocalera, cuya estrategia implicaba ubicar cordones humanos para impedir la entrada de las autoridades.


smiley | Imágenes de los heridos tras el ataque. Las cifras oficiales hablan de 19 lesionados, las versiones de la comunidad dan cuentan de más de 50. 


 1  ¿QUIÉN MATÓ A LOS CAMPESINOS? 

La información sobre la masacre no es unánime, y hasta ahora solo se conocen versiones encontradas, empezando por el número de muertos: 6 según el informe preliminar de la Fiscalía y 9 según los campesinos. Los heridos, que se contaban en un comienzo por arriba del medio centenar, tres días después se cifran en 20

En todo caso, este sábado se conoció el primer informe oficial del Instituto de Medicina Legal, que aportó dos conclusiones importantes: la primera, la muerte de los seis campesinos se produjo por el impacto de proyectiles de alta velocidad; y segundo, los expertos en balística determinaron que los disparos no fueron hechos a corta distancia, como apuntaban algunas versiones de organizaciones campesinas, pertenecientes a la Asociación de Juntas Comunitarias de los Ríos Mira, Nulpe y Mataje (Asominuma).

 LAS VÍCTIMAS 

Dos de ellas pertenecen a la comunidad indígena Awá. Fueron identificadas como Aldemar Gil Guachetá, de 25 años; Diego Escobar Dorado, de 31 años; Nelson Chacuendo Calambas, de 29 años; Janier Usperto Cortés Mairongo, de 26 años; Jaimen Guanga Pai, de 45 años; y Alfonso Taicús Taicús, de 32 años de edad.
 


El primer comunicado del Ministerio de Defensa aportó más confusión a los hechos. En él se mencionó como posibles autores a las disidencias de las Farc, y se especuló sobre el lanzamiento de un tatuco (cilindro bomba) "contra la fuerza pública y la multitud", que habría provocado la respuesta con disparos de la Fuerza Pública, pero del que se desconocen hasta ahora consecuencias materiales o humanas. El general Luis Fernando Rojas, de la III división del Ejército, aseguró que hay pruebas de esas explosiones que ya se aportaron a la Fiscalía para la investigación. También garantizó un proceso disciplinario interno que consistiría en inventariar el armamento y la munición del personal que participó en terreno. 

El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, envió una misión humanitaria para escuchar a los campesinos y hacer acompañamiento a las víctimas. Luego de adelantar trabajos de verificación en la zona rural de Tumaco, la entidad dedujo este domingo que miembros de la Policía Antinarcóticos serían los responsables de los asesinatos y le solicitó a la Fiscalía y a la Procuraduría comenzar una investigación especial para esclarecer los hechos. 
 

FOTO: Daniel Reina Romero | Revista Semana


Cuando la situación no podía ser más tensa, este domingo la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció que una misión de varias ONG, funcionarios de la Gobernación de Nariño y un grupo periodistas fue atacada por miembros de la Policía. Hacia las 2:00 p.m., en la vereda El Tandil, los uniformados habrían lanzado balas aturdidoras y efectuado disparos al aire al paso de una comisión con personal de las organizaciones de la Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de varios comunicadores que pretendían verificar más detalles de la masacre del jueves. La denuncia sostiene que los supuestos policías le habrían gritado a la misión desde las montañas "Ábranse de aquí, aquí no pueden estar".
 


 2  ¿CÓMO SE PREPARÓ EL 'COCTEL' DE LA CRISIS?

El contexto de la masacre se dio en el marco de la disputa de bandas criminales organizadas que se pelean ese territorio de Nariño para beneficiarse del narcotráfico. La tensión se revivió desde el pasado primero de octubre cuando se inició la cuarta fase de erradicación.

El brigadier general William René Salamanca Ramírez, comandante de la Regional Cuatro de la Policía Nacional, con jurisdicción en Valle, Cauca y Nariño, aseguró que el primer y segundo día de erradicación (domingo y lunes) tuvieron que desactivar minas antipersonal, y que los días siguientes no dejaron de recibir amenazas y presión por parte de -incluso- la comunidad. El riesgo provocó que para el cuarto día, el jueves, se movilizara a la zona de Puerto Rico un grupo de antidisturbios con equipo de protección y armado únicamente con macanas, según el oficial.

“Se escuchan artefactos explosivos, tatucos, ráfagas de fusil y el desenlace es el que hasta ahora se conoce (…) Nos corresponde hacer la evaluación. Nosotros cada día que hacemos la tarea nos trae una experiencia. No sabemos de dónde nos disparan”, dijo el general a Blu Radio.

Sea cual haya sido el responsable del ataque, una tragedia como esta se prevía por el coctel de problemas, algunos de ellos históricos, que confluyen en la región.

La comunidad ha vivido el desplazamiento y el asesinato de varios de sus líderes desde 1998. El más reciente fue Genaro García, en 2015. Ahora, con la firma del acuerdo de paz, se abrió la posibilidad de solucionar uno de los problemas más críticos: el de cultivos de uso ilícito.
 

CONTEXTO: Paro cocalero en Tumaco

En abril de este año, cerca de 400 cultivadores de mata de coca bloquearon la vía Tumaco-Pasto para exigir el cese de la erradicación forzada de este cultivo. Los campesinos protestaban por la presencia de la Policía Antinarcóticos que había llegado a la zona rural de este municipio para erradicar manualmente siembras de más de 10 hectáreas, considerados “cultivos industriales”.

El paro duró cinco días y dejó un policía muerto y doce personas heridas. Al final, el Gobierno suscribió un acuerdo con los agricultores vinculados a la organización de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) en el que se comprometió a instalar y constituir el Consejo Territorial Municipal del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) a nivel regional.  

 

smiley | Erradicacion manual de coca por la policia nacional de Colombia en el departamento de Nariño Policia Nacional antinarcoticos Tumaco  abril 2017 | Foto: Daniel Reina Romero / Revista Semana


A principios de este año, el Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera le expresó al Gobierno la intención de participar en el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito -PNIS-. A partir de abril comenzaron los trabajos sustitución y erradicación forzosa, sin haber firmado el acuerdo del plan, por eso buena parte de la comunidad ha rechazado esta fórmula. “Por parte del Gobierno hay una contradicción. A pesar de que firmamos el proceso de sustitución voluntaria, en septiembre, ellos impulsan la estrategia de erradicación forzosa en nuestro territorio”, comenta el miembro del consejo.

A los grupos armados y narcotraficantes no les hizo ninguna gracia el acuerdo. Según los mismos campesinos, criminales se han encargado de movilizar a los cultivadores en varias ocasiones como cordones humanos para impedir los trabajos de erradicación en veredas como Puerto Rico. “Hacen un llamado que en ultimas se convirtió en obligación para que las comunidades acudieran y se presentaran en unos puntos estratégicos para repeler a la fuerza pública”, explican.
 

Fuente: Observatorio de Territorios Étnicos - PUJ

La vereda Puerto Rico, donde ocurrieron los asesinatos, hace parte del Consejo Comunitario de Alta Mira y Frontera, uno de los 15 consejos comunitarios que tiene Tumaco. Son zonas habitadas principalmente por comunidad afro. El territorio también lo comparten dos pueblos indígenas: los Awá y los Eperara Siapidara.


La bonanza cocalera le trajo a la región de Alta Mira y Frontera (ver mapa) un total de 17.000 hectáreas de hoja de coca, según cifras del consejo consultado por SEMANA RURAL. “Con la aparición de la coca, llegaron personas externas a nuestro territorio. Llegaron impulsando desde hace años la masificación del cultivo. Nosotros como comunidades poseemos el 0,5 por ciento del total”, explicó uno de los líderes que prefirió omitir su nombre por seguridad.

 

«Por muchos años, ha llegado gente desplazada a nuestro territorio y nosotros los hemos cobijado de manera solidaria. Pero también hay otros que vinieron por el negocio de la droga.»
- Líder comunitario -


CONTEXTO: Consejo Comunitario del Alto Mira y frontera

Es la unidad administrativa que tiene la función de administrar las tierras de propiedad colectiva de las comunidades afrodescendientes que habitan en esta zona de Tumaco. El territorio del Consejo es extenso: comprende cerca de 24.700 hectáreas distribuidas en 42 veredas. En 2003, el Incora (antes Incoder y hoy Agencia Nacional de Tierras) reconoció la propiedad colectiva de esta tierra, y luego, en 2013, un juez de restitución de tierras falló a favor de la protección de su territorio. La Junta del Consejo Comunitario –que emitió un comunicado para dar su versión de los hechos– representa a la comunidad y es la autoridad territorial en el lugar.
 

 

FOTO: Daniel Reina / Revista Semana


 3  ¿POR QUÉ TUMACO? 

Lo primero que hay que entender es que Tumaco es una tormenta perfecta cuando se habla de criminalidad en Colombia, así lo considera Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Para el analista hoy se concentra en esa región toda una economía de ilegalidad que el Estado no ha podido desarticular. De hecho, por eso Tumaco es hoy en día uno de los planes piloto para el gobierno en la implementación de las políticas de defensa y posconflicto.

Reportes de la ONU para el 2016 muestran que Tumaco concentra 23.148 de las 42.627 hectáreas de hoja de coca detectadas en Nariño, y según datos de la Armada Nacional, por los esteros de Tumaco salen anualmente unas 200 toneladas de cocaína, lo que equivale al despacho de 22 kilos cada hora.


 ESTOS SON LOS CINCO MUNICIPIOS CON MÁS HECTÁREAS DE CULTIVOS DE COCA EN COLOMBIA


Ávila lo ilustra así: mientras en departamentos como Caquetá o Guaviare se siembra o se procesa la coca, Tumaco es el *cluster completo pues allí se siembra, se cosecha, se procesa y se distribuye por el Océano Pacífico.



«Estamos hablando de 23.000 hectáreas de coca, más de cien laboratorios destruidos en los últimos dos años. Aquí lo que está pasando es que con la desmovilización de las Farc se está generando anarquía criminal. Lo que hay es una gran disputa y hoy tenemos básicamente la presencia de once organizaciones criminales y grupos armados ilegales».

 

El politólogo advierte que a Tumaco se la están ‘peleando’ palmo a palmo, lo que explica las 147 muertes violentas en el 2016 y una de las tasas de homicidio más alta del país, con 70 asesinatos por cada cien mil habitantes.

 4  ¿QUIÉNES SE ESTÁN DISPUTANDO TUMACO? 

Aunque hay más una decena de organizaciones criminales que operan en el puerto, las tres grandes bandas son:
 

 NUEVAS GUERRILLAS UNIDAS DEL PACÍFICO 
 


Son disidencia de la columna Daniel Aldana de las Farc, que operaba en Tumaco. Desde mayo de este año las autoridades tienen conocimiento de su existencia. Su cabecilla es alias ‘David’ y agrupa a bandas armadas de los sectores de San Sebastián, San Juan, Pital y San Pedro. Hacen presencia en el corregimiento Llorente y en la vereda Puerto Rico, donde ocurrió el asesinato el pasado jueves. Las Farc cree que este nuevo grupo armado maneja el negocio de la droga en la región.
 

 CLAN DEL GOLFO 
 


Es un grupo armado organizado que hace presencia en 148 municipios y se dedica a la extorsión, el narcotráfico, la minería ilegal y otros delitos. Tiene entre 3.000 y 3.500 miembros y dos vertientes: una armada en el Urabá, el sur de Córdoba y Bajo Cauca; y una subcontratada (emplean a otras bandas) en regiones como Tumaco. El viernes fue abatido John Benítez, alias ‘Cusumbo’, cabecilla en el municipio nariñense. En abril de este también cayó ‘El Zorro’.

 

 COLUMNA HÉROES Y MÁRTIRES DEL SINDAGUA 
 


Esta columna hace parte del frente suroccidental del grupo guerrillero. De acuerdo a la fundación Paz y Reconciliación, el frente tiene incidencia en la zona costera de Nariño, donde hace el control del tráfico de oro, a través de la extracción ilegal, y del petróleo. Un informe del Centro de Recursos para Análisis de Conflictos (Cerac) indica que la columna opera en los municipios de Tumaco, Barbacoas, Magüí Payán y Los Andes. Está en la región desde los años ochenta.
 


Dentro de las bandas que han sido identificadas, tres hombres se determinaron como “objetivos de alto valor” para las fuerzas militares por -entre otros delitos- la coerción a campesinos: ellos son Artízala Vernaza, alias 'Guacho' (ecuatoriano) y alias 'David'. El tercero era alias 'Cusumbo', dado de baja esta semana.

Otros grupos que operan a escala veredal son Los del Gaula, Gente del orden, La empresa y Los negritos. Justamente en la zona de Puerto Rico, donde fueron asesinados los campesinos, se ha identificado a un grupo armado que se hace llamar Los Mexicanos, al presunto mando de alias Cachi. De acuerdo con versiones de campesinos, estos hombres fuertemente armados -y con acento mexicano- llegan con los rostros cubiertos por pasamontañas, reúnen a los cultivadores y dan instrucciones sobre qué se debe hacer con las siembras, cuándo aumentarlas y a qué precio se les comprará la hoja de coca.

Esta versión es verosimil debido a que la extraordinaria ubicación de Tumaco es su suerte y su condena. A la exuberancia de sus parajes se suma que es un corredor natural que les facilita a los narcotraficantes enviar cocaína a Centro América, y especialmente a México, donde las bandas criminales de ese país la introducen a Estados Unidos.
 

Una vivienda en Tumaco, rodeada de cultivos de hoja de coca | FOTO Luis Ángel Murcia / Semana


 5  ¿QUÉ TAN EFECTIVA ES LA ESTRATEGIA DE ERRADICAR COCA? 


Para Camilo González Posso, director del Instituto de Estudios Para el Desarrollo de la Paz, Indepaz, lo que sucedió en Tumaco esta semana es una muestra de que hay una política errada en la sustitución de cultivos e insiste en la necesidad de orientar el rumbo si no se quiere repetir la tragedia en otras zonas del país.

 

«La estrategia de erradicación militar es muy violenta porque se trata de entrar a predios privados declarados ilícitos para hacer una acción forzada y además armadas. El problema es que se enfrenta a campesinos inermes con dispositivos de guerra y eso produce tragedias».

 

González Posso no cree que ese tipo de erradicación sea útil, pues calcula que 50.000 hectáreas erradicadas producen 80.000 familias en la miseria. “La gente lo que hace es defender su subsistencia más elemental. La mayoría son campesinos muy pobres que defienden con la vida una mata de coca con la que tienen que pagar las deudas y comprar alimentos”, explica.
 


Otra mirada tiene el coronel ( r ) Carlos Alfonso Velásquez, quien en 1993 fue comandante del Bloque de Búsqueda que se propuso desmantelar al Cartel de Cali. El exmilitar advierte que lo que se está desarrollando en Tumaco es una lucha por el espacio territorial, en el entendido que una vez las Farc se desmovilizaron otras estructuras criminales, de todos los colores, quieren copar con violencia los espacios vacíos.


«Esas otras estructuras bien pueden ser el ELN, grupos de bandas criminales, pero también es cierto que hay una disidencia de las Farc que se fortaleció y quiere mantener ese dominio territorial para el manejo del narcotráfico.»


CONTEXTO: Erradicación forzosa vs. sustitución voluntaria

El acuerdo de paz con las Farc estableció dos maneras para acabar con los cultivos de uso ilícito en el país: la sustitución voluntaria y la erradicación manual. La primera opción implica lograr un acuerdo entre las comunidades y el Gobierno. En este caso, los campesinos deben comprometerse a destruir sus cultivos, no volver a sembrar y no involucrarse en actividades asociadas a los cultivos de uso ilícito. Por su parte, el Gobierno debe participar en planes de desarrollo alternativo, es decir, en acordar con las comunidades un camino para reemplazar sus siembras y encontrar alternativas para sobrevivir. 

La erradicación forzosa se da en caso de que las comunidades no acepten sustituir sus cultivos. Esta es la vía más dura, y es la que está produciendo choques entre los dueños de los cultivos de uso ilícito y la fuerza pública en varias áreas del país. El acuerdo, sin embargo, establece que antes de la erradicación se debe dar un proceso de socialización, y que se debe dar en el marco del respeto a los "derechos humanos, el medio ambiente, la salud y el buen vivir".

 

 

 6  ¿REALMENTE SE ESTÁ FRENANDO LA PRODUCCIÓN DE COCA? 


Si bien el objetivo total del programa es acabar en con 72 mil hectáreas, por la complejidad social que implica ofrecerles otra vida a campesinos cocaleros no todas las metas son a corto plazo. A través de la sustitución voluntaria y de la erradicación forzosa ya se han reemplazado o destruido 50 mil hectáreas, que equivalen a unos 500 kilómetros cuadrados. Específicamente en Tumaco, desde marzo cuando comenzó la erradicación, se han destruido 1.500.
 

smiley | Equipos en labores de erradicación manual y aspersión de cultivos ilícitos en Tumaco. Fotografia: Mauricio Orjuela/Mindefensa

SEMANA visitó la zona y pudo constatar que así como avanza la erradicación también lo hace la resiembra. La misma Policía calcula que por cada 1.000 hectáreas erradicadas se resembrarán 850, para un éxito estimado del 15 por ciento. Esto se explica en parte porque la sustitución de cultivos todavía es una solución temporal, lenta y parcial.

Colombia tiene una gran oportunidad si se tiene en cuenta que para los programas voluntarios de sustitución de cultivos de uso ilícito se han presentado 105.000 familias y 100 mil más están a la fila de espera. “Es el único caso en el mundo donde la gente está tocando la puerta a la legalidad y la legalidad no les abre la puerta, eso es lo más curioso”, dice el director de la Indepaz. 
 

FOTO: Daniel Reina / Semana


Otro frente que ha estado en deuda en el gobierno Santos, y por el cual incluso Estados Unidos llamó la atención a Colombia, es el de la incautación. A pesar de que las cifras oficiales muestran que este año se romperá el récord de 300 toneladas de droga incautada, una marca que también se quebró el año pasado, Colombia sigue siendo el primer exportador de cocaína del mundo.
 

 7  ¿CUÁLES SON LAS SOLUCIONES Y LAS LECCIONES?  

Cualquier solución no parece llegar en el corto plazo. Para Ariel Ávila este es un fenómeno demasiado complejo en el que no ha sido suficiente la labor del vicepresidente Óscar Naranjo, quien creó centros integrales de atención al ciudadano y espacios de diálogo con las comunidades. "La plata muchas veces no llega y la infraestructura tampoco”, advierte. El analista propone que el proceso continúe con acciones represivas, pero enfocadas a la captura de los narcotraficantes que se disputan violentamente el control de Tumaco y su zona rural.

Otra realidad es que las soluciones no van a llegar necesariamente con la lucha antidrogas, también es necesaria la consolidación de un mercado local fuerte, la construcción de vías terciarias para que los campesinos saquen sus cosechas. Sin distritos de riego, formalización y titularización de tierras, por ejemplo, será muy difícil que las comunidades abandonen los cultivos ilegales. Tampoco es posible pensar en un mejor escenario si la cultura mafiosa sigue conquistando adeptos del dinero fácil en todas las cadenas de producción, y eso sin mencionar el consumo interno de droga, que en Colombia crece cada año.
 


En la tarea de mermar la presión es necesario poner el foco en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDETs, que ya están siendo diseñados y que son un marco para trabajar de la mano con las comunidades.


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«La pieza central es el desarrollo territorial regional, sino hay esa estrategia esto no va a funcionar y eso está escrito también en el punto 4 del Acuerdo de La Habana. No se trata de una rueda suelta, entonces lo que se tiene que hacer es retomar el enfoque del desarrollo rural integral y destinarle recursos (...) Si no le dan la mano al campesino y todos los subsidios se van a los grandes megaproyectos no hacemos nada».
- Camilo González Posso -
 

Tumaco desde el aire | FOTO: Daniel Reina Romero / Revista Semana



La lucha no está perdida, hay ejemplos de zonas en las que los proyectos han resultado efectivos. En Vichada, Antioquia, Valle del Cauca y allí mismo en Nariño, cultivos como el cacao han favorecido la economía de cientos de campesinos. Ese producto, por ejemplo, es una línea agrícola multipropósito, sostenible y de alta productividad. Un agricultor que instala entre 3 a 5 hectáreas ya puede contar con que le va a durar 25 o 30 años.

Otra manera de ver el vaso medio lleno en medio de la tragedia es reconocer que la masacre de Tumaco se convirtió rápidamente en un tema de interés nacional. Fue un punto crucial dentro de la cúpula de gobierno de este viernes y el mismo general (r) Naranjo ya está en la zona para tratar la situación con carácter urgente. Esta reacción del estado, de los ciudadanos y los medios, en medio de la tragedia, denota un cambio en la agenda estatal, social y mediática. La muerte de campesinos, hace una década, hubiera sido vista como paisaje en un país que recibía ese tipo de noticias como el pan de cada día. 

El reto es que esa importancia que se le da hoy a Tumaco desde el gobierno no se traduzca únicamente en más presencia de Fuerza Pública, sino en la llegada robusta del todo el aparato estatal. Entre tanto, la presión sobre los tumaqueños tiende a agudizarse, y conforme avanza el posconflicto reclaman mayor atención a sus necesidades y un verdadero plan integral que los saque de ese ciclo injusto de pobreza y violencia.
 


 

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Carlos Danilo Hernández Folleco octubre 09 de 2017

Tumaco necesita inversión social y productiva

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