Solo el 39% de las víctimas ha recibido atención en salud: Comisión de la Verdad

Maria Victoria Jiménez es bacterióloga y líder sindical de la Asociación Nacional de Trabajadores, ANTOCH, un sindicato de trabajadores y servidores públicos de la salud. Fue atacada por dos hombres en el 2009. Recibió 7 puñaladas, todas en sitios vitales, y tuvo que ser sometida a 12 cirugías de reconstrucción facial, dental y corporal. Hace una semana compartió su testimonio en el podcast de la Comisión de la Verdad La Verdad en Voz Alta.

Al igual que otros funcionarios y empleados de la salud, fue afectada por el conflicto armado. Su testimonio es uno de los que recopiló La Comisión de la Verdad para tratar la relación entre la violencia y la salud. Este viernes 18 de septiembre, a las 3:00 de la tarde, la entidad dirigirá el conversatorio ‘La verdad desde la salud rural y el conflicto armado’, para entender los impactos de la violencia en las víctimas y en los trabajadores de la salud. Maria Victoria es una de ellas. 

Según cifras de la entidad, la violencia ha dejado 1449 infracciones a la Misión Médica, 351 hechos de violencia sociopolítica y 86 casos de violencia contra sabedores ancestrales y tradicionales. Sólo el 39 por ciento de las víctimas han recibido atención en salud y la cobertura del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI) es tan solo del 1,2%.

Por su parte, si bien este programa del Ministerio de Salud y Protección Social ha aumentado su alcance, la cobertura a nivel nacional aún es una falencia. Hasta la fecha, solo se han atendido al 10 por ciento de las víctimas. Es decir, solo 700 mil u 800 mil personas.

Otro asunto es la salud mental y la atención psicosocial. De acuerdo con el CONPES de este año, “una de las principales barreras para lograr avanzar en la implementación de estrategias, acciones de política y planes de salud mental, es la falta de articulación de las políticas que inciden en la promoción de la salud mental y en la prevención de problemas mentales, violencias, consumo de sustancias psicoactivas, trastornos mentales y suicidio”. El Programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas del conflicto armado (PAPSIVI) asegura que, de los nueve millones de víctimas, el 95 por ciento tiene acceso a este tipo de atención.

Una evaluación del Ministerio de Salud demostró que entre el 25 y 30 por ciento de las personas que pasan por atención psicosocial han demandado menos atenciones en salud mental que las víctimas quienes no lo han hecho.

Expertos en promoción social de la salud concuerdan en que la atención psicosocial debería ser parte de los servicios del sistema y no un programa paralelo ni exclusivo para víctimas.
 

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Acceso a la salud en Colombia

Desde 2018, la Comisión de la Verdad ha investigado la relación entre salud y conflicto. Campesinos, afros e indígenas han denunciado la pobreza y la falta de acceso a alimentación adecuada, el acceso a agua potable y alcantarillados, el fortalecimiento del conflicto armado y la ausencia estatal. Mario Hernández, integrante de la Red de Salud y Paz, afirma que en estas zonas “se producen 4 veces más muertes maternas que en las ciudades por causas predecibles; mayor mortalidad de jóvenes diezmando la población joven para el campo y un paulatino desmantelamiento de la red y la misión médica por el conflicto”.

El coronavirus afianzó las brechas de inequidad para acceder a este servicio. Uno de los mayores problemas es la ubicación de los puestos de salud. De acuerdo con información del Comité Internacional de la Cruz Roja, si alguien en Juradó (Chocó) necesita llegar hasta la Unidad de Cuidados Intensivos debe viajar por río durante tres horas, y luego tomar un vuelo de 102 kilómetros desde Bahía Solano hasta Quibdó.

Otros problemas se derivan de las fumigaciones y el glifosato para erradicar cultivos de uso ilícito. Las víctimas denuncian que las economías extractivistas y el uso de químicos afecta la calidad del agua y el sistema respiratorio de quienes habitan en estas zonas.

Según la Comisión de la Verdad, hay distintas propuestas para resolver esta problemática, como reformas a los sistemas de salud que cuiden la vida en su integralidad con participación de las comunidades rurales y atención primaria en salud integral. Estas acciones también buscan la no repetición de los ciclos de violencia.

Las alternativas también obedecen al Punto 1 del Acuerdo de Paz, de Reforma Rural Integral, que contempla la creación de condiciones de bienestar y buen vivir para las poblaciones rurales: “La Reforma Rural Integral debe integrar  las regiones, contribuir a erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía”. Estas buenas condiciones implican el acceso a la salud.

Por su parte, los entes territoriales, las EPS y las IPS deben crear y mantener el protocolo de atención diferencial. También entender que las afectaciones físicas y mentales de las víctimas deben atenderse en el marco del conflicto armado. El Ministerio de Salud y el PAPSIVI priorizan este lineamiento para garantizar los derechos de la población. 

El conversatorio comenzará a las 3:00 p.m. y será emitido por los canales digitales de la Comisión de la Verdad. Contará con la participación de integrantes de ETCR del país y campesinos que viven en zonas alejadas, quienes compartirán casos significativos sobre su vida y su experiencia con el servicio de salud. Dentro de su mandato, la CUV ha priorizado el reconocimiento de los impactos del conflicto armado desde tres perspectivas: el de los responsables directos e indirectos, el de las víctimas para su dignificación, y el de la sociedad civil para entender la gravedad de estos hechos.

Dentro de la Ruta del reconocimiento ‘La verdad desde la salud’, la Comisión realizará otros dos eventos: el primero, sobre salud y medicina ancestral, será el lunes 21 de septiembre, y el acto central, el Encuentro por la Verdad, el jueves 24 del mismo mes.

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