Cinco meses sin recibir salario: la dura realidad de los profesores de Córdoba

abril 30 de 2020

Más de 300 profesores aseguran que llevan 5 meses esperando sus salarios y su liquidación de diciembre. Permanecen en silencio por miedo a perder su trabajo y recibir amenazas.

Cinco meses sin recibir salario: la dura realidad de los profesores de Córdoba

| Mientras las aulas siguen vacías, los profesores afectados se reúnen para encontrar soluciones. | Por: Cortesía profesores de la región


Por: Ángela María Agudelo Urrego
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Antes de que el coronavirus llegara al país, en el Sur de Córdoba las aulas ya estaban vacías. 8.700 estudiantes no han vuelto al colegio este año y más de 300 profesores no reciben su pago desde hace meses. La pandemia, además de significar una problemática de salud, evidencia la crisis laboral y educativa de una zona que ha sido atacada por la desigualdad y la violencia.

 

El año pasado, la Gobernación de Córdoba contrató a 351 profesores del sur del departamento, una región que comprende los municipios de Puerto Libertador, Montelíbano, Valencia, Tierralta y San José de Ure. El proceso se hizo a través de un tercero, la Iglesia Cristiana Jehová Edifica. El contrato de los ‘profes’ finalizó el pasado 13 de diciembre y hoy, casi cinco meses después, siguen sin salario y sin liquidación. A pesar de la deuda y las necesidades económicas que ha recrudecido la emergencia sanitaria, no les han dado razón a los docentes y a sus familias.

 

No llega el dinero. Los trabajos se hacen a medias y las peticiones que hace la comunidad no se cumplen”, dice un docente de Tierralta que dicta clases de primaria y, por razones de seguridad y por miedo a perder su trabajo, reserva su identidad. Recuerda las condiciones precarias en las que él y sus compañeros trabajan. Cada ‘profe’ está a cargo de un grupo de 30 a 45 alumnos, desde grado 0 hasta 5to de primaria. Todos, sin importar el curso, estudian en el mismo salón. Además, ni a la Gobernación ni al operador les importa que la jornada escolar inicie después de enero. Tarde o temprano, con jornadas más extensas u omitiendo los pagos, el intermediario “recupera” el tiempo escolar. Según sus cálculos, a cada profesor le deben entre $1’500.000 y  $2’000.000.

 

El salario es otro dolor de cabeza. De acuerdo al profesor, los salarios varían entre $1’100.000 y $1’200.000, un pago inferior a los docentes que pertenecen al Sistema General de Participación y que pueden ganar hasta un millón más.

 


Los profesores pertenecen a 14 instituciones educativas, que a su vez tiene 156 sedes educativas ubicadas, en su mayoría, zonas rurales. Los docentes atendieron a unos 8.700 niños, niñas y jóvenes del sur de Córdoba.


 

Como resultado del Acuerdo de Paz, los cinco municipios de la región hacen parte de proyectos para territorios víctimas del conflicto: el Programa de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA), el Programa de Seguridad Integral para las Comunidades y sus Organizaciones y los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Sin embargo, la realidad dista de lo propuesto. Una de las prioridades era fortalecer la oferta docente, pero aún rigen los contratos por tercerización y no hay garantías para el gremio. “La implementación del Acuerdo se ha dado de forma fragmentada en la región”, cuenta Victoria Sandino, senadora del Partido Farc, que ha acompañado a la comunidad.

 

Hace unas semanas, la senadora conoció la problemática y emitió un comunicado dirigido a los medios locales. Al parecer, la agenda mediática y las noticias referentes al coronavirus eclipsaron la noticia. No obstante, sus esfuerzos no pararon ahí. Junto a su equipo de trabajo, envió derechos de petición a la Gobernación de Córdoba, al Ministerio de Educación, al operador y a la Contraloría General de la República (CGR) con el fin de obtener respuestas sobre la tercerización. Hasta hoy solo las han recibido de los dos últimos. Más que soluciones, parece un juego de ida y vuelta en el que una entidad responsabiliza a la otra.

 

Por un lado, la Contraloría remitió la petición a la Gerencia Departamental Colegiada de Córdoba, adscrita a la CGR. En cuanto al operario, la Iglesia Cristiana Jehová Edifica asegura que ya pagó la nómina y que lo único pendiente es la liquidación. Según ellos, el contrato no ha finalizado y la Gobernación no ha cancelado su totalidad. Las cifras entregadas por la senadora Sandino indican que les deben alrededor de mil novecientos cinco millones de pesos, cifra que no les permite pagarles a los profesores. 

 

La Gobernación, por su parte, indica que ya pagó y liquidó el contrato con el intermediario. Otra preocupación son los niños inscritos del PAE, quienes pueden recibir este beneficio al asistir a la escuela. Ante la cuarentena nacional, la Gobernación optó por entregar paquetes alimentarios a cada estudiante matriculado. La entrega inició el pasado viernes 24 de abril y finalizará el 13 de mayo.

 

Las respuestas han causado más escepticismo que certeza. Tanto la senadora como los profesores cuentan que, en estos procesos de licitación o contratación de servicios, el operador debe tener la liquidez suficiente para cumplir el contrato. “El operador está obligado a garantizar la liquidación en los tiempos debidos y hacer los trámites que requiera para que la Gobernación cancele lo que debe”, dice Sandino.


«Esta carga no tiene porqué recaer en los profesionales, sobre todo en tiempos de crisis como la que hoy afrontamos. Las familias requieren mucho más apoyo para que pueda estar en confinamiento y en sus casas»

Senadora Victoria Sandino


 

La incertidumbre económica se deriva de un problema estructural: la tercerización. Las autoridades locales aseguran que es necesaria para el funcionamiento del sector educativo. Sin embargo, su historial demuestra que representa más errores que aciertos. La noticia del 2019 parece un déjà vu. Hace dos años, medios locales denunciaron que más de 300 profesores de ‘zonas rojas’ pasaron su año nuevo sin dinero. Ni salario, ni primas ni prestaciones. Incluso, los ‘profes’ denunciaron que los alumnos tampoco recibieron sus dotaciones académicas y que, por ejemplo en Tierralta, de 938 estudiantes, el sistema solo contaba 515 inscritos. Incluso, el ‘profe’ que dio su testimonio cuenta que este mecanismo se usa, en muchos casos, “para captar votos”. Al tener los datos de los docentes, los políticos les exigen su apoyo en el sufragio local.

 

Si bien este caso se ubica en el sur de Córdoba, la realidad no varía mucho en otras zonas del país. Según cifras compartidas por la senadora Sandino, “más de 19.000 docentes del sistema público educativo están contratados por operadores privados, afectando miles de estudiantes por el retraso del inicio en sus años escolares”.

 


«Con la firma del Acuerdo Final de Paz esperábamos un escenario que disminuyera las brechas de desigualdad, generara posibilidades de desarrollo escuchando a las comunidades, atendiera las necesidades reales del territorio y se generaran alternativas de economía para las familias cultivadoras de coca, amapola o marihuana»

Senadora Victoria Sandino


 

A pesar de las denuncias y el historial de la Iglesia Cristiana, los docentes se quedan callados y evitan los paros o las movilizaciones. Prefieren quedarse el silencio antes que perder su trabajo o convertirse en blancos de amenazas. La historia del gremio en la región recuerda que muchos abandonaron sus casas por ser víctimas de extorsión e intimidación. “Sentimos temor si hacemos algún ruido o reclamamos los derechos porque automáticamente somos estigmatizados y no nos contratan el año que viene”, cuenta el ‘profe’.

 

Mientras tanto, los docentes del Sur de Córdoba han realizado pequeños encuentros para discutir qué hacer ante la problemática. Además del acompañamiento, la senadora Sandino ha conversado con los afectados y dispuso su equipo de trabajo legislativo para orientarlos. También se han acercado a la Central Unitaria de Trabajadoras y la Federación Colombiana de Educadores en Córdoba para obtener una asesoría especializada, en caso de que la situación empeore.

 

La denuncia sigue. La senadora hace un llamado a las autoridades locales y a la Gobernación departamental para priorizar y resolver este problema. Profesores, estudiantes y comunidad esperan soluciones reales que alivien esta crisis educativa. Están cansados de escuchar excusas y ‘peros’. Anhelan que su profesión y trabajo sean reconocidos y que pronto puedan llenar las aulas que hoy se encuentran vacías.

 

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