Las mujeres en el campo no tienen garantizado el derecho al aborto

marzo 09 de 2020

Tras la decisión de la Corte Constitucional de mantener el aborto legal solo en las tres causales que contempló en su sentencia del 2006, poco se ha discutido sobre el tema en una población vulnerable como las mujeres del campo. Marta Royo, directora de Profamilia, habló con Semana Rural al respecto..

Las mujeres en el campo no tienen garantizado el derecho al aborto

| Marta Royo, directora general de Profamilia. | Por: Pilar Mejía


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Semana Rural: ¿Cuál es la realidad del aborto en las zonas rurales del país?

Marta Royo: Las mujeres presentan dificultad de acceso a servicios de anticoncepción y prevención del embarazo, por razones asociadas al nivel educativo, económico y social. El acceso a las consultas médicas también se ve limitado y la gran mayoría de las veces se da de manera tardía, debido a la ausencia de personal médico, centros de salud habilitados, equipos de diagnóstico adecuados e insumos en general (por ejemplo, pruebas de embarazo, anticonceptivo de emergencia). Culturalmente las mujeres acuden a bebedizos o brebajes para inducir al aborto, más que a la consulta médica, en parte por el temor a verse expuestas frente a su pareja o la comunidad, y por el desconocimiento de las tres causales.

Por temas culturales asociados al machismo, las mujeres se ven más expuestas a embarazos no deseados y a abortos inseguros. El estigma que existe alrededor del aborto, el cual es más acentuado en zonas rurales, impide a las mujeres acceder a información. En la gran mayoría de ocasiones ni siquiera se atreven a preguntar o lo hacen a escondidas de su pareja por el temor a reacciones de violencia.

 

En 2019 se registraron en Colombia 477 muertes maternas, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud.

 

S.R.: ¿A qué barreras adicionales se enfrentan las mujeres en estos territorios?

M.R.: Los hospitales de los municipios en su mayoría no practican abortos, ya que no cuentan con personal capacitado ni insumos para el procedimiento. Y, mientras son derivadas a las ciudades, las mujeres se ven condicionadas a los tiempos que toman los trámites. El personal de las EPS “interpreta” las causales, generando requisitos que no son reales ni legales como por ejemplo valoración por siquiatría o juntas médicas. Así mismo demora las citas y evaluaciones con el propósito de que la mujer cambie de parecer. Para las mujeres que habitan en zonas rurales y que responden por el cuidado de sus familias, verse sometidas a este tipo de demoras y dilaciones les hace casi imposible acceder a un aborto oportuno por la dificultad económica y la falta de tiempo.

Las mujeres en su gran mayoría no se enteran de su embarazo en estadio temprano y cuando deciden acudir a una interrupción voluntaria empiezan las trabas administrativas. Mientras tanto el embarazo avanza, llevándolas a abortar en edades gestacionales avanzadas. Las mujeres indígenas tienen dificultades para salir de sus comunidades y se enfrentan a barreras culturales, económicas, sociales y familiares para poder interrumpir su embarazo. El desconocimiento del marco legal del aborto genera miedo en las mujeres, pensando que acceder a él puede llevarlas a la cárcel o incluso a la muerte, dependiendo de su entorno.


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S.R.: ¿Cómo contribuiría la legalización del aborto a las mujeres en las zonas rurales?

M.R.: Sería un elemento más para promover la maternidad elegida como parte de la autonomía reproductiva en general y la calidad de vida. Con el aborto legal, se darían más fácilmente los elementos que se necesitan para que las decisiones reproductivas de las mujeres sean informadas, respetadas y tengan el apoyo que se requiere del Estado, lo cual tendría un impacto positivo en la salud pública. Al dejar de ser un delito y estar cubierto por el Plan de Beneficios en Salud, las entidades estarían obligadas a incorporar el servicio como uno más en su ruta de atención, garantizando que, en caso de no contar con personal idóneo, la mujer es remitida oportunamente a un centro que sí disponga de las condiciones adecuadas.

S.R.: ¿Qué se puede hacer desde el Estado para garantizar que las mujeres en las zonas rurales tengan garantizados sus derechos sexuales y reproductivos?

M.R.: Dar cumplimiento a las políticas públicas, la política nacional de sexualidad, las rutas de atención, fortalecer la presencia del Estado en el territorio, así como la cobertura en salud y el fortalecimiento de las instituciones del sector protección. El Estado puede intervenir en los casos en que los derechos sexuales y reproductivos se vean vulnerados, hacer cumplir la normatividad y garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. También puede emprender acciones de educación, información y comunicación frente a la anticoncepción y frente al derecho que tiene la mujer a decidir sobre su autonomía reproductiva. Sería muy importante que se capacite a las secretarias de salud departamentales para que garanticen el conocimiento de las políticas en salud sexual y reproductiva, las rutas de atención y con ellas el cumplimiento de la ley en el acceso oportuno a la interrupción voluntaria del embarazo.

S.R.: Una de las razones por las que las mujeres en las zonas rurales presentan más riesgos a la hora de acceder a un aborto es la estigmatización o las múltiples violencias por razones de género. ¿Cómo atender esta realidad?

M.R.: Construyendo planes a nivel territorial e intersectorial para la prevención de estas violencias y la garantía a los servicios de anticoncepción y aborto. Existen violencias que están naturalizadas por cultura y se asumen como un estilo de vida, tales como el machismo, la inequidad de género, los abortos forzados, la no elección de la maternidad. Esto se puede cambiar educando, sensibilizando, informando, desde temprana edad, a toda la población. Profamilia ha logrado el apoyo a las mujeres a través de proyectos sociales y acciones de educación e información empoderándolas sobre sus derechos, para generar agencia sobre las mujeres, niñas, adolescentes o jóvenes que permiten desnaturalizar prácticas de violencia. También debe capacitarse a los profesionales que atienden a esta población, especialmente a los estudiantes de medicina, sicología, personal administrativo, entre otros.

S.R.: La objeción de conciencia en las zonas rurales y dispersas del país deja a muchas mujeres sin alternativas para acceder a un aborto, aun cuando la Corte estableció que el profesional que se niegue a practicar el procedimiento debe garantizar que otro médico lo realice. ¿Cómo obligar a los prestadores de salud a que cumplan con esta disposición?

M.R.: La objeción de conciencia se utiliza para objetar la falta de políticas públicas frente al aborto. Los entes de control deben tener un mayor compromiso con los derechos sexuales y reproductivos. La Superintendencia Nacional de Salud debe fortalecer su papel de vigilancia y control, y entender que es un asunto de salud pública, que afecta principalmente a las mujeres más vulnerables y con peores condiciones económicas. Este es un delito discriminatorio. Hay que enfatizar el impacto del aborto legal versus el aborto clandestino. Faltan más seguimientos a los prestadores, identificar los incumplimientos, ejercer los controles y las sanciones. Las mujeres no se deben dejar enredar con la objeción de conciencia, esta no debe ser un obstáculo y no debe generar un ataque hacia el derecho.

S.R.: ¿Qué rol podría jugar el acceso a anticonceptivos en el caso puntual de las zonas rurales de Colombia?

M.R.: Puede disminuir la tasa de embarazo en adolescentes y los embarazos no deseados. Las mujeres podrán elegir en qué momento y bajo qué circunstancias desean o no ser madres. Se debe educar e informar frente a la responsabilidad compartida de la anticoncepción; no es algo exclusivo de la mujer. Actualmente la disponibilidad del recurso anticonceptivo es demasiado tardía, las EPS no garantizan los métodos o no los tienen de manera oportuna.

 

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