diciembre 30 de 2018

Apuesta por un desarrollo regional más equilibrado en 2019

Por: Ángela María Penagos

Sin duda, 2018 ha sido un año de transición para el campo colombiano. Se cierra un ciclo importante en el desarrollo territorial, en la reducción de las desigualdades y en la construcción de paz, al considerar el esfuerzo institucional y político que representó la construcción del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Fue un desafío para la institucionalidad pública y para las comunidades en los territorios. Implicó llegar a zonas aisladas por muchos años, convocar a la población y planificar de manera participativa. Representó un paso fundamental en la reconciliación y el desarrollo sostenible. Además, independiente del rumbo que tome este proceso, lo que se logró seguramente será una base de la transformación territorial.

Asimismo, se confirmaron los rezagos entre la Colombia urbana y la rural, la heterogeneidad territorial que persiste y el potencial no aprovechado. Este está representado, por un lado, en el deseo que tienen los habitantes de lograr mejores condiciones de vida y en un contexto económico más dinámico e incluyente sin desconocer su realidad. Por otro, en la oportunidad del Estado colombiano de llegar a zonas tradicionalmente marginadas, avanzar en un desarrollo más equilibrado y en consolidar la presencia institucional.

Las opciones que se identifican para estos territorios están principalmente enmarcadas en las actividades agropecuarias, como detonantes de la transformación territorial. Para que el sector agropecuario sea una fuente de crecimiento sostenible e incluyente, se requieren acciones que favorezcan el mejoramiento de la productividad y la competitividad. Las implicaciones abarcan una reconfiguración de la institucionalidad sectorial sustentada en un compromiso sólido sobre la implementación de políticas enfocadas a la generación de condiciones habilitantes para el desarrollo rural y agropecuario.

Se deben dejar atrás los mecanismos de transferencias directas para compensar temporalmente las brechas de productividad y de ingresos. Hay que enfocarse en la provisión de un conjunto de bienes y servicios que desarrolle el potencial productivo en los territorios y que esté respaldado por instituciones de confianza que favorezcan la cooperación entre los actores del territorio y la nación.

A pesar de la indiscutible tendencia en la reducción de la pobreza en Colombia en las últimas décadas, esta aún se presenta con diferencias en los territorios en cuanto al logro de mínimos sociales y de crecimiento económico. La situación no solo afecta a los más aislados y desconectados, también a los que tuvieron mayor incidencia armada -y en los que prevalecen las actividades ilegales-. Esto es un desafío porque el desarrollo de una agricultura competitiva e incluyente requiere de entornos favorables que potencien la actividad.

En un estudio del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural - Rimisp Colombia (2018) se encuentra que los municipios rurales dispersos tienen 2,8 veces más probabilidades de vivir en condiciones de pobreza que los predominantemente urbanos. Los más dinámicos en términos de crecimiento económico, sin contar la minería, son los que están en subregiones intermedias - alrededor de ciudades entre 100 y 400 mil habitantes y desde los que hay menos de 90 minutos de distancia para llegar a un municipio con unos 50 mil habitantes-.

Entre 2011 y 2015, estos municipios crecieron 4,4 % en el promedio anual mientras que el promedio nacional fue de 4,2 %. Los municipios rurales decrecieron. Por lo tanto, avanzar en políticas públicas eficientes requiere medidas más agresivas con instrumentos que consideren las diferencias territoriales y sobre todo que impulsen el desarrollo de los territorios teniendo en cuenta el sector agropecuario.

Un inicio en esta línea es el reconocimiento que el Plan de Desarrollo 2018-2022: Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad hace sobre la base del aprovechamiento de la funcionalidad territorial. En este se plantean las ventajas de las economías de aglomeración, de los vínculos urbano-rurales y el dinamismo de las pequeñas y medianas ciudades. Cobra aún más sentido al concebir que el desarrollo regional tiene entre sus objetivos la equidad de oportunidades para todos los ciudadanos, sin distinción del lugar donde nacen, crecen o viven.

Para 2019, se requieren acciones definitivas con el fin de progresar en esta apuesta de integración de los territorios marginados. Un primer elemento es que el diseño de las políticas sectoriales y sus acciones de implementación reconozcan estas diferencias. Las investigaciones de Rimisp también hallaron que las intervenciones diferenciadas territorialmente pueden tener efectos contundentes de corto plazo en el crecimiento económico y de largo plazo en la reducción de la pobreza.

Para el caso del sector agropecuario se encontró que se tienen resultados positivos de corto plazo en el desempeño económico en la mayoría de las tipologías de subregiones si se incrementa en un 10 % el porcentaje municipal de las Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) con acceso a asistencia técnica, agua y servicios financieros. Claramente, las derivaciones son más contundentes en la subregiones intermedias y rurales dispersas; un incremento del valor agregado per cápita no minero del 4,5 % y 4,2 % respectivamente.

Por lo tanto, un elemento esencial en esta transformación territorial es lograr que el sector agropecuario, como principal actividad económica de las áreas rurales, se convierta en una fuente de crecimiento inclusivo. Además, que se reconozcan las funcionalidades territoriales en el diseño de sus instrumentos y que resurja institucionalmente en cabeza de un ministerio, cuya función primordial sea impartir política pública y orientar el desarrollo agropecuario como un motor.

Para llevarlo a cabo es necesario contar con un aparato institucional concentrado en la creación de condiciones habilitantes focalizadas en la provisión de bienes y servicios públicos. Estas deben enfocarse en la competitividad, la productividad y la inclusión de los habitantes rurales en actividades sostenible y rentables.

Es una condición sin la cual no se puede trascender de un presupuesto enfocado en transferencias directas a uno orientado en intervenciones que favorecen la provisión de asistencia técnica y el acceso al crédito y al agua. Hay que aprovechar que actualmente el sector cuenta con un conjunto de agencias implementadoras que tendrían la capacidad de llegar a los diversos territorios y ajustar sus instrumentos a estas realidades.

Lo anterior no debe estar solamente a cargo del sector agropecuario. El logro de los mínimos sociales, el problema de la juventud rural, los conflictos socio-territoriales y la expansión de las actividades ilegales son realidades que requieren acciones muy concretas. La mirada a la Colombia rural es multidimensional, es un compromiso institucional, financiero y político de largo aliento.

 


*Directora de la oficina en Colombia de Rimisp - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Experta en temas de desarrollo rural y agropecuario con énfasis en la multidimensionalidad del problema del campo colombiano.


Las opiniones de los columnistas en este espacio son responsabilidad estricta de sus autores y no representan necesariamente la posición editorial de SEMANA RURAL.

 

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