Balance de la implementación del acuerdo de paz

El más reciente informe del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al Consejo de Seguridad sobre el trabajo de la Misión de Verificación de la Organización en Colombia se da en el marco de fechas claves: los dos años de la firma del acuerdo entre el Gobierno y las Farc y los 100 primeros días del presidente Iván Duque.

En este -que cubre del 26 de septiembre al 26 de diciembre de 2018- António Guterres destaca los logros alcanzados en términos de reactivar por parte de las autoridades las instancias acordadas para la implementación y seguimiento del acuerdo -como lo son la Comisión de Seguimiento, Promoción y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) y el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR)- con lo que se ha obtenido la aprobación de 20 proyectos colectivos y 29 proyectos individuales de excombatientes en proceso de reincorporación, valorados en 3,7 millones de dólares y que beneficiarán en total a 1.340 excombatientes (incluidas 366 mujeres).

También en este periodo, la Agencia para la Reintegración y la Normalización (ARN) realizó la adecuación de varios de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ECTR), donde aún vive un buen número de reinsertados, y resolvió así deficiencias detectadas en varios de los Espacios que presentaban un nivel inadecuado de servicios, seguridad y riesgo.

Otro logro significativo en este tiempo ha sido el avance en definir 13 de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en 170 municipios, elementos claves del acuerdo para cumplir el Punto Uno referido al Desarrollo Rural Integral.

La participación de varios sectores de la sociedad colombiana en el proceso de reincorporación es otro aspecto destacado. Las gobernaciones de Antioquia, Chocó, Cauca, Meta, Santander, Sucre y Valle del Cauca han facilitado mesas departamentales de reincorporación para coordinar y gestionar esfuerzos locales y regionales. Fundaciones y empresas del sector privado en Antioquia se unieron para apoyar el proceso de reincorporación en el ETCR de Llano Grande y han invertido en actividades con la comunidad rural para la escuela y los emprendimientos locales. Universidades y organizaciones juveniles, así como las comisiones de Paz de Senado y Cámara, han visitado varios ETCR para intentar aportar soluciones. El Fondo Multidonante de la ONU y las agencias del sistema de Naciones Unidas en Colombia brindan apoyo a la reincorporación de los excombatientes en estos Espacios y fuera de ellos.

Tal como lo señaló el secretario general: “La participación activa de las autoridades regionales y la armonización de los programas de reincorporación con los enfoques regionales y comunitarios serán ingredientes esenciales para el éxito”.

En cuanto a las preocupaciones Guterres, la principal tiene que ver con las condiciones de seguridad en varias de las zonas históricas del conflicto, en su mayoría territorios abandonados por las antiguas Farc. En estas zonas, el número de líderes sociales asesinados es alarmante y muchos exmiembros de las Farc también han sido víctimas. Los asesinatos se han concentrado en Antioquia, Cauca, Caquetá, Nariño y Norte de Santander. Se hace necesario el incremento de la presencia del Estado.

Además, en muchas de las comunidades indígenas han tenido lugar asesinatos, amenazas y desplazamiento forzoso. Esta situación está afectando territorios étnicos de los pueblos awá, embera chamí y nasa en Caldas, Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca.

Es importante la efectiva implementación de los planes y acciones lanzados por el Gobierno, como el Plan de Acción Oportuna (PAO) y como convocar a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), donde participan altos funcionarios del Estado y representantes de organizaciones de la sociedad civil, -pensada para diseñar estrategias frente a amenazas de los grupos ilegales y el desmantelamiento de la delincuencia organizada-.

Es otro elemento de relevancia la exitosa ejecución de los planes para afianzar la implementación de la paz, incluido el plan Paz con Legalidad -basado en los programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y que promete ser un esfuerzo amplio y articulado para estabilizar y desarrollar las zonas más afectadas por el conflicto, incluyendo los compromisos adquiridos con las víctimas, las comunidades involucradas en la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y los reincorporados-.

Las medidas eficaces de estos planes podrán cambiar las realidades de las regiones y así alcanzar la paz duradera que añoran, en especial las áreas rurales más apartadas del país.

Otra de las preocupaciones del secretario general es el tema de tierras. En los recientes meses se avanzó en la definición de canales legales para el acceso a la tierra de excombatientes, pero aún quedan temas por resolver: la comprar de predios para los proyectos productivos de los excombatientes, la situación de los ETCR después de agosto de 2019 y los nuevos puntos de reagrupamiento.

Entre tanto, uno de los retos que tienen las partes del proceso es el de la seguridad jurídica para los excombatientes, fundamental en la generación de confianza y el avance en la reincorporación social y política. Asimismo, a fin de lograr que mecanismos como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición o Comisión de la Verdad, entre otros, ejerzan su labor autónomamente.

Uno de los principales retos de la implementación es una mayor presencia del Estado en las zonas afectadas por el conflicto y una respuesta urgente al clamor de las comunidades -por seguridad, educación, salud, tierra, infraestructura y alternativas viables contra las economías ilegales-.

Los beneficios de la paz son irrefutables y queda mucho por hacer para consolidarla. El gran reto es acelerar la implementación del acuerdo y disminuir la polarización, de manera que la reconciliación nacional se logre. Así, el proceso de paz de Colombia seguirá siendo ejemplo para el mundo.
 

*Director de Verificación de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. Tiene 26 años de experiencia en coordinación de iniciativas de paz y en monitoreo de acuerdos de paz, facilitación de negociaciones entre autoridades y actores armados no estatales y verificación de acuerdos de paz y humanitarios. Ha trabajado para OEA, OCHA, PNUD, entre otras organizaciones.

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