abril 23 de 2021

Cabildos Abiertos: una aproximación pedagógica de política pública campesina

Por: Fabián Guttiérrez

La historia agraria en Colombia, no resuelta aún por la complejidad de sus dinámicas sociopolíticas, ha puesto en evidencia una ineficiencia sistemática del Estado para responder a las problemáticas del sector campesino, en especial a la gestión de la tierra y del agua. A pesar de los contados esfuerzos realizados en las diversas reformas agrarias, no ha existido una política pública que permita generar las grandes transformaciones que el país necesita en esta materia.

 

Como consecuencia, la planificación y administración del desarrollo rural están en deuda, por un lado, por el desconocimiento y desinterés de las dinámicas agrarias por parte del Estado y, por el otro, por falta de gobernanza y legitimidad ciudadana en los procesos que las definen. Adicionalmente, entre los partidos políticos antagonistas que pujan por el poder no existe una aproximación común en la que el campesino sea motivo de reconciliación y convergencia.

 

Las políticas agrarias en el país han estado, incluso, huérfanas en términos de arreglo institucional: no se cuenta con  un inventario sobre cuántos predios están aún bajo la condición informal de posesión y no existe una política pública agropecuaria sobre el uso, vocación y protección de la tierra y del agua. Sobre esto, la política general de ordenamiento territorial (2019) advierte, por ejemplo, que la legislación vigente no ha desarrollado instrumentos de gestión para el suelo rural y deja entrever implícitamente la ausencia de un catastro oficial sobre terrenos rurales.

 

A lo anterior se suma la incertidumbre jurídica con respecto a la definición del concepto de baldío en función de la propiedad y titulación de la tierra. Asimismo, y aunque en la actualidad el campesino es sujeto de derecho de especial protección, con enfoque diferencial en relación con su identidad cultural vinculada con su territorio, existe aún profundo desconocimiento institucional de esta situación, lo cual genera vacíos de solución legal frente a muchas de sus problemáticas.

 

De igual forma, las políticas agrarias no han estado acompañadas de manera significativa por la investigación académica. A pesar de que en los últimos años han surgido algunos grupos importantes de investigación académica y jurídica sobre las cuestiones agrarias, el Centro Nacional de Memoria Histórica en el documento La política de reforma agraria y tierras en Colombia (2013) señala que un factor determinante en la promoción ineficiente de políticas agrarias a lo largo de la historia colombiana ha sido la carencia casi absoluta de grupos de investigación especializados sobre el tema y dedicados a realizar su análisis, seguimiento y evaluación sistemática.

 

Este contexto motivó un proyecto de investigación en el programa de Doctorado en Estado de Derecho y Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca, que en la actualidad pretende analizar y discutir el impacto de la gestión institucional del desarrollo rural en Colombia, con sus implicaciones a través de las diferentes reformas agrarias y las problemáticas rurales actuales en el país.

 

Para ello, por iniciativa ciudadana y acatando la normatividad establecida en la actual emergencia sanitaria, se convocarán Cabildos Abiertos en diferentes momentos de las sesiones ordinarias del segundo semestre del año en curso, en las 32 Asambleas Departamentales para que, con ocasión de la construcción de la política pública del sector campesino contemplada en el Artículo 253 del Plan Nacional de Desarrollo (PND), un número representativo de diferentes actores de comunidades rurales, asumiendo un enfoque diferencial con las particularidades de cada región, tengan oportunidad de pronunciarse de manera directa sobre el asunto.

 

Tal ejercicio pretende, en consecuencia, propiciar espacios de diálogo desde perspectivas rurales en un escenario propio de la democracia participativa en el que los campesinos, desde sus territorios, que son substancialmente  diversos y “diferentes” entre sí, tengan oportunidad de construir de manera directa y autónoma, a la luz de sus propios conocimientos, habilidades e idiosincrasias y con el acompañamiento de fundamentaciones teóricas pertinentes, procesos y escenarios de participación ciudadana que promuevan una pedagogía emancipadora de democracia deliberativa, enmarcados en una experiencia ética de lo que Habermas denominó racionalidad comunicativa. En este escenario, y debido a su importancia y representatividad en el territorio nacional, las Juntas de Acción Comunal deberían constituirse como interlocutores importantes del proceso.
 

Por otra parte, en términos de aportes metodológicos de la investigación, se pretende diseñar, ante la ausencia de ésta, una metodología que, junto con los participantes, permita generar un encuadre de trabajo colaborativo basado en la noción de comunidad de investigación acción participativa – IAP–, con el fin de sacar adelante un estándar metodológico novedoso, desde un enfoque sistémico, que promueva el escenario del Cabildo Abierto como un lugar ideal para la celebración de una ciudadanía activa y responsable en cuanto a la participación y la deliberación.

 

Simultáneamente, a la luz del Estatuto de Participación Democrática (Ley 1757 de 2015) y la normatividad vigente, se analizará la fuerza vinculante que tienen estos encuentros ciudadanos como espacios eficaces de decisión y su delimitación en los asuntos materia de debate; se conoce que su alcance es de nivel local, aunque permite en forma tácita la discusión de asuntos de interés y problemáticas que, por enfoque diferencial, resulten de competencia territorial aun cuando pudieran ser de iniciativa y relevancia nacional.

 

Existe, sin embargo, un referente que en la práctica permite inferir lo anterior y vincula este ejercicio de manera estrecha con la experiencia de los Cabildos Abiertos realizados por iniciativa ciudadana en el año 2017 en 13 municipios del departamento de Casanare, en donde cerca de diez mil personas se pronunciaron sobre la Reforma Rural Integral –RRI– suscrita entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las FARC en el marco del Acuerdo de la Habana; estas voces hoy, ciertamente, son un recurso valioso.

 

No en vano, se espera que el Gobierno nacional, al margen de condicionamientos tecnocráticos y en virtud de tutelar lo consagrado en el Artículo 103 de la Carta, participe activamente y adopte una postura de garante de esta iniciativa popular y de articulador, en caso necesario, con las entidades territoriales anfitrionas de los encuentros. También, con ocasión de lo dispuesto en el artículo 253 del PND, resulta importante que el Gobierno vincule esta iniciativa de forma complementaria con el trabajo que se viene efectuando en relación con este tema con los voceros de otras formas de asociación campesina, con la información recopilada por el DANE y, finalmente, con los aportes que desde la academia y la comisión de expertos del campesinado tengan oportunidad de realizar.

 

En síntesis, esta propuesta pretende estructurar y sistematizar un proyecto de investigación claro, pertinente y consistente que será publicado, en relación con el Cabildo Abierto como herramienta pedagógica y metodológica de soberanía popular capaz de promover la deliberación y la participación ciudadana del campesinado colombiano. Una propuesta que permita, igualmente, emprender en prospectiva un camino de liderazgo ciudadano en sinergia con otras formas de manifestación (delegada, política, académica y tecnócrata), hacia la construcción participativa de una agenda de reconciliación agraria en Colombia: la gobernanza de la tierra y la gobernanza del agua.


Fabián Gutierrez es vocero de Cabildos Abiertos Política Pública sector campesino, y candidato a Doctor en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca.


 


Las opiniones de los columnistas en este espacio son responsabilidad estricta de sus autores y no representan necesariamente la posición editorial de SEMANA RURAL.


 

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