¿Por qué Colombia sigue perdiendo la pelea contra la coca?

octubre 07 de 2018

A pesar de que el gobierno creó un programa para la sustitución de cultivos de uso ilícito y hay voluntad de los cultivadores para cambiar de actividad, el número de hectáreas con coca continúa creciendo. ¿En qué se está fallando? .

¿Por qué Colombia sigue perdiendo la pelea contra la coca?

| Por medio del PNIS, se sustituyeron voluntariamente más de 49.000 hectáreas de coca hasta la mitad de 2018. La meta de 2017 era de 100.000. | Por: Carlos Julio Martínez | REVISTA SEMANA


Por: José Puentes Ramos
josedapuentes

El pasado 19 de septiembre, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Colombia reveló los resultados de su informe anual sobre los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito en el país. La noticia de ese día fue el incremento en un 17 por ciento de las hectáreas sembradas con coca, respecto al año anterior: la cifra en 2016 era de 146.139 y en 2017 llegó a 171.495.

El aumento es una tendencia en este monitoreo de UNODC –que se soporta en información cartográfica y bases de datos del gobierno nacional– desde 2013. Según este organismo, de 2007 a 2012 la estadística en esta materia iba en descenso. Pero desde 2013 la curva giró hacia arriba. En cinco años el aumento fue de 256 por ciento. Por otro lado, la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos (que también hace monitoreo) aseguró en junio que Colombia pasó de tener 159.000 hectáreas de coca en 2015 a 209.000 en 2017

 

La cifra de hectáreas con coca 2016 era de 146.139. En 2017 llegó a 171.495, sufrió un incremento del 17 por ciento.  © NATALIA BOTERO DUQUE | REVISTA SEMANA


 

Con el fin del conflicto armado entre el gobierno y la guerrilla de las Farc se abrió la posibilidad de que miles de familias campesinas dedicadas a los cultivos de uso ilícito dejaran esa actividad y, por el contrario, invirtieran su trabajo en proyectos productivos en agricultura, ganadería, turismo y otras actividades económicas lícitas. Esa oportunidad se tradujo en dos aspectos: la llegada del aparato estatal a regiones que históricamente estaban abandonadas y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

Esta estrategia se puso en marcha meses después de la firma final del acuerdo de paz, en noviembre de 2016, pero se planeó durante los diálogos de La Habana, que empezaron en 2012. Con un programa como el PNIS y la voluntad del gobierno y los campesinos cultivadores para participar en la reconversión de zonas afectadas por el narcotráfico, ¿por qué Colombia no ha logrado reducir el número de hectáreas sembradas con coca? ¿En qué se viene fallando?


 

Juan Carlos Garzón Vergara, director del área de dinámicas del conflicto en la Fundación Ideas para la Paz, señala que el gobierno se fijó una meta de sustitución y erradicación difícil de cumplir en tan corto tiempo. “El presidente Santos, por entonces, habló de reducir 100.000 hectáreas en un año. Una mitad por medio de la erradicación forzada y la otra con el PNIS. Pero en 2017 los recursos y esfuerzos se dedicaron a crear los acuerdos colectivos con las comunidades, que es el primer paso del programa. Por eso, en su primer año, no se ven resultados inmediatos”.

En el PNIS, de acuerdo con un informe publicado por Ideas para la Paz el pasado agosto y elaborado con información del programa, hay 123.225 familias en acuerdos colectivos y 83.161 vinculadas con el PNIS hasta el 15 de julio. De ese último número, 52.277 recibieron al menos uno de los pagos de dinero por quitar voluntariamente las matas de coca de sus fincas o territorios, que en cuentas de UNODC fueron 49.094 hectáreas erradicadas. Pero la asistencia técnica para los proyectos productos, clave en el andamiaje del programa, no ha cumplido con las expectativas. Apenas 29.552 familias han recibido esa ayuda. Esto significa que el programa avanza, pero de manera lenta.

 

Actualmente hay 123.225 familias vinculadas a los acuerdos colectivos del PNIS.  © NATALIA BOTERO DUQUE Y LEÓN DARÍO PELÁEZ | REVISTA SEMANA


 

“El programa iba sobre la marcha, no con recursos fijos sino con los necesarios a medida de su implementación. Cumplir la meta de las 100.000 hectáreas es una tarea mayúscula si se tiene un número pequeño de funcionarios y un presupuesto no bien definido, apunta Garzón Vergara, quien agrega que la etapa de definición de las comunidades sobre con qué proyectos productivos quieren sustituir los cultivos de uso ilícito demoró la ejecución del PNIS. “El programa tiene un esquema (por lo menos en el anterior gobierno) en la toma de decisiones, donde participan las organizaciones que representan a las familias cocaleras y a los exmiembros de las Farc. Eso implicó retrasos y que se empezaran a ver resultados a finales de 2017 y en el primer semestre del 2018”.

Arnobiz Zapata, uno de los voceros de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), comenta que las hectáreas no se han podido reducir por la falta de oportunidades en el campo y la crisis que este sector viene sufriendo. “Las Farc salieron de las regiones y la gente pudo retornar. Pero como lo que da es la coca, se dedican a eso. Las condiciones de los territorios siguen siendo las mismas después del conflicto: no hay carreteras, no tenemos reforma rural integral. La coca es lo que da de comer a la gente”.

 


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UNODC, en su informe, hace referencia al incremento en el rendimiento de la hoja de coca como uno de los posibles factores para que aún Colombia no solucione el problema de los cultivos de uso ilícito. Si en 2012, en promedio anual, se producía 200.718 toneladas de hoja de coca, en 2017 aumentó a 958.378. Esto traducido a cantidades de cocaína significa que el país pasó de producir 309 toneladas a 1.379. Los narcotraficantes lograron rendir la hoja de coca y mejoraron el negocio en seis años.

El organismo estima que la hoja de coca que se produce en los 10 municipios con más hectáreas cultivadas mueve 890.232 millones de pesos cada año, cantidad de dinero que sobrepasa a la sumatoria de los presupuestos estatales anuales de estos pueblos, que da 577.000 millones.

 

Fuente: Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos / Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

 

Imagen de un sobrevuelo sobre hectáreas de coca cultivadas en Nariño. © OFICINA DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC)


 

 

 

 

El alto consejero para el Posconflicto, Emilio Archila, aseguró que el PNIS les cumplirá a las familias vinculadas en el programa. La aclaración surgió tras la duda sobre la nueva política antidrogas del Gobierno del presidente Duque, donde se avecina el regreso de la aspersión aérea con glifosato sobre cultivos ilícitos y el impulso a la erradicación manual forzada. A los campesinos que están dejando los cultivos de uso ilícito les preocupa el retorno de estas prácticas, pues ven el PNIS una posible salida a su situación, a pesar de que avance lentamente.

“El PNIS es un programa que no se planeó para toda la vida. Se planteó para familias que tengan cultivos hasta agosto de 2016. Unas 130.000 familias firmaron al nivel colectivo y unas 80.000 ya lo han hecho en la parte individual y reciben los pagos; otras 95.000 han firmado y están en proceso de validación. A todas esas familias que ya han firmado, el compromiso es cumplirles”, dice el funcionario. Los recursos hasta diciembre fueron asegurados (un poco menos de 500 millones de pesos), pero falta definir el presupuesto del programa para 2019.

 


Por: José Puentes Ramos - @josedapuentes

Editor regional Sur y Bogotá de SEMANA RURAL

 

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