febrero 26 de 2019

Desenterrar la verdad: las deudas del Estado con las víctimas de desaparición forzada

Por: Laura Posada Orjuela

Si en Latinoamérica se habla de víctimas de desaparición por conflictos o violencia, se piensa en Argentina, su dictadura y las 30.000 personas que desaparecieron en los vuelos de la muerte; en Chile, Pinochet y sus casi 3.000 víctimas de desaparición; o en Guatemala, sus 40.000 desaparecidos y el casi exterminio de los indígenas mayas ixiles con masacres de la dictadura.

El escenario es aterrador, pero en Colombia ha sido peor. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) hay más de 83.000 desaparecidos, es decir, más que la suma de las víctimas de Argentina, Guatemala y Chile. Se sabe que algunos de los cuerpos de esos desaparecidos están en cementerios públicos, en fosas comunes, en guarniciones militares, y otros muchos fueron arrojados a los ríos, como los que están bajo el agua de Hidroituango.   

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fijó recientemente su mirada en Colombia, luego de las denuncias y solicitudes de 18 organizaciones de la sociedad civil que el pasado 15 de febrero expusimos la magnitud de la desaparición forzada en una audiencia en Sucre, Bolivia.

Uno a uno, los participantes expresamos nuestras preocupaciones en torno a tres temas: la búsqueda de los desaparecidos, la urgencia de proteger los cementerios y sitios irregulares de entierro, y la participación de las víctimas en las entregas de cuerpos de sus seres queridos.

Las búsquedas 

En Colombia se registran casos de desaparición forzada desde 1977.  Las investigaciones sobre los responsables y los procesos de búsqueda han sido insuficientes y desarticulados: hay un alto índice de impunidad y miles de personas siguen sin conocer qué ocurrió con sus seres queridos.

Sabemos cómo se utilizó la práctica de enterrar los cuerpos de las víctimas como “personas no identificadas” (PNI) en los cementerios públicos y en otros sitios irregulares para ocultar delitos como los llamados falsos positivos.

Las cifras del Meta reflejan la dimensión de este fenómeno: a febrero de 2018, de 2.304 personas sepultadas como no identificadas en cinco cementerios del departamento, 1.674  fueron presentadas por el Ejército Nacional como muertas en combate. Algunos sí eran combatientes, pero en muchos otros casos, los procesos judiciales han demostrado que no tenían ninguna relación con el conflicto armado e incluso portaban sus documentos al momento de  los hechos.

A pesar de que el CNMH es la institución que mejor ha documentado la desaparición forzada, se estima un alto subregistro que puede llevar a que el número de desaparecidos ascienda a los 100.000.

Colombia ha suscrito un marco normativo para proteger a las víctimas y una reglamentación específica para el manejo de cuerpos de personas no identificadas (PNI) en los cementerios. Pero, en la práctica, la situación es dramática pues hay riesgos permanentes de extravío de los cuerpos, pérdida de documentación, abandono o desdén en el manejo de los cementerios, riesgos ambientales, bajas condiciones de salubridad y falta de personal adecuado.

Cuidar los cementerios

En algunos cementerios de Colombia no existe respeto por las personas que han fallecido, por lo que es común que sus huesos estén expuestos en el suelo o mezclados con los de otras personas, incluso en medio de residuos como botellas de alcohol. La situación es mucho peor en las fosas comunes y sitios irregulares que no registran una sola medida de protección.

Se han identificado casos específicos de cementerios que se encuentran en estado crítico, como el de Tumaco, uno de los municipios más afectados por la violencia en Colombia, o el de San Antonio en Montería, donde posiblemente hay víctimas de la Masacre de Pueblo Bello. Desde hace más de 20 años se sospecha que en estos cementerios pueden estar las víctimas, pero sobre sus cuerpos han enterrado a más personas no identificadas, lo que dificulta o hace imposible identificarlos.

Las entregas dignas

Como sociedad civil también informamos a la CIDH que las instituciones estatales no siempre cumplen los protocolos de entrega digna de los cuerpos de las víctimas que han sido identificadas. En algunas entregas no les permiten a las familias participar en la preparación de las ceremonias, ni conocer los procesos que siguieron para identificar los cuerpos.

Finalmente, se alertó a la Comisión sobre la importancia de que el Gobierno Nacional, en el marco del respeto y garantía de los derechos de las víctimas a una reparación integral y a la paz, suministre los recursos suficientes a las entidades del Sistema Integral como la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), para que pueda cumplir con su mandato. La Unidad ha debido enfrentar, a solo meses de ser creada, una gran reducción presupuestal.

En conclusión, para cumplir con la construcción de una paz estable y duradera, ante la violenta arremetida contra el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de No Repetición (SIVJRNR), la sociedad civil solicitó a la CIDH que dirija un proceso de seguimiento y que recomiende al gobierno colombiano atender con prontitud y eficacia la búsqueda, identificación, entrega digna de las personas desaparecidas; además le pidió realizar un acompañamiento especializado para que el Estado colombiano cumpla sus deberes y compromisos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

 


POR:Laura Posada Orjuela | @CsOFB

Abogada del Colectivo Orlando Fals Borda


 

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