julio 29 de 2019

La tendencia al atajo

Por: Andrés Felipe Herreño

El pronunciamiento de la Corte Constitucional dando alcance a la suspensión de la aspersión aérea con glifosato le plantea al Gobierno del Presidente Duque la necesidad de buscar salidas sostenibles e innovadoras y generar acuerdos fundamentales alrededor del problema de las drogas en Colombia.

En febrero, el país escuchó del presidente Duque cómo enfrentar los cultivos ilícitos y el narcotráfico: una batería de instrumentos para responder a los acuerdos del programa de sustitución y reforzar la aproximación en defensa y seguridad que facilite la presencia del Estado en el territorio.

Sin embargo, en la Audiencia de seguimiento a la sentencia T-236/2017 citada por la Corte Constitucional sobre el uso del glifosato, el enfoque holístico apuntó a la represión. El Gobierno centró la discusión en la amenaza que suponen más de 200 mil hectáreas de coca y en la necesidad de contar con todas las herramientas para enfrentar el problema, incluido el glifosato.

 

 

Cinco meses después, no es claro cuál es el abordaje institucional que implemente los instrumentos diseñados. En un país polarizado, la solución a partir de la transformación territorial se constituye en el gran pacto que el presidente puede ofrecerle al país y a más de 1 millón de colombianos que viven de la siembra de la coca.

Hoy un campesino cultivador de coca, en poco menos de 1 hectárea, recibe en promedio unos 500 mil pesos al mes, tiene asegurada la venta de la producción y canales de comercialización cercanos a su vivienda. Entonces, ¿Por qué no hemos sido capaces de considerar estos factores como aspectos centrales en las estrategias de sustitución sumado al desarrollo territorial de estas zonas?

Si bien es cierto que los costos del Programa de Sustitución de Cultivos son elevados (2,7 billones de pesos), asumir que la única forma para sacar adelante procesos de sustitución es a través de contraprestaciones económicas es condenar esta herramienta.

El desarrollo económico de territorios con cultivos ilícitos pasa por el fortalecimiento de capacidades territoriales, implementación de bienes y servicios públicos y la generación de oportunidades para los campesinos. Aquí no hay nada nuevo, considerando que el acuerdo con las FARC ya incluye esta aproximación en el punto de desarrollo rural y el de lucha contra las drogas ilícitas. Aspecto reiterado por la Corte en su pronunciamiento de Julio.
 


En un país polarizado, la solución a partir de la transformación territorial se constituye en el gran pacto que el presidente puede ofrecer.


 

Lo novedoso sería migrar hacia esquemas público-privados donde se cambie la manera de gestionar y operar los proyectos. Los socios para el desarrollo de estas iniciativas serían los campesinos cultivadores y no cultivadores de coca, y por el otro, el operador sería la empresa privada que garantice la operación del proyecto, la asistencia técnica y la compra de la producción, operando los proyectos mientras estos tienen un flujo de caja positivo.

Generar al menos dos salarios mínimos legales a los campesinos implica, en el caso productivo, implementar grandes apuestas en un número determinado de hectáreas lícitas sembradas que permita el ingreso deseado. Esto no sucede de un día para otro y requiere de trabajo y voluntad para empezar a cambiar las condiciones de las regiones con cultivos ilícitos.

En esta aproximación se genera empleo rural, lo cual no solo afecta la informalidad, sino también disminuye la pobreza rural. El campo se constituye nuevamente en un jalonador de la economía y hay un gana-gana para los actores involucrados.

Según Vanda Felbab-Brown, experta estadounidense en delincuencia organizada, una aproximación aislada a la erradicación forzosa refuerza el capital político de los grupos que controlan el negocio, tiene efecto cortoplacista y genera insubordinación y por ende ilegitimidad del Estado.

En ese sentido, recurrir al glifosato como apuesta prioritaria se relaciona más con esa tendencia al atajo que como sociedad hemos tratado de combatir hace más de 30 años.

La disrupción en la lucha contra las drogas no se logra quitándole la luz a productores de coca o marihuana, se logra renunciando a repetir los fracasos del pasado y poniendo a los seres humanos en el centro de la discusión.

¡Suscríbete!

Y recibe primero una selección de los mejores contenidos y novedades de SEMANA RURAL. Nada de spam, promociones comerciales ni cosas aburridas.

Ingresa el correo que más utilices, gracias por ayudarnos
Autorizo el tratamiento de mis datos conforme a la política de tratamiento de datos de SEMANA.




¡Comparte!



Foto de perfil del autor del comentario






Semana Rural. Un producto de Proyectos Semana S.A. financiado con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a través del programa de Alianzas para la Reconciliación operado en Colombia por ACDI/VOCA. Los contenidos son responsabilidad de Proyectos Semana S.A. y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos.