Así votan en los confines de Colombia

octubre 25 de 2019

Recorridos en lancha, viajes de tres días y hasta la presencia de traductores de lenguas indígenas caracterizan la jornada electoral en municipios apartados de Cauca, Chocó, Guainía y Vaupés, donde ejercer el derecho al voto bien puede compararse con una expedición. .

Así votan en los confines de Colombia

| La población indígena es una de las más afectadas con el difícil acceso a los puestos de votación. | Por: Archivo Semana


Por: SEMANA RURAL
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Solo los aviones pueden sortear los 170 kilómetros de selva que separan a Mitú de Bocas de Taraira, una población situada al sur del Vaupés, en la frontera con Brasil. Hasta allí volarán durante una hora y media los delegados de la Registraduría hasta aterrizar en una tupida selva sin carreteras donde los ríos marcan las rutas: el Vaupés, el Apaporis, el Taraira, el Querari, entre otros. 

En el mismo departamento, pero al norte, queda Yavaraté, un municipio tan cercano a Brasil, que se habla del Yavaraté colombiano y del brasileño. En esa población estará este 27 de octubre Erica Fernanda Hernández, delegada en la única mesa de votación dispuesta para atender a unos 500 sufragantes de las comunidades tucano, desano, piratapuyo y tariano, que en su mayoría llegarán en canoa para ejercer su derecho al voto.

Durante los días previos a las elecciones, hay mucho movimiento en los ríos de la Orinoquía. Por las aguas de río Guaviare pasan personas de los pueblos indígenas, familias enteras con sus perros y gallinas, como si los esperara una fiesta. La jornada electoral representa para muchos la única oportunidad de salir hacia las cabeceras municipales. Por eso votar es una aventura cuyo destino es incierto, ya que en algunas regiones encontrar los puestos de votación es todo un desafío.

Según un análisis de la MOE, 360 municipios presentan dificultades para acceder a los puestos de votación. A pesar de los esfuerzos por llevar el sufragio a los rincones del país, la accesibilidad electoral se ha convertido en un obstáculo para la participación y la democracia.


Los 360 municipios identificados equivalen al 32% de los municipios del país.


 

El estudio clasificó la dificultad de acceso según la superficie del municipio y el número de puestos distribuidos, bajo las categorías de riesgo medio (128 municipios), alto (118) y extremo (114).


Camilo Vargas, coordinador del Observatorio Político de la MOE, identifica dos grandes problemas que incrementan el riesgo de acceso: el marco legal y el vacío informativo. “Las elecciones -comenta- están diseñadas para las ciudades y los pueblos, no para las veredas y las pequeñas comunidades”.

El punto de Participación Política del Acuerdo de Paz estipula adoptar “mecanismos para facilitar el acceso a los puestos de votación de las comunidades que habitan en zonas alejadas y dispersas”. Esto no se ha cumplido a cabalidad. Además, el Código Electoral de 1986 limita la posición de los puestos y los ubica de manera exclusiva en cabeceras, corregimientos e inspecciones de policía. No contempla veredas o asentamientos con menos de 400 sufragantes. Muchas zonas tienen esa cantidad de pobladores pero debido a la baja tasa de inscripción, no registran el mismo número de cédulas.

Por otro lado, falta información sobre dónde están los puestos, la gente y en qué lugar podrían ubicarse nuevas mesas. Esto impide realizar un diagnóstico preciso de las votaciones a nivel nacional y el desarrollo de medidas que garanticen el cumplimiento de las propuestas políticas y legales.

No solo la geografía limita a los votantes en estos territorios. Los altos costos de desplazamiento también son determinantes. Esto ocurre en el corregimiento de Barrancominas, en Guainía, donde los indígenas inician su viaje para votar dos o tres días antes de la jornada electoral. Para ejercer su derecho, deben pagar $14.000 por galón de gasolina, aceite, el préstamo de un motor para lancha y el alquiler de una embarcación. Quienes no cuentan con el dinero suficiente, llegan a los puestos de votación remando, siempre y cuando las distancias no superen los dos días de navegación.
 

Los departamentos con menor cantidad de puestos de votación son Amazonas y Guaviare, con 20; Guainía y Vaupés, con 21, y Vichada con 36. San Andrés solo tiene ocho puestos pero no posee altas dificultades de acceso. © Archivo Semana.


En medio de estas dificultades, para muchas comunidades la jornada electoral es una aventura. Como afirma Cristina Morales, delegada de la MOE en el departamento, se vive una “fiesta democrática”.

En otros lugares del país, lejos de una fiesta, se respira la zozobra impuesta por los grupos armados. De acuerdo con la MOE, 152 municipios del país presentan riesgo de violencia en las elecciones. Las zonas más afectadas son Bajo Cauca, Urabá, Arauca y Tumaco, donde operan, entre otros, el  ELN, los Pelusos, las Bacrim y las disidencias de las Farc. Solo en Tumaco se han identificado 17 grupos criminales.

Un informe de la fundación Paz y Reconciliación (Pares) indica que el departamento más afectado por la violencia política es el Valle de Cauca, que desde el 27 de octubre de 2018 hasta el 11 de octubre de 2019 registra 25 víctimas (17 amenazas, cinco asesinatos y tres atentados).

 

Indígenas y afro


La situación es más crítica para afros e indígenas. Las zonas más afectadas por el acceso a la votación coinciden con los asentamientos de estas comunidades. De los 360 municipios identificados, el 65% concentra resguardos indígenas y el 43%, consejos comunitarios.


  • 82 municipios con resguardos indígenas tienen dificultad extrema de acceso a puestos de votación. Esta cifra equivale al 45% de los resguardos indígenas del país.

 

  • El 55% de los territorios con consejos comunitarios presentan riesgo alto y extremo de acceso a los puestos de votación.

     

En Toribío (Cauca) el gran reto es garantizar la seguridad en las zonas rurales, ya que la policía solo opera en el casco urbano del municipio. De acuerdo con el alcalde, Alcibíades Escue Musicue, en su región la Registraduría coordina con las autoridades indígenas Nasa, que garantizan la tranquilidad en la jornada electoral. Los Kiwe thegnas, como se conoce a los cuidadores y cuidadoras del territorio, acompañan a los jurados de votación y los delegados de la Registraduría en los ocho puestos de votación de la zona rural, algunos ubicados a más de una hora y media por carretera destapada del casco urbano. “Cuando operaban las Farc –cuenta el alcalde– era la guardia indígena la que evitaba que las votaciones fueran saboteadas”.

Mientras tanto, en Chocó los principales beneficiados son los grupos y movimientos políticos que “respaldan” el derecho al voto. Con una intención doble vía y sin importar los costos para su campaña, pagan el transporte y la alimentación de algunos habitantes hasta las cabeceras municipales o los corregimientos donde están los puestos de votación. Eso asegura algunos tarjetones a su favor.

Para Napoleón García, delegado de la MOE en el departamento, más que una ayuda es un intento para capturar el voto de la población. “Esto implica un cierto condicionamiento clientelista a quienes transportan, a quienes les dan la comida, a quienes los traen y los llevan para dar una dádiva”, dice.
 

Según cifras de la Registraduría, se instalaron 107.305 mesas en 11.590 puestos de votación en el país. ©José Puentes Ramos


Estos sufragios patrocinados se derivan de un problema estructural como la baja densidad poblacional. De ahí se derivan la ubicación e inscripción de los puestos, así como los altos índices de ausentismo y abstención electoral. Por ejemplo, el departamento alcanzó el 60% de abstención en las dos vueltas de las elecciones presidenciales.

Otro suceso revelador fue el plebiscito. Por falta de recursos económicos, parte de los indígenas no ejercieron su derecho al voto y los pocos embera que lo lograron, necesitaron de un traductor. Camilo Vargas comenta que “toda la logística electoral está adecuada en español”, algo que afecta el carácter autónomo y confidencial de las elecciones.

Bajo esa dinámica, los políticos también ganan. García comenta que, en ocasiones, las comunidades hacen acuerdos para recibir bienes, como un motor de lancha para el pueblo o un arreglo en la infraestructura local. Esto garantiza diez o quince votos para el candidato. ¿Cómo se logra esta cantidad? Dentro de las urnas, los maestros indígenas y aquellos que saben leer ayudan a la población analfabeta marcando sus tarjetones a favor del aspirante. “No son cosas santas ni católicas pero ya son cotidianas”, dice García.
 

La población analfabeta o que no habla español requiere de un acompañante para hacer efectivo su voto. © José Puentes Ramos


Los procesos electorales en Colombia son el reflejo de un país desigual cuyas brechas sociales están lejos de cerrarse. Intimidación y violencia, dificultad de acceso y movilización limitada determinan las votaciones en muchos lugares remotos del país. El gran reto sigue siendo acercar las urnas para que las comunidades ejerzan su derecho al voto sin contratiempos, con las garantías de quienes habitan las ciudades.

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Semana Rural. Un producto de Proyectos Semana S.A. financiado con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a través del programa de Alianzas para la Reconciliación operado en Colombia por ACDI/VOCA. Los contenidos son responsabilidad de Proyectos Semana S.A. y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos.