octubre 01 de 2018

Comunidades étnicas y licencias ambientales: debate sobre la afectación directa

Por: Fredy Ordónez Gómez

Entre los empresarios y la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior ha predominado el entendimiento de la certificación de no presencia de comunidades étnicas, como no afectación directa a estas por el proyecto para el cual se pide una licencia ambiental.

Ese entendimiento limitado ha llevado a que se presenten muchos casos en los que lo constatado no corresponda con la realidad. Por ejemplo, en el marco de la expedición de la licencia ambiental del Puerto Multipropósito de Brisa S.A., el Ministerio del Interior certificó en nueve oportunidades la no presencia de comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto.

Contrario a ello, la Corte Constitucional reconoció la afectación y amparó el derecho a la consulta previa de los pueblos Kogi, Arhuaco, Kankuamo y Wiwa en acción de tutela, interpuesta por el ILSA, como apoderado de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada.

En el 2012 la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, mediante la resolución No. 0032, otorgó licencia para la construcción de un terminal portuario especializado de gran calado, a pesar de que el Incoder -como se lee en la misma licencia- certificó que el área de interés se cruzaba o traslapaba con territorios legalmente titulados a comunidades étnicas.

En 2016 la resolución No. 0078 modificó la licencia y nuevamente se desconoció la presencia de grupos étnicos y su afectación directa por Puerto Antioquia. Paradójicamente, la Dirección de Consulta Previa, que niega en sus certificaciones la existencia y afectación del Consejo Comunitario de Puerto Girón por el proyecto, estaba dispuesta a participar y a firmar un Acuerdo de Concertación entre la empresa Puerto Bahía Colombia de Urabá y los representantes del Consejo Comunitario el pasado 14 de junio de 2018.

Si no hay afectación, ¿para qué un acuerdo de concertación?

Los casos expuestos reflejan un debate presente en materia de solicitud y expedición de licencias ambientales: la afectación directa y el derecho a la consulta previa. Esta discusión ha llegado a la Corte Constitucional.

Recordemos que la certificación se elabora a partir de un cruce de información entre bases de datos de resguardos y títulos colectivos de tierras y las coordenadas del área de influencia directa del proyecto. La tendencia por parte de autoridades y empresarios, como se indicó, ha sido considerar que la certificación expedida por la Dirección de Consulta Previa determina la afectación directa o no a las comunidades étnicas y sus territorios, y con eso dan por cumplido el requisito para obtener la licencia ambiental. Eso no es así.

En la Sentencia SU-217 de 2017 la Sala Plena de la Corte Constitucional ratificó que la certificación es un instrumento técnico que ayuda a establecer, pero no determina la afectación directa.  Por tanto, tampoco determina cuándo debe hacerse consulta previa ya que el análisis se debe hacer conforme al Convenio 169 de la OIT y a la jurisprudencia emitida por la misma Corte.

Este análisis implica considerar la posible incidencia del proyecto en los derechos de las comunidades y debe tener presente que el territorio no se limita a las tierras adjudicadas a estas, ya que fundamentalmente el territorio es un concepto cultural. En el caso del Consejo Comunitario de Puerto Girón, por ejemplo, el territorio ocupado ancestralmente por la comunidad incluye la Bahía Colombia y el área conocida como la isla.

Sin duda, el debate sobre afectación directa y derecho a la consulta previa continuará y tendrá como principal escenario de esclarecimiento el que ha tenido hasta ahora: la Corte Constitucional.

 

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POR FREDDY ORDÓÑEZ

Nació en Cúcuta. Actualmente es investigador y director del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos, ILSA, integrante del grupo de investigación Historia, Ambiente y Política (A1 de Colciencias) y de Pensamiento Jurídico Crítico (Grupo de Trabajo de Clacso). Es docente de la Universidad Central, y ha estado vinculado a la Universidad Nacional y a la Universidad de Los Llanos en cursos sobre territorio, desarrollo local y perspectivas críticas del sistema agroalimentario. 

Las opiniones de los columnistas en este espacio son responsabilidad estricta de sus autores y no representan necesariamente la posición editorial de SEMANA RURAL

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