¿Las consultas mineras se podrían convertir en un saludo a la bandera?

octubre 24 de 2018

Un fallo de la Corte Constitucional dejaría sin efectos a las consultas donde las poblaciones expresan apoyo o rechazo a las actividades extractivistas en sus territorios. Esto abre el debate sobre quién decide lo que se hace con los recursos naturales.

¿Las consultas mineras se podrían convertir en un saludo a la bandera?

| De acuerdo a la Asociación Colombiana de Minería, actualmente hay 158 iniciativas de consultas populares en el país. | Por: Daniel Reina | Revista Semana


Por: Daiana González
@daianagonzalez

Al menos 21 nacimientos de agua del páramo de Sumapaz, considerado como el más grande del mundo, se situan en el cerro Pico de Plata de Fusagasugá, el municipio cundinamarqués donde el domingo 21 de octubre se votó una consulta popular para saber si sus habitantes apoyan o rechazan el fracking y la minería a gran escala en esta zona, que hace parte de la Provincia de Sumapaz. 39.175 votaron por el “No estoy de acuerdo” frente a los 202 que lo hicieron por el sí. En la jornada se sobrepasó el umbral de votantes habilitados en el pueblo, fijado en 34.846.

Una vez conocidos los resultados por las autoridades electorales, el alcalde de este municipio, Luis Antonio Cifuentes, se declaró a la expectativa y les dijo a los medios locales que: “Fusagasugá estará atenta a las decisiones que se tomen tras la unánime disposición de los ciudadanos”.

Lo dijo porque días antes la Corte Constitucional dejó en vilo este mecanismo de participación al fallar a favor de la multinacional Mansarovar Energy Colombia en el caso de la consulta de hidrocarburos de Cumaral, en el departamento del Meta, donde el año pasado había ganado de forma arrolladora el “No”. El fallo argumenta que el Estado es el propietario de los recursos naturales y del subsuelo de la Nación. Por lo tanto, no es competencia de las autoridades municipales tomar decisiones sobre los terrenos.

A pesar de la determinación de la Corte, Cifuentes, quien venía promoviendo la consulta, siguió adelante con la jornada. Como no recibió ninguna notificación de detener la consulta, permitió su desarrollo. Patricia Rodríguez, una de las promotoras de la consulta en Fusagasugá, argumentó que la decisión del alto tribunal no los vincula y que solo se refiere al caso de Cumaral.

Cosa distinta sucedió con San Bernardo, otro municipio de Cundinamarca en donde también se convocó una consulta para el 21 de octubre, pero que fue frenada por el Consejo de Estado mediante una medida cautelar solicitada por un ciudadano que interpuso una acción de tutela contra el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró constitucional la pregunta de la consulta. “Tenemos que mirar qué medidas se van a tomar porque no podemos dejar que se nos vaya a violar nuestro derecho a defender los recursos hídricos de la Provincia”, dijo Libardo Morales Cabezas, el alcalde del pueblo.

Entonces, ¿qué pasará con las 158 iniciativas de consultas populares y los 135 acuerdos municipales que existen en el país según la Asociación Colombiana de Minería? Una pregunta similar le hizo la Registraduría a la Corte Constitucional quien, en cabeza de Jorge Linares, su presidente, expresó no estar facultado para responder.

 

»Puede dar clic en cada municipio señalado en el mapa para ver los resultados de las consultas populares«


El boom de las consultas

Hasta hoy se han hecho nueve consultas populares en Piedras y Cajamarca (Tolima), Tauramena (Casanare), Cabrera y Arbeláez (Cundinamarca), Cumaral (Meta), Sucre y Jesús María (Santander) y Pijao (Quindío). En todas ha ganado el “No”, lo que preocupa a las multinacionales mineras al no ver una seguridad jurídica que los inversionistas del sector esperan.

Un ejemplo de esto es Fusagasugá, donde actualmente cursa una acción en el Tribunal de Cundinamarca que exige a las entidades que ya poseen licencias de exploración en el municipio que reunan las certificaciones de que se realizó una consulta previa, “debido a que la comunidad afirma no haber sido consultada para este tema”, comenta el alcalde Cifuentes.

 


«Un síntoma del verdadero problema: la ausencia de espacios de participación efectivos para las entidades territoriales y los ciudadanos en las decisiones sobre la minería de hidrocarburos» 

DIANA RODRÍGUEZ, de Dejusticia.


 

No hay mecanismos idóneos de participación 

La Corte Constitucional, conociendo este vacío, exigió al Congreso de la República, mediante el fallo del caso de Cumaral, que definiera, en el menor tiempo posible, los mecanismos de participación ciudadana y los instrumentos para afianzar la coordinación entre la Nación y los territorios. Además, le ordenó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos aplicar un procedimiento que permita la coordinación y concurrencia con los territorios.

A pesar de esta orden, la respuesta de la Corte no deja de generar controversia. Incluso es calificada de “regresiva y antidemocrática”, según el magistrado Alberto Rojas, el único que votó en contra de la sentencia SU-095 de 2018 de la magistrada ponente Cristina Pardo. “(La decisión) limita la participación de la comunidad en los asuntos que la impactan y cercena drásticamente la autonomía territorial mientras robustece el estado central”, expresó Rojas.


 

 

 

Razones por las que los municipios buscan hacer consultas populares mineras y de hidrocarburos en sus territorios

Andrée Viana, abogada con experiencia en defensa ambiental y hoy procuradora delegada para asuntos de la restitución, y Juan Camilo Nariño, director de asuntos corporativos de la empresa minera AngloGold Ashanti, cuentan las razones por las que los municipios siguen organizando consultas populares mineras: 

 


Juan Camilo Nariño, de la multinacional AngloGold Ashanti:

 

* Faltan reglas claras para el sector.

* Hay desinformación de la ciudadanía.

* El debate se politizó.

* Hay una ideologización del discurso antiminero.

* Se produce una inseguridad jurídica debido a los fallos contradictorios de las diferentes cortes.

* Por algunos comportamientos de empresas en el pasado, hay una percepción negativa del sector. También debido a que la mayoría de la extracción minera en Colombia es ilegal o artesanal. Esto lleva a que la opinión pública confunda esa actividad con la minería bien hecha que quieren desarrollar las empresas.

* Falta de interacción del Estado con las comunidades, porque es claro que el fuerte de estas empresas es la exploración y explotación de recursos naturales y el Estado ha dejado de lado la responsabilidad social en cabeza de las compañías.


Andree Viana, abogada con experiencia en defensa ambiental:

 

* No existen mecanismos para armonizar las competencias del Estado y de los entes municipales en cuanto al uso del suelo y subsuelo.

* Se otorgan y ofrecen títulos y licencias a los privados antes de realizar procesos de consulta con la ciudadanía.

* El hecho de que las empresas conduzcan hoy las consultas populares han convertido esos procesos de participación en transacciones.

* Las empresas llegan al territorio como benefactores y no como aliados del territorio.

* Se consulta con la comunidad proyectos ya diseñados y terminados en vez de construir los componentes fundamentales de los proyectos conjuntamente con los que habitan el territorio.

 


 


POR: Reportería y redacciónDaiana González 
 
@daianagonzalez 

Edición |  Bibiana Mercado  
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