El plan Duque contra la deforestación ayuda poco a los campesinos

febrero 12 de 2019

Las metas que propone el gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 para enfrentar este problema ambiental se podrían cumplir sin la participación de un importante actor: las poblaciones de las regiones más afectadas. Análisis.

El plan Duque contra la deforestación ayuda poco a los campesinos

| Áreas deforestadas en la serranía de La Macarena (Meta). | Por: Guillermo Torres | Revista SEMANA


Por: Valentina Rozo
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El cuarto capítulo del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018 - 2022 se titula ‘Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo’ y define cuáles son las metas para alcanzar “un equilibrio entre la conservación y la producción, de forma tal que la riqueza natural del país sea apropiada como un activo estratégico de la Nación”Para esto crean cuatro líneas con sus respectivos indicadores:
 

1. Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático.
 
2. Biodiversidad y riqueza natural: activos estratégicos de la Nación.
 
3. Colombia resiliente: conocimiento y prevención para la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático.
 
4. Instituciones ambientales modernas, apropiación social de la biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos socioambientales.
 

 
En este artículo me concentraré en la segunda línea, debido a que “define acciones estratégicas para potencializar la conservación de la biodiversidad a través de su uso sostenible”.

Esta línea es clave ya que en distintos espacios los campesinos han manifestado su compromiso de parar de deforestar, siempre y cuando tengan alternativas económicas. Por eso el objetivo en el PND se basa en “generar oportunidades para desarrollar alternativas productivas económicas incluyentes y basadas en el capital natural, para que los habitantes del territorio nacional puedan producir conservando y conservar produciendo”. Pero los indicadores propuestos tienen un problema: los que buscan beneficiar a las comunidades rurales pueden cumplirse sin incluirlas.
 

Deforestación en el departamento de Guaviare. © JUAN CARLOS SIERRA | REVISTA SEMANA

 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 | Página 417


Por ejemplo, las áreas bajo esquemas de pagos por servicios ambientales (PSA) podrían concentrarse en predios de gran extensión que están en manos de pocos dueños. Según información de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, en 2018 la región Amazónica tenía lotes de 800 hectáreas con un solo dueño. Entonces, ¿cuál sería el éxito real de esta política si solo llega al bolsillo de los grandes acaparadores de tierra?
 

Lo mismo sucede con los bioproductos registrados por el programa Colombia Bio, donde no necesariamente quienes registran o se lucran son las comunidades campesinas. Por el contrario, los productos podrían pertenecer a un número limitado de empresas. De acuerdo a Colciencias, el país cuenta con 157 compañías biotecnológicas con aplicaciones en los sectores de cosméticos, medicina, industria, agropecuario, alimentos, ambiente y energía. La pregunta que queda en el aire es cuánto de ese dinero llegará a las familias de las zonas rurales.
 


Una lógica similar funciona para los negocios verdes certificados, que van desde minería sostenible hasta productos naturales no maderables. Según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el 68 por ciento de los productores inscritos en 2014 se concentró en Bogotá y Cundinamarca. También fue bastante baja la participación de expositores de la Amazonia en Bioexpo, el evento que busca impulsar la oferta y demanda de bienes y servicios verdes. Los representantes de esta región representaron el 15 por ciento frente al 65 por ciento de la región Andina. ¿Es exitosa una política para que campesinos dejen de deforestar si no llega a los sitios donde más se talan árboles?

Los indicadores propuestos para que los habitantes de territorios donde se deforesta puedan ‘conservar produciendo’ tienen la posibilidad de ser cumplidos a partir de acciones que no tienen un impacto real en la población de regiones como la Amazonia. Y tampoco generan incentivos para que disminuya la desaparición de bosques.
 

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La Amazonia es la región más deforestada del país. Se talaron o quemaron más de 140.000 hectáreas en 2017. © JUAN CARLOS SIERRA | REVISTA SEMANA


 

Negocios no tan verdes
 

Frente a los demás indicadores del ‘Pacto por la sostenibilidad’, hay dos que preocupan: el crecimiento de la deforestación y la participación de la economía forestal en el PIB. En una columna pasada, expliqué por qué el primero es perverso y promueve que se siga perdiendo bosque.

Sobre el segundo, hay que tener los ojos bien abiertos a la meta de Participación de la economía forestal en el PIB, que busca alcanzar el 1 por ciento. Esta es una meta poco ambiciosa si nos comparamos con los países de la región: el sector forestal de Brasil aporta el 1,1 por ciento; en Ecuador contribuye un 2,3; y en Chile la cifra alcanza el 3,3.

De nada sirve que el sector forestal aumente su participación en el PIB si es a través de sacar materia prima o promover industrias en áreas protegidas. Esta debería ser una preocupación actual, pues el 4,6 por ciento de las Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) en los Parques Nacionales Naturales (PNN) solicitó un crédito y al 84,4 por ciento se le aprobó.
 


Por esta razón se necesita que haya trazabilidad para analizar de dónde vienen los recursos del sector forestal y asegurarse que no se esté deforestado en áreas prohibidas. Además, es clave aprovechar los beneficios del sector para generar oportunidades de empleo en la región e incluir a las comunidades campesinas, que sean ellas quienes se vean favorecidas. Antes de proponer un indicador como este, sería útil estar seguros de que el Estado cuenta con la capacidad de trazar de dónde vienen los productos que se comercializan.
 

La ganadería extensiva es una de las actividades que más aporta a la deforestación en Colombia. © DIANA REY MELO | REVISTA SEMANA


 

La Amazonia pide atención
 

Año tras año, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) publica la tasa de deforestación nacional. Es decir, el número de hectáreas de bosque que desaparecieron por quemas o porque fueron taladas. Aunque en el 2010 parecía que estábamos ganando la batalla y tres años después alcanzamos el ‘registro más bajo’ -120.934 hectáreas-, desde 2015 la deforestación empezó a aumentar, afectando principalmente a la Amazonia colombiana. El 65,6 por ciento del problema se concentra allí y parece no dar tregua. Y en 2017 esta región perdió más del doble de hectáreas en comparación a 2016.

¿Cuáles son las razones del aumento de la deforestación en la Amazonia? Una posibilidad es por el fin del conflicto entre el gobierno y las Farc. Distintas organizaciones como Dejusticia y la Fundación Paz y Reconciliación explicaron cómo los bosques amazónicos habían sido paradójicamente conservados durante la guerra. Esto no significa que la naturaleza o la sociedad estuviera mejor durante la guerra. Por el contrario, lo único que refleja es que el Estado no estaba preparado para llenar el vacío que dejó la guerrilla en el territorio. Desde entonces, año tras año la tasa crece hasta alcanzar un vergonzoso número: 219.973 hectáreas en 2017, un número no visto desde 2010.

En el territorio existen grandes y pequeños deforestadores. De acuerdo con los datos más recientes del Ideam, la mayor parte de los polígonos deforestados son de máximo dos hectáreas. En el caso de la Amazonia, el tamaño promedio son 6,8 hectáreas. Es decir, el problema se manifiesta en muchos polígonos pequeños deforestados.
 


Antes de pensar que la solución a este problema son las acciones punitivas, hay que reflexionar sobre los motivos que llevan a las personas a talar o quemar bosques. Primero, es necesario tener en cuenta las razones históricas: la violencia desplazó a un amplio número de campesinos hacia áreas de bosque. Segundo, el Estado creó incentivos perversos para que la gente tale, como la política de reforma agraria de 1961, que pedía que los colonos deforestaran dos terceras partes del terreno para mostrar propiedad.

Hay un tercer motivo: el abandono estatal. En distintos encuentros, campesinos han manifestado que no les queda otra opción que deforestar para tener con qué vivir. Lo hacen por distintas razones: para dedicar el terreno a la agricultura o la ganadería y recibir un ingreso, para hacer carreteras y poder vender sus productos en los mercados, para recibir préstamos, entre otros. El contexto muestra la necesidad de políticas públicas integrales que creen alternativas económicas para los habitantes del territorio amazónico. El rumbo que tomarán estas políticas se materializan en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), pero las bases del gobierno Duque no parecen ser la respuesta que las comunidades necesitan.
 


POR: Valentina Rozo | @ValentinaRozo3

Investigadora de Dejusticia. Magíster en economía de la Universidad de los Andes. Trabaja en las áreas de justicia ambiental y derechos económicos, sociales y culturales.


 

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