febrero 28 de 2018

El lugar que merecen las mujeres cocaleras

Por: Dejusticia

Ana es una mujer cocalera del Putumayo. Desde muy pequeña aprendió a ganarse la vida trabajando: no solo se encargaba de los oficios de su casa y el cuidado de sus hermanos, sino que, además, trabajaba diariamente hombro a hombro con sus padres en los cultivos de coca. El haber nacido en un territorio con precaria presencia estatal y con graves carencias de servicios y derechos básicos, llevó a que Ana, su familia y su comunidad buscaran constantemente estrategias para hacerse con el sustento diario y para acceder a carreteras, salud, vivienda y educación por sus propios medios. Por esta razón, desde muy joven, Ana se vinculó activamente a los comités pro-carretera, pro-puesto de salud, pro-vivienda y, más adelante, se convirtió en lideresa de diferentes organizaciones sociales mixtas y de mujeres.

Como Ana, muchas mujeres cocaleras del Putumayo han trabajado fuertemente en la construcción colectiva de sus territorios. Si la coca tuvo la virtud de ser la fuente de recursos para construir las escuelas, arreglar los caminos o reparar el acueducto comunitario de la vereda, fue porque las vecinas decidieron juntar los excedentes de su producción y su mano de obra, con el propósito de tejerse una vía de acceso a los derechos y servicios públicos de un bienestar rural.

Sin embargo, aunque las mujeres se han vinculado activamente en la vida pública a través de su trabajo en las organizaciones sociales, han enfrentado discriminaciones y violencias en la participación comunitaria. La mayoría ha recibido comentarios y actitudes de sus propios compañeros que reducen sus aportes o que imponen barreras de género para superar los miedos a expresar ideas en público. “Usted no debería estar aquí hablando, debería estar en su casa cocinando” es una frase que las mujeres han escuchado bastante en las reuniones.

De igual manera, no son pocas las ocasiones en que los dirigentes de las asociaciones les tienden a asignar las tareas operativas a las mujeres y las de decisión y coordinación a los hombres, lo que termina ocultando la presencia de ellas en las organizaciones. Para muchas, ha sido una lucha constante lograr que los compañeros decidan perderse la asamblea por ayudar a pelar los plátanos para el sancocho.

Por otro lado, además de las resistencias que las mujeres cocaleras encuentran para integrarse en sus organizaciones sociales, también deben enfrentar obstáculos en sus propios hogares para participar en los espacios comunitarios. “No es bueno que una mujer que tenga marido participe”,Usted quiere participar en eso porque está buscándose un mozo”. Estas son algunas de las frases que los esposos, hijos y familiares les dicen a ellas, como rechazo a su participación en el movimiento social.

Así es cómo ha funcionado la división del trabajo al interior de las familias cocaleras: las mujeres dedican 14 horas diarias al cuidado y el sustento de la familia, al igual que a su labor comunitaria. Todas las energías y vidas de las mujeres se van en cocinar, lavar, planchar, cuidar de sus esposos e hijos, conseguir recursos para proveer a la casa de bienes básicos y apoyar a la comunidad; en últimas, las mujeres cocaleras cargan con toda la responsabilidad del hogar sobre sus hombros.

Desde este modelo, la participación de las mujeres en las organizaciones sociales es vista como una amenaza, pues las familias temen que si ellas dedican mucho tiempo al trabajo público, van a terminar abandonando sus hogares. Ellas han logrado lidiar con esta extenuante rutina diaria delegando las tareas de cuidado en otras mujeres y, en algunos casos, negociando con los hombres una redistribución de las labores del hogar. Es hora, entonces, de reconocer el trabajo de las mujeres en las organizaciones sociales y en la familia, con el objetivo de responder a los obstáculos que no les han permitido posicionar sus voces y reclamos en los escenarios públicos de las regiones y del país.

 

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* Esta columna y sus historias hacen parte del proyecto de investigación sobre mujeres cocaleras del Putumayo adelantado por las líneas de política de drogas y género de Dejusticia. Las reflexiones aquí consignadas se encuentran de manera más amplia en un libro próximo a publicar.*

 

 

POR MARGARITA MARTÍNEZ | @AdelaidaDavis 

POR LUIS FELIPE CRUZ |  @lfcruzo

Filósofa e historiadora de la Universidad del Rosario. En Dejustica es investigadora asistente en el área de antidiscriminación, en la sublínea de género.

Abogado graduado y estudiante de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia. En Dejusticia hace parte de la línea de política de drogas.


Las opiniones de los columnistas en este espacio son responsabilidad estricta de sus autores y no representan necesariamente la posición editorial de SEMANA RURAL.

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