mayo 19 de 2018

Deteniendo las balas con escudos colectivos

Por: Dejusticia

Uno de los elementos más angustiantes del periodo posterior a la firma del Acuerdo de Paz es que la violencia en contra de las comunidades, líderes y lideresas indígenas y afrodescendientes no ha acabado sino que, por el contrario, parece haberse agudizado. Por ejemplo, de acuerdo a la investigación cuantitativa que hizo Valentina Rozo, el 20 por ciento de las lideresas y líderes que fueron asesinados entre 2016 y 2017 eran indígenas.

 

Dentro del barrido de las posibles razones por las que está ocurriendo este fenómeno se encuentran, al menos, dos. La primera de ellas es el avance de los proyectos extractivos y los monocultivos en los territorios de los pueblos étnicos, que con la firma de la paz, se han convertido en zonas de interés económico para muchos actores que antes no accedían a ellos por la presencia de las Farc. Con la llegada de estos proyectos, también vienen las balas que han silenciado a aquellos que han pedido la protección de su tierra, la garantía de sus propios proyectos de desarrollo y el cuidado de sus semillas y plantas propias.

 

La segunda razón de los ataques es la dispersión de los actores armados que se han creado y fortalecido después de la firma del Acuerdo con las Farc. Los territorios se han convertido en zonas de disputa entre nuevos actores armados que pretenden usarlos para, por ejemplo, reconstruir las vías de tránsito de la coca. En medio del fuego cruzado han quedado atrapadas estas comunidades que, una vez más, solo están reclamando lo que ya es de ellas: su derecho de usar y utilizar el territorio de manera autónoma.

 

¿Cuáles soluciones se pueden implementar para responder a esta situación? Para comenzar esta conversación, las mismas comunidades ya han dado la respuesta al Estado y este no las ha escuchado. De acuerdo a los pueblos, se deben realizar dos modificaciones esenciales. La primera de ellas quedó consignada dentro del Acuerdo de Paz y, como otras varias reformas, se ha quedado en letra muerta que aún no se convierte en política pública. En el Capítulo Étnico las partes se comprometieron a fortalecer a las guardias indígenas y cimarronas. Las guardias son las formas autónomas e históricas de protección que han construido las comunidades para protegerse de la guerra y mantener a sus territorios como lugares de paz. En el caso de la guardia indígena, las personas que hacen parte de ellas son un grupo civil no armado que conoce a la comunidad, el territorio y su cultura. Esa es la razón por la que sus acciones van dirigidas a cumplir el Plan de Vida de los pueblos indígenas y de esa manera evitar que se filtren actores externos armados que pongan en riesgo la vida de la comunidad.

 

Por tanto, uno de los elementos fundamentales para avanzar en la garantía de la vida de los pueblos es que el Estado desarrolle el reconocimiento jurídico de las guardias y brinde herramientas y recursos para que su funcionamiento pueda ser potencializado. En vez de estigmatizar su acción, se debe construir una política pública clara que brinde recursos y apoyo para que las guardias puedan cumplir su papel de autogobierno y protección colectiva de manera efectiva. 

 

La segunda transformación necesaria es romper el lente individual que ha estado en el centro de las políticas de protección brindadas por el Estado, por ejemplo, a través de la Unidad Nacional de Protección. Los análisis de los pueblos muestran que las personas que han sido asesinadas y amenazadas lo son por la función comunitaria que cumplen. Son sus líderes quienes ponen la cara y -desafortunadamente en muchas situaciones- el cuerpo a las amenazas que llegan a sus territorios. Por esa razón es que son atacadas, por su trabajo comunitario solicitando la restitución de las tierras, el saneamiento de los resguardos, la ampliación de los consejos comunitarios o la garantía de que sean los mismos pueblos los que deciden qué hacer con los recursos naturales.

 

La visión colectiva es la que debe ser incluida dentro de los mecanismos de protección y de cuidado del Estado, entendiendo que no es suficiente con brindar un esquema de seguridad de carros blindados y escoltas o de chalecos antibalas y celulares personalizados. La visión individual no soluciona la situación, por eso el Estado debe profundizar los esfuerzos en otra vía (que ya comenzó con el Decreto 2078 de 2017), por ejemplo, impulsando las acciones colectivas de protección que se hacen en los palenques, el cuidado propio que brindan los mayores en los pueblos indígenas o incluso formas de tecnología comunitarias.

 

La situación que están viviendo los pueblos indígenas y afrodescendientes en este momento muestran que para ellos la paz es un proyecto inconcluso. Y para que se logren detener las balas, es función del Estado impulsar a las guardias indígenas y cimarronas y asegurar que las medidas de protección incluyan el componente de lo colectivo dentro los programas.

 

Para conocer más de esta propuesta puede leer el documento que enviamos la Comunidad de Juristas Akubadaura y Dejusticia a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en ocasión de su informe sobre criminalización y ataque a los pueblos indígenas.

 

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POR: CARLOS ANDRÉS BAQUERO DÍAZ.

Investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia

 

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