Discapacidad rural, el hecho de ser doblemente abandonado

enero 28 de 2018

Si la discapacidad es dura, en la ruralidad lo es más, en donde miles de niños, jóvenes y adultos son cuidados por mujeres y familiares frente a la falta de atención del Estado. .

Discapacidad rural, el hecho de ser doblemente abandonado

| El acceso a la salud y a los servicios en atención, asistencia y rehabilitación integral es complejo, pero también la inclusión al mundo laboral. | Por: Asociación Cadis, Chaparral


Por: SEMANA RURAL
SemanaRural

En Uribia (Guajira), la comunidad wayuuu celebró el grado de Yanelis, quien a pesar de que nunca escuchó las clases que sus profesores le dictaron a lo largo de su vida escolar obtuvo con honores el título de bachiller. Aunque tiene una discapacidad auditiva, el empeño de Yanelis y de su familia le permitió permanecer en el sistema escolar, toda una excepción si se tiene en cuenta que el 90 por ciento de los niños y niñas con discapacidad que había en Colombia, en 2010 –últimas cifras oficiales-, no asistía a ninguna institución educativa regular y tan solo el 5.4 por ciento llegaba a la universidad, de acuerdo con la investigación Situación de la Educación en Colombia, del economista Alfredo Sarmiento Gómez.

En Chaparral (Tolima) se puede ver otra cara de la discapacidad rural.

Martha Morelby reparte su tiempo entre su trabajo como servidora pública y su hija Lizeth, de 26 años, quien padece una severa discapacidad y solo cuenta con las fuerzas, dedicación y recursos de su mamá. Incluso, para hacerle frente a esta situación, y a la falta de atención del Estado y del sistema de seguridad social, Martha y otros 20 padres de este municipio crearon la Asociación Cadis, que ya lleva 17 años trabajando con más de 150 niños y jóvenes en discapacidad.

Se estima que en Colombia el 6.4 ciento de la población total del país tiene una discapacidad, ya sea sensorial, física, mental o síquica, cifra que, según los expertos, desconoce una parte importante de esta población en las zonas rurales. Esto, debido al conflicto y el abandono del Estado, especialmente local y regional, en muchas partes del país.

Si la discapacidad de por sí es una prueba para cualquier familia, en la ruralidad lo es más. Angélica Barrera, directora de programas y proyectos de la Fundación Arcángeles, dice que allí no están ni los recursos ni los profesionales que puedan desarrollar una atención oportuna e integral para esta población y sus familias. De hecho, en el desempeño de su oficio, se ha encontrado con que es un tema muy solitario:
 

Martha y su hija


 


“No hay interés de trabajar ni de hacer algo con respecto al ejercicio de inclusión”

ANGÉLICA BARRERA |
Directora de programas y proyectos de la Fundación Arcángeles


 

Así como el acceso a la salud y a los servicios en atención, asistencia y rehabilitación integral es complejo, lo es aún más su incursión al mundo laboral. De acuerdo con el Banco Mundial, Colombia pierde entre el 5.3 y el 6.9 por ciento de su PIB al no incluir laboralmente a estas personas.

Para tratar de revertir esta realidad, el 30 de noviembre pasado fue reglamentada, a través de la ley de cuotas, la participación que debe haber en las diferentes entidades del Estado de esta población.

Es decir que las entidades públicas deberán vincular a personas con discapacidad. A cambio, estas entidades tendrán beneficios tributarios. 

Además, esta población y sus familias lograron que el Gobierno designara un presupuesto para que en el Censo fueran incluidas preguntas relacionadas con esta población, para que puedan ser identificados plenamente.

 



Así deben vincular las empresas públicas a empleados con discapacidad. El Decreto 2011 de noviembre de 2015 establece un porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad al sectror público que será progresivo:


 

Esto puede ayudar a cerrar el limbo de información, ya que en el Censo 2005 se intentó hacerlo, a través de una sola pregunta, y fue cuando se identificaron 3 millones de colombianos con discapacidad (el 6.4 % del total del país), pero se cree que son muchos más. De ahí la importancia del nuevo empadronamiento.

Estos resultados podrán cruzarse, por ejemplo, con las cifras que ha logrado recoger el ministerio de Salud que en 2015 creo el Registro de Localización y Caracterización de personas con discapacidad –RLCPD- que ha permitido que personas en esta condición se registren voluntaria y personalmente para recibir atención del Sistema. Pero dada la limitada conectividad de las zonas rurales y las características de la población, es que se cree que hay un alto subregistro.
 

Lo importante es que se están tomando acciones para identificar a esta población para que puedan recibir los beneficios del Estado y se puedan diseñar nuevos programas. De hecho, en junio pasado el país dejó de tratar el tema como un problema de salud y lo convirtió en un asunto de derechos.

En la práctica, la Rectoría Nacional de Discapacidad tomó la decisión de pasar el tema del Ministerio de Protección a la Dirección de Participación del Interior. Por ahora, las instituciones están asimilando el tema y tratando de entender lo qué significa. Pero hay esperanza de que esta decisión y los resultados del Censo le permitan al país trabajar en serio en ayudar a la población discapacitada, especialmente la rural.
 

 

Las personas discapacitadas necesitan una atención oportuna, no especial, y ser incluidos en la vida escolar, social y laboral. La fundación Arcángeles (Chocó) y la Asociación Cadis de Chaparral, trabajan con este enfoque.
FOTO: Fundación Arcángeles



 

 SI HAY VOLUNTAD, SE PUEDE 

Desde diciembre pasado, la comunidad del barrio Huellas Alberto Uribe, sur de Cartagena, cuenta con el parque de la inclusión que lleva el nombre de La Felicidad, un proyecto que beneficia a cerca de 500 habitantes de este sector de la capital bolivarense que viven en condición de discapacidad.

El parque cuenta con juegos infantiles, máquinas biosaludables para el ejercicio físico y sensorial de personas de todas las edades, senderos peatonales, columpios inclusivos adaptados para su uso con sillas de ruedas y una cancha multideportiva. Para la construcción del escenario, la Gobernación de Bolívar hizo una inversión de 2.857 millones de pesos.
 

Cortesía Prensa Gobernación de Bolívar


 

 DIFÍCIL PANORAMA 

Lo más cercano a un diagnóstico de esta población es el Informe Alternativo realizado en septiembre del 2016 por la Coalición Colombiana para la Implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que da algunas luces sobre cómo está el país en la implementación de una verdadera política pública para la discapacidad.

De acuerdo con la investigación, solo 34 de 1.096 municipios del país cubren las fases de preparación, sensibilización y formulación de programas de atención a urgencias, emergencias y desastres para la población con discapacidad.


EN CIFRAS:

217.840
personas discapacitadas dejó el conflicto armado: 52% son hombres y 48% mujeres.
 

11.844
lo fueron por causa de minas antipersonal.
Civiles: 6.063
Fuerza Pública: 5.781.

17,6% 
De las víctimas adquirieron su discapacidad por tortura y 16,1% por desplazamiento.
 



 POR:   Bibiana Mercado y Daiana González

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Semana Rural. Un producto de Proyectos Semana S.A. financiado con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a través del programa de Alianzas para la Reconciliación operado en Colombia por ACDI/VOCA. Los contenidos son responsabilidad de Proyectos Semana S.A. y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos.