Abandono, la estela que dejó la guerra en el río San Juan

enero 29 de 2020

Además de dolor y muerte, los enfrentamientos entre grupos armados en el sur de Chocó han fragmentado comunidades que resisten en medio del olvido y el abandono estatal. Recorrido por los caseríos fantasma del río San Juan. .

Abandono, la estela que dejó la guerra en el río San Juan

| Hoy en Togoromá apenas resisten 24 familias, algunas con sólo uno o dos miembros | Por: Rodrigo Grajales


Por: Camilo Alzate



Este pueblo es desolación y abandono” dice Jorge, un mulato muy delgado al que pareciera que los treinta años ya le pasaron de largo. Jorge siempre ha sido de Togoromá, una pequeña aldea de pescadores con casas de madera entre manglares frondosos, sobre una de las bocanas por las que el río San Juan se junta con el océano Pacífico, en el sur de Chocó.

El puesto de salud se está cayendo a pedazos” insiste antes de enseñar el pequeño local sin puertas ni ventanas. La humedad ha llenado de óxido la repisa y la camilla y estiércol de murciélago chorrea por las paredes. Un reguero de jeringas se esparce por el suelo. Son doscientas o más. “Los niños juegan con ellas”, agrega una señora. El colegio, que llegó a atender hasta noveno grado, está peor: las aulas en ruinas, los libros tirados en un rincón. Sobra decir: no hay alumnos y menos profesores.


La confrontación por el control de las bocanas del San Juan provocó que en septiembre de 2013 dos facciones de paramilitares se enfrentaran dentro de este caserío con un tiroteo que empezó en el muelle y pronto abarcó todo el pueblo. El saldo fue uno de los paramilitares muerto y un civil herido, y un día más tarde el desplazamiento completo de la comunidad, que en tiempos de mayor esplendor llegó a contar 185 familias, algo así como 600 habitantes.

 

Hoy en Togoromá apenas resisten 24 familias, algunas con sólo uno o dos miembros. La mayoría de las 140 casas están abandonadas, rodeadas de maleza. “Togoromá limpio y bonito” dice un letrero pintado a mano sobre un cocotero. “Togoromá: territorio de paz” se lee en otro árbol.

 

 

Elizabeth Moreno Barco es la representante legal de ACADESAN, el Consejo Comunitario General del San Juan que abarca los territorios colectivos afrocolombianos desde Istmina, en el curso medio del río, hasta Docordó, en su desembocadura. Elizabeth también es oriunda de Togoromá. Igual que sus vecinos sufrió el desplazamiento, perdió su casa y sus enseres. Para ella, el Estado no sólo debe atender a los desplazados, sino también a los retornados, o “resistentes”, como les llaman acá, campesinos que incluso en las peores circunstancias han decidido volver y permanecer en sus territorios. “No hay garantías para ellos, las comunidades están abandonadas”, concluye Moreno.


La situación de Togoromá es dramática, pero no resulta para nada excepcional comparada con el resto de la cuenca del San Juan, la segunda más importante del Chocó. A veinte minutos en bote cruzando esteros y manglares está Pichimá, una localidad donde hubo bombardeos y combates entre la Armada y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional en junio del año pasado que provocaron el desplazamiento de 400 indígenas wounaan asentados dentro de la selva. 


 

 

 Tomada por: Rodrigo Grajales

 

No obstante, la comunidad afro de Pichimá no se desplazó y sobrevive con las mismas carencias de los poblados vecinos: sin servicios adecuados de educación y salud, sin electricidad ni saneamiento básico. Son frecuentes los casos de paludismo: “apenas uno siente el frío y la fiebre corre a hacerse la prueba”, cuenta César Guaitotó. En los primeros quince días de enero de este año ya sumaban 12 pruebas positivas, según confirmó la promotora de salud local Margarita Hurtado. Conseguir los medicamentos es difícil, la travesía a Docordó, la cabecera municipal más próxima, se hace por las bocanas y es costosa. La víspera de Navidad, el pasado 24 de diciembre, un señor murió de apendicitis porque nadie tenía gasolina para sacarlo en bote.

 

 


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                    Tomada por: Rodrigo Grajales

 

Todos los pueblos y pequeños caseríos a lo largo del río sufren las mismas penurias. Tan sólo en Istmina, Docordó y Palestina hay hospitales y puestos de salud de primer nivel, pero ninguna enfermedad grave puede ser tratada en la región debido a la ausencia de especialistas y equipamientos.

 

La electricidad es desconocida, salvo por las plantas a diesel que dan unas pocas horas de luz cada noche. La corrupción de las alcaldías locales tiene la mayoría de plantas en el deterioro y es normal que no envíen el combustible a muchos lugares. “Llegaron los recursos del predial afro y ningún alcalde de la subregión del San Juan invirtió un solo peso en las comunidades”, asegura la lideresa Elizabeth Moreno.


Por ejemplo, en el caserío de Corriente de Palo, sobre el río Copomá, uno de tantos afluentes del San Juan, son los vecinos quienes reúnen de su bolsillo los ochocientos mil pesos que cuesta llevar un tambor de ACPM para que funcione la planta un par de semanas. Únicamente San Miguel, en el curso medio del río, tiene sistema de interconexión eléctrica gracias a una línea que llega desde Istmina, pero esa misma línea no ha podido cruzar al municipio de Sipí y sus veredas, como estaba proyectado, porque la firma contratista Ingelec -según denuncia Jackson Arboleda, presidente del Consejo Comunitario- malversó los fondos. En efecto, acorde con documentación conocida por SEMANA RURAL, los términos pactados en 2017 otrogaban un tiempo de 14 meses para que llegara la luz en ese pueblo que hoy, sin embargo, continúa sin conexión. 

 

 

 

Tomada por: Hernandito Sánchez

 

« Las amenazas fundamentales para el río y sus comunidades son el olvido del Estado»

Elizabeth Moreno representante legal del Consejo Comunitario General del San Juan 

 

Ninguno de los pueblos tiene sistema de acueducto y alcantarillado, las aguas se toman directamente de la lluvia o de caños en las orillas que pueden estar a una hora en bote. Ya nadie toma agua del San Juan, un río devastado por la minería y la contaminación desde sus cabeceras en el departamento de Risaralda, pues el agua provoca enfermedades, como lo confirmó una señora de Potedó. “Se nos morían los niños de cólera. A mí se me murió un niño de cólicos, no se transaba con nada del mundo”.


Primero hay que luchar para sobrevivir en medio del abandono, después viene la resistencia a la guerra. En todos los poblados hay multitud de casas vacías y derrumbadas de la gente que huyó del conflicto. Hay caseríos que están vacíos por completo, como pasa en Carrá, donde hace tres años ocurrió una masacre atribuida al ELN. Otros, como Taparal, conservan sólo la mitad de sus pobladores luego de que una empresa de triplex asentada en la zona abandonó sus instalaciones por la presión de los grupos armados. Las rentas de la minería y los cultivos de coca, al igual que la ruta directa al Pacífico usada por los narcotraficantes, convierten al San Juan en un territorio en permanente disputa.


En el medio San Juan la zozobra es permanente. El Ejército instaló en agosto del año pasado una base militar junto al corregimiento de Noanamá, que antes era controlado por el ELN. La guerrilla hostigó a los militares y ese fuego cruzado motivó un nuevo desplazamiento de 300 personas que llegaron a Istmina la segunda semana de septiembre del 2019. “Tememos que alguna noche de estas ocurra algo como lo que pasó en Bojayá” afirma una persona que ejerce liderazgo local y que prefiere que su nombre no sea citado. 

 

 

                                                          Tomada por: Rodrigo Grajales

 

 

Sobre el San Juan y sus afluentes se suma además la política del gobierno de Iván Duque de reanudar las fumigaciones con glifosato (un químico cancerígeno prohibido en muchos países) con la finalidad de erradicar los cultivos de uso ilícito. “Imagínese que nos fumiguen esa belleza de río” dice José Díaz, líder de la cuenca del Copomá, un río absolutamente limpio y cristalino. “¿Qué opción deja el Estado? Ojalá el Gobierno diera la oportunidad de decirles a los grupos armados que ya tenemos vivienda, salud, educación”. En el Copomá hubo fumigaciones en 2014 y todos recuerdan las llagas en la piel, las alergias y como pasaron hambre por la pérdida de los cultivos. Otros pueblos como Potedó sufrieron el acoso de las avionetas esparciendo glifosato por lo menos una vez cada año entre 2012 y 2015. 


“Las amenazas fundamentales para el río y sus comunidades son el olvido del Estado”, asegura Elizabeth Moreno mientras se asolea entre el sofoco húmedo de Cucurrupí, otro caserío al que no arrima el servicio médico ni el agua corriente. “También la presencia de los grupos armados legales e ilegales, la fumigación con glifosato, la minería ilegal, la tala indiscriminada de la madera” , continua Moreno.

 

Ella además es integrante de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico y se ha encargado de denunciar los daños que el conflicto armado ha provocado sobre este inmenso territorio y las comunidades afrocolombianas que su organización representa. Su conclusión es vehemente, y resume los anhelos de miles de habitantes a orillas del río, “que el Estado incline la mirada acá, que esto se muestre: vivimos en un territorio sumamente olvidado”.

 


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