El mal año de los plataneros

diciembre 07 de 2020

Colombia es el cuarto productor del mundo de plátano, del que viven unas 470.000 familias en el país. Miles de toneladas se han perdido y en varias regiones los precios llegaron a mínimos históricos..

El mal año de los plataneros

| En Urabá, los pequeños cultivadores son los más afectados por los bajos precios. A eso se suma una plaga de un hongo llamado sigatoka, que azota la región. | Por: Juan Esteban Estrada


Por: Germán Izquierdo
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Colmado de plátanos, el bote se desliza como un enorme frutero de madera sobre el Atrato. A bordo viaja Juana Moreno, que salió a las cuatro de la mañana de Bojayá, Chocó, en un viaje de un día y medio hasta Quibdó para vender su cosecha y la de otras productoras. El negocio no marcha bien. Los precios registran caídas históricas. Juana, al igual que cultivadores en Urabá, Córdoba y otras regiones, suma gastos y ganancias, y el resultado siempre arroja números negativos.

 

Según el Dane, el plátano se cultiva en 786 municipios de los 32 departamentos del país. Cerca de 214.000 familias dependen de esa siembra, que pasó de 448.000 hectáreas en 2014 a 536.000 en 2019: la producción alcanzó los 4,8 millones de toneladas, 1,5 más que en 2014. Arauca, Meta, Antioquia y Córdoba poseen la mayoría de cultivos en el país, que hoy es el cuarto mayor productor del mundo detrás de Uganda, Camerún y Ghana.

 

Azael López cultiva plátano en San Antero, Córdoba. Dice que desde 2013 el negocio se ha puesto difícil: “Hemos tenido veranos muy fuertes y ventarrones que dañan las cosechas (...). Este año, el plátano se vendió al precio más bajo en los últimos 30 años”.

 

En octubre, el kilo de plátano en Córdoba se negoció en 200 pesos. “Eso ni siquiera compensa el trabajo de recoger la cosecha”, afirma Azael. En la zona costanera del margen izquierdo del río Sinú se concentra la producción más grande de plátano de Córdoba. A pesar de las potencialidades del departamento, Azael dice que no hay cómo sacar la producción: “He calculado que se necesitan unos 1.200 kilómetros de vías terciarias en Córdoba”.

 

El principal mercado de la región son las plazas de mercado de Santa Marta, Sincelejo, Barranquilla y Cartagena. Con la pandemia, la demanda bajó, pues restaurantes, hoteles y colegios cerraron.

 

Adriana es una cultivadora en Urabá que, como muchos, ha sufrido por el clima. En 2020 el verano fue muy corto, y la temporada de lluvias se anticipó. Esto llevó a una sobreproducción inmanejable. A esta problemática se suman los precios inestables de los mercados internacionales debido a la pandemia. En Urabá, todos los contratos anuales de las comercializadoras se cancelaron.

 

Adriana asegura que esta es la peor crisis que ha vivido: “Nos tocó estar en medio de la pandemia y con la producción en alza cuando al gran comprador le sobra fruta”. En ese escenario, el plátano se queda en las cajas y hay que venderlo a precios irrisorios. “Los pequeños productores nunca podemos sacar el 100 por ciento de la fruta que tenemos en producción. Debemos trabajar con las uñas y los intermediarios se aprovechan de nuestra necesidad”, dice.

 

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Juana Moreno y otras 11 cultivadoras llevaron 200 toneladas de plátano a Quibdó para venderlas a
precios bajos durante la pandemia.

 

Según Juan Esteban Estrada, gerente comercial de Fruturo, una empresa que les abre mercado internacional a los pequeños productores, los intermediarios son quienes manejan el comercio interno. “Los agricultores, llámense paperos, yuqueros o plataneros, deben venderles a precios ínfimos con tal de no perder sus productos y dejarlos como abono o para compostaje. Es el intermediario el que tiene relación con el consumidor final y con los mercados de grandes superficies”, explica. Este año los intermediarios llegaron a pagar 3.500 pesos por una bolsa de 120 plátanos, un precio que Estrada califica como “inaudito”.
 

Adriana concuerda con Estrada en que los intermediarios son un problema principal y, al mismo tiempo, la única opción para muchos cultivadores. Las empresas compran a mejores precios, pero exigen requisitos que muchos cultivadores no pueden cumplir: registro de ICA de empaque, un número de bodegas, comedor, entre otros. “Quienes no tenemos sino una, dos, tres hectáreas solo podemos trabajar con lo que alcanzamos a conseguir –dice Adriana–. Por eso terminamos vendiéndole al intermediario a lo que nos ofrezca”.

 

En Urabá, los líos no acaban con los intermediarios. Una plaga llamada sigatoka se disemina sin pausa en los cultivos. Se trata de un hongo que se propaga si las plantas no se fumigan. “Los pequeños cultivadores deben fumigar a espalda cada mata, porque no tienen fumigación aérea. Además, en este momento no tienen recursos para comprar los productos para fumigar (...) Yo temo que, si esto sigue así, en tres meses todas esas plantaciones no van a tener cómo exportar”.

 

Cerca de Apartadó, en la vereda Monte Verde de Turbo, vive Piedad Torres. Esta cultivadora ha pasado hambre para que su siembra no se pierda. “Hoy, con que coman mis hijos, ya estoy tranquila; si yo no puedo hacerlo, no importa. Ha sido muy duro no poder darles un pedazo de queso o una salchicha. Hemos recortado muchas cosas para mantener la parcela”, cuenta Piedad.

 

En medio del difícil momento que atraviesa, Erasmo, su esposo, es su gran apoyo. Él trabaja en un cultivo de banano de lunes a domingo. Gracias a lo que gana, su familia puede sobrevivir. “Yo no lo dejo solo –dice Piedad con orgullo–. Hago el deshoje, el desmanche. Sobre todo, me dedico a empacar los plátanos para la exportación. Si me toca volear machete, también lo hago”.

 

En medio de ese panorama, la Ley de Compras Públicas aprobada por el Congreso, que obliga al Estado a comprarles directamente a productores locales y de agricultura familiar campesina y comunitaria, supone una luz de esperanza, aun cuando siga sin ser reglamentada y corra el riesgo, según Alejandro Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), de seguir beneficiando a los intermediarios.

 

“El decreto (borrador) del ministerio (para reglamentar dicha ley) contempla comprarles a unos oferentes, que son los mismos intermediarios. El campesino termina vendiéndole a ese tercero, que es el que se queda con el dinero. Es inexplicable que los campesinos estén botando su producción y haya colombianos aguantando hambre”, advierte Jiménez. En ese sentido, se pronunció Alan Bojanic, promotor de la ley desde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). “Es urgente reglamentar la ley. Las gobernaciones y municipios están llamados a generar políticas públicas que contribuyan a promover la asociatividad de los agricultores y la creación de circuitos de abastecimiento local”.

 

Lejos de las discusiones políticas, en la vereda La Loma de Bojayá, Juana sigue adelante con su cultivo de plátano. Cada viaje es una travesía que disfruta como si fuera la primera vez que navega. Pertenece a la Asociación de Plataneros del Medio Atrato (Aplameda), que agrupa a 400 familias de la región. En junio de este año, Juana y otra cultivadora, Genoveva, viajaron a Quibdó en representación de 12 mujeres cultivadoras. Juntas llevaron 20 toneladas de plátano para venderlas a precios bajos y beneficiar a la población más necesitada de la capital de Chocó. Ella tiene claro que hoy, más que nunca, la solidaridad tiene que hacerse sentir: “Esta pandemia ha sido dura, pero siempre alcanza para ayudar. Lo más bonito es que al darle un par de plátanos a quien los necesita sabes que llegará a la casa y tendrá algo que comer”.

 

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