El miedo y la violencia regresaron al Bajo Putumayo

Encerradas por un toque de queda decretado por actores armados, y con miedo, las personas no pueden salir a la calle en varios municipios del Bajo Putumayo. De nuevo los niños están siendo reclutados, los líderes amenazados y, quienes piden paz, acallados. La violencia en la región parece reciclarse. Hoy, los actores armados controlan a la población: quienes intentan cruzar las fronteras con Ecuador o Perú en búsqueda de atención médica son detenidos. Incluso los infectados por coronavirus son amenazados y, en los peores casos, asesinados. 

En ese panorama, los líderes sociales de la región se han vuelto incómodos. El año pasado fueron asesinados 22 en el departamento y cientos más amenazados. “Tuve que salir desplazada de mi casa en el Bajo Putumayo porque mi nombre salió en un panfleto. Hay ciertos grupos armados que no quieren que se hable de paz o de la implementación del acuerdo”, dice una lideresa de la región quien prefirió no dar su nombre. Según cuenta, la situación de seguridad se agravó desde finales del año pasado. Tan solo en 2020, se perpetraron cuatro masacres en el departamento, en las que asesinaron a 15 personas. 

El coordinador de la Red de Derechos Humanos del Putumayo, Wilmar Madroñero, reconoce que la crisis viene de tiempo atrás. “El tema de seguridad ha estado complicado desde la firma de los acuerdos porque tras la desmovilización de las Farc surgieron nuevos actores que se disputan el territorio. Esa crisis se agudizó en 2020 a raíz de los asesinatos a líderes sociales por cuenta de los grupos que operan en el departamento”, explica.

En Putumayo hay varios actores armados. Por un lado los Comandos de Frontera, que son excombatientes del frente 48 de las antiguas Farc, que operan sobre todo en el casco urbano de los municipios. Por otro lado está el Frente Primero, conocido en la región como el Frente Carolina Ramírez, que hacen parte de los disidentes. Estos dos grupos se disputan el control del territorio en municipios como Orito, Valle del Guamuez, Puerto Asís, o Puerto Leguízamo.

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El asesinato a líderes, como en el resto del país, ha sido sistemático. Cualquier persona que defienda los derechos humanos, la implementación de los acuerdos y el medio ambiente, o que haga parte de una junta de acción comunal, corre riesgo. Madroñero explica que estas dinámicas nacen del abandono del Gobierno a esta zona del país, en el problema de la coca y el narcotráfico, además de la disputa de la  minería. 

“Las acciones de la Fuerza pública son insuficientes. Hoy los lugares más militarizados son donde más se han dado casos de violencia y de asesinato —cuenta Wilmar, con algo de resignación—. Para el Estado la presencia de la institucionalidad es solo el Ejército o la Policía. Muchos municipios de la zona están aislados, no tienen conectividad, acceso a salud, educación o vivienda”.

Además de los asesinatos selectivos y la persecución, en el 2020 en la región  aumentó el reclutamiento a menores y su participación en la disputa armada. Según cifras de la Red de Derechos Humanos, cerca de 600 niños fueron reclutados, algunos con solo 14 años. Este fenómeno, cuenta Yury Quintero, lideresa de la región, no solo responde a reclutamiento forzado, sino también a incentivos económicos, como pagos mensuales. Muchos líderes que han denunciado esta realidad salieron del territorio por amenazas. 

“Si nos remitimos a lo que pasó después de la firma del acuerdo, la implementación y la no implementación del mismo, nos ha devuelto a lo que vivió el Putumayo hace 20 años: desplazamientos, amenazas; una arremetida militar en términos de estigmatización, persecución a los procesos organizativos y a la dirigencia, los montajes judiciales, los falsos positivos”, cuenta Yury.

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Ella resalta que la situación es aún más compleja por la misma ingobernabilidad y corrupción que se vive en la región. Un día, dice Yury, presentan al Gobernador o a un representante una queja, y al día siguiente,está preso o investigado.

Buanerges Florencio Rosero, quien fuera el gobernador del departamento, hoy tiene casa por cárcel por presunta corrupción en el manejo de los recursos contra la crisis de covid-19. Así mismo, el representante a la cámara por el departamento,  Jimmy Harold Díaz, fue capturado en 2019 por su supuesta participación en prácticas de minería ilegal durante su periodo como gobernador de Putumayo.

“El departamento está prácticamente en coma, y necesitamos que nos ayuden para reanimarnos. El control de muchos municipios es dictado por los grupos armados, quienes ven como una amenaza nuestro trabajo y los procesos comunitarios que llevamos en el territorio. Hay que seguir denunciado; callarnos no es una opción”,  dice Yury, quien a pesar de todo sigue alzando su voz. 

De la mano de la Red de Derechos Humanos de Putumayo, y de los líderes en la zona, hacen un llamado al Gobierno y a la misma comunidad internacional. “Necesitamos que en el departamento exista una presencia real del Gobierno, una presencia real de algún garante que nos ayude en esa lucha y seguimiento de la disputa en el departamento”. 

La violencia en Putumayo se vive en varias regiones del país. En el 2021, según cifras de Indepaz, se han perpetrado 12 masacres, que dejan un saldo de 42 muertos. La última ocurrió en Inzá (Cauca), donde 3 personas fueron asesinadas. La misma organización indica que en lo corrido del año 22 líderes sociales han sido asesinados, además de 7 firmantes del Acuerdo de Paz. Todo parece indicar que la confrontación armada en el país se está agudizando. Mientras las regiones siguen poniendo los muertos, día a día la violencia gana terreno. 

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