El Pacífico lleva años con desempleo de pandemia

julio 03 de 2020

Las cifras de desempleo en el litoral pacífico, donde la población es mayoritariamente afro, llevan años ubicándose en niveles como los que hoy vive el país en medio de la emergencia sanitaria por la covid-19. Sin embargo, las alarmas no sonaban con la misma intensidad.

El Pacífico lleva años con desempleo de pandemia

| En Quibdó, la tasa de desempleo joven ha llegado incluso a ser de 30 por ciento. | Por: CIVP


Por: Juan David Naranjo Navarro
@JDNaranjoN

Esta semana, el DANE reveló las nuevas cifras de desempleo del país para mayo de 2020 y los números son alarmantes. Como lo predijeron múltiples analistas, con la llegada de la pandemia por el coronavirus y la cuarentena impuesta por el Gobierno nacional para intentar reducir el contagio, el porcentaje de personas desempleadas llegó a un máximo histórico de 21,4% y la población ocupada cayó de 22,1 millones en el mismo mes del año anterior a 17,2 millones.

 

En efecto, las cifras son devastadoras para el país y confirman que el confinamiento ha destruido no solo un gran número de empleos sino incluso la intención de muchas personas de buscar trabajo. Sin embargo, al revisar las principales ciudades del litoral pacífico, en los territorios con población mayoritariamente afro, queda en evidencia que allí las tasas de desempleo en los últimos años han sido iguales o superiores a las cifras registradas durante la pandemia en el promedio nacional.

 

Es cierto que la tasa de desempleo de Quibdó para mayo de 2020 fue la única del país que presentó una leve disminución frente al mismo periodo del año pasado, al pasar de 19,7 a 19,3 por ciento. Sin embargo, la realidad es que el desempleo en la capital chocoana en los últimos cinco años ha estado por encima del 18 por ciento, casi duplicando el promedio nacional cuando no había coronavirus. Para los jóvenes la situación es aún peor. En todas las mediciones del último año el desempleo juvenil en Quibdó se ha mantenido por encima del 25 por ciento y en mayo de 2018 estuvo incluso por encima del 30 por ciento.

 

Y aunque no hay cifras actualizadas para Buenaventura, en el Valle del Cauca, y Tumaco, en Nariño, lo que ha quedado en evidencia en los estudios que se han realizado en las dos ciudades portuarias más importantes del Pacífico es que el desempleo es de proporciones aún más grandes. En un informe del DANE sobre el puerto vallecaucano, en el 2017 la tasa de desempleo se ubicó en el 20,5 por ciento. Y para el caso tumaqueño, según un reporte de la cámara de comercio de la ciudad, el desempleo en el 2019 se situó en el 88 por ciento, con 146.533 personas desocupadas de una población económicamente activa de 165.679.


 

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Según María Emilsen Angulo, alcaldesa de Tumaco, Nariño, los jóvenes son los que más se ven afectados por el desempleo de la región. Foto: CIVP.

 

Para el economista y magíster en Estudios Afrocolombianos Arley Mena, presidente del Consejo Laboral Afrocolombiano (CLAF), una de las principales razones para esta situación es el “abandono estatal” a este territorio y la falta de estrategias que permitan a los habitantes alcanzar mayores niveles educativos, con lo cual muchos se quedan “viviendo del rebusque”.

 

Lo de la educación es una realidad que las cifras comprueban, tanto en los índices de analfabetismo, como en los años de escolaridad y el porcentaje de personas que terminan educación superior. Por ejemplo, en el censo del DANE del 2018, el 14,3 por ciento de la población afrocolombiana informó haber terminado educación superior, frente a un 18,8 por ciento del total nacional. Igualmente, se reportó un analfabetismo de 9,3 por ciento en la población afro frente a un 6,1 por ciento del total nacional.

 


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Sin embargo, este no es el único problema. Como dice Nílder Sánchez, un joven de 26 años de Istmina, Chocó, educarse tampoco garantiza un empleo en la región. Nílder dejó su municipio en el 2011 para estudiar una carrera universitaria en Cali. Después de mucho esfuerzo de su madre, una maestra que con sus ahorros logró enviarlo a la universidad, Nílder regresó el año pasado a su casa tras graduarse como politólogo. Aunque todos estos meses ha estado buscando oportunidades laborales, asegura que en el departamento resulta muy complicado emplearse por fuera de la burocracia estatal porque hay muy pocas empresas.

 

“He enviado hojas de vida, he buscado vacantes, pero aquí si no es como contratista de la alcaldía o la gobernación, son muy pocas las posibilidades porque no hay sector privado que emplee”, dice Nílder con resignación y con seguridad de que una vez pueda viajar irá a buscar suerte en otra ciudad.

 

La debilidad del tejido empresarial es otra de las causas estructurales para el desempleo que señala Alí Bantú, director del Colectivo de Justicia Racial. “Si no hay inversión privada, pues qué empleo va a surgir. La gran mayoría del empleo por el que la gente opta, no porque quiera sino porque le toca, es el rebusque, el día a día en la informalidad, la economía de pan coger”, dice Bantú. Y agrega: “con todo eso, la juventud, para comprarse una muda de ropa o una moto, termina metida en la delincuencia. Ese es el destino que de alguna u otra manera le estamos deparando como sociedad a esa gran población joven del pacífico”.

 

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Alí Bantú,  director del Colectivo de Justicia Racial; y Arley Mena, presidente nacional del Consejo Laboral Afrocolombiano (CLAF).

 

Esta realidad la vivió Frank Collazos en su natal Villarica, al norte del Cauca, a finales de la década del 2000. Después de caer en una enfermedad y ser despedido de la empresa para la que trabajaba, tuvo que huir a Bogotá: los grupos armados estaban en proceso de reclutamiento en su municipio y Frank sabía que ese no era su futuro. “Muchos de mis amigos que decidieron quedarse ya hoy no están. Terminaron metiéndose a las filas de grupos armados para ganarse unos pesos y el conflicto terminó con ellos”, cuenta.

 

Para Frank, en Bogotá estaba la esperanza de seguir estudiando y conseguir un empleo para ayudar a su familia. En efecto, los primeros meses consiguió un trabajo que disfrutaba. Pero después de unos años se encontró con una barrera adicional que enfrenta la población afrocolombiana: la discriminación racial en el trabajo, tanto para la contratación, como para el ascenso laboral y la remuneración económica.

 


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Un estudio experimental de la Universidad de los Andes y la organización Dejusticia, en el que enviaron hojas de vida ficticias para revisar la discriminación o preferencias a la hora de la contratación en empresas de Bogotá, encontró que la raza es el factor que afecta con mayor fuerza la probabilidad de una respuesta positiva a una solicitud de empleo. “Tener fenotipo afrodescendiente disminuye de manera significativa las probabilidades de conseguir una entrevista de trabajo, mientras que tener un fenotipo blanco las aumenta considerablemente”, aseguraron los investigadores.

 

Exactamente esto ha encontrado Frank en más de una ocasión. Después de renunciar a la empresa en la que no vio posibilidades de ascenso, son más los años que ha pasado desempleado que con un trabajo formal. “En una oportunidad, una persona me dijo directamente que me agradecía por ir a la entrevista pero que no contrataba gente negra”, narra sobre ese episodio que lo motivó a dedicar sus días al trabajo con las comunidades afro, actividad que paradójicamente también lo ha alejado de oportunidades laborales en donde lo han visto con recelo por su liderazgo social.

 

El estudio de Los Andes y Dejusticia observó que en la variable “color de piel”, el 19% de las personas blancas recibió una respuesta positiva a su solicitud, contra solo el 9% de personas afro.

 

Sobre estos episodios, los académicos de Los Andes y Dejusticia lanzan una conclusión que determina buena parte de la realidad de la población afro en Colombia: “este es un campo de reproducción de desigualdades. Que las personas más excluidas sean quienes menos accedan a un trabajo es causa y consecuencia al mismo tiempo de posiciones de desventaja en las jerarquías sociales, muchas de carácter estructural, que siguen un círculo vicioso en las condiciones de vida”.

 

Para mitigar estas injusticias, la Asociación de Empresarios de Colombia (ANDI) lanzó el año pasado una guía para la promoción de empleo inclusivo en las empresas. El primer llamado a los empresarios y directivos es a reconocer que en sus compañías puede haber prácticas discriminatorias y trabajar en revertirlas. Para que la inclusión laboral sea una realidad, la ANDI insta a los equipos de gestión humana a modificar los manuales de contratación de las entidades para que existan cargos que puedan ser suplidos por profesionales o personas sin experiencia laboral. Igualmente, recomienda hacer explícito que como parte de la evaluación de las vacantes no se podrá hacer uso de prácticas discriminatorias según el municipio de origen, el lugar de residencia, el género, la raza o la edad, entre otros.

 


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Para la inclusión de la población afro en particular, una de las sugerencias es establecer alianzas con organizaciones comunitarias y de base, para acercarse a estos grupos poblacionales y llevar a cabo acciones integrales que maximicen los impactos, ya que este tipo de organizaciones pueden tener información detallada de la población y sus características.

 

Estas acciones las reconoce Mena como un avance para disminuir el desempleo y la informalidad laboral de la población afro, que tiene unos índices del 81 por ciento. Pero también llama la atención sobre la necesidad de tomar medidas que ayuden a atraer la inversión privada al Pacífico y a crear empleos de calidad. “Considero que debería desarrollarse una política pública que ponga cuotas de empleo o que premie en materia de impuestos a quienes contraten a gente negra o creen empresa en el Pacífico”, dice.

 

Sobre las cuotas de empleo, un estudio del Banco Mundial que analiza la situación de la población afrodescendiente en Latinoamérica dice que estas pueden fallar en su intento por promover la igualdad de oportunidades en el mercado laboral si las condiciones que frenan a los afrodescendientes no se resuelven. Esto es especialmente importante para el litoral pacífico, donde las necesidades básicas insatisfechas son mayores que las del resto del país.

 

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Recomendaciones del Banco Mundial para la inclusión social de la población afrodescendiente en América Latina.

 

“Hay que tener en cuenta que la infraestructura de la región pacífica está bastante atrasada para garantizar al sector empresarial inversiones privadas importantes. Es decir, las carreteras son casi inexistentes, no hay agua potable en gran parte de la población, la conectividad y el internet es bastante débil, la energía eléctrica tiene fallas, y todo esto dificulta que llegue inversión privada. El Estado debe meterse la mano al bolsillo para ayudar a resolver estos problemas”, complementó Bantú.

 

Resolver estas problemáticas de la población afro, y en especial de la región pacífica, requiere de apuestas audaces. Así lo intentó el Gobierno nacional en su Plan de Desarrollo; sin embargo, como dijo el presidente de la Región Administrativa y de Planificación (RAP) Pacífico, Camilo Lloreda, las metas no fueron lo suficientemente ambiciosas. “Si reconocemos que hay una deuda histórica con esta región, hay que saber de cuánto es, pero especialmente cómo se va a subsanar. Queremos metas que sean más coherentes”, concluyó Lloreda.

 

Entre tanto, Nílder seguirá esperando que las soluciones lleguen a su región, no solo porque quisiera hacer su vida allí sin tener que dejar su tierra, sino porque espera que la oportunidad que él tuvo de estudiar la universidad la tengan muchos de sus coterranios y, en efecto, se cumpla lo que el Banco Mundial ha estimado: que completar el nivel terciario de educación puede reducir la probabilidad de los afrodescendientes de ser pobres entre un 21 y un 31 por ciento.

 


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