octubre 17 de 2018

El papel de la tierra en la reincorporación de las Farc

Por: Jaime Forero Álvarez

En el municipio de Mesetas, Meta, hay dos asentamientos de las Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común. Allí viven unos 200 excombatientes, entre mujeres, hombres y niños. Con la asistencia técnica y administrativa de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y de otras entidades, ellos han montado algunos negocios como panaderías, tiendas, restaurantes, sastrerías y empresas de transporte o turismo rural.

En ese territorio son notables las huertas y la cría de gallinas, pollos y cerdos, con lo cual se proporcionan una pequeña parte de su alimentación. Todos estos emprendimientos son muestras fehacientes del compromiso de las instituciones, y de los excombatientes, con el proceso de paz.

Mientras llegan los recursos proyectados, se avanza con mínima financiación pero con una gran voluntad (tanto de los funcionarios como de los excombatientes) en la implementación de algunos proyectos de mayor envergadura.

Es una población pacífica, organizada y ocupada, que dedica su día a día a cumplir con sus trabajos y con el cuidado de sus hijos; de los pocos que reencontraron cuando dejaron las armas y de los muchos que han traído al mundo en este último año.

Ha sido un cambio drástico en sus vidas, pues antes estaban regidas por la férrea dinámica de la guerra que les imponía no procrear. Ahora, después de quince, veinte o treinta años de haber vivido en la “mata” con el fusil y el morral al hombro, viven con esperanza. Con lo más valioso del proceso de paz: construir y reconstruir la familia.

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Es precisamente por todo esto que el Alto Comisionado de Paz, recién nombrado por el presidente Iván Duque, afirma que ha percibido claramente la «voluntad genuina» de los excombatientes de cumplir con los acuerdos y que el Estado va a ser «fiel al cumplimiento de sus compromisos».

Pero los trabajos señalados anteriormente ocupan a los excombatientes apenas una parte de su tiempo, de manera que los hombres y mujeres que se desmovilizaron militarmente no han podido desarrollar a plenitud su capacidad de trabajo.

Por otra parte, estas actividades les generan mínimos ingresos con los que no podrán sostenerse cuando dejen de recibir la ayuda alimentaria (hasta enero de 2019) y la mesada del 90 por ciento de un salario mínimo legal vigente (finaliza en agosto de 2019). Para solucionar esta situación se necesita dotarlos de tierras, para que ellos puedan fundarse como campesinos, empresarios o finqueros. Tierras en las que tengan la oportunidad de trabajar y llevar a cabo sus proyectos agropecuarios.

En algunos casos van a optar por tomar lotes en arriendo. Sin embargo, arrendar tierras es inconveniente porque el arrendador no permite la siembra de cultivos permanentes, ni la construcción de infraestructura. Se debe trabajar exclusivamente la línea de producción pactada, negando la posibilidad de llevar a cabo varias actividades agropecuarias simultáneamente. Esto ha sido clave para la economía de los campesinos y finqueros que necesitan diversificar el riesgo que significa embarcarse con un solo producto, sujeto a los avatares del mercado, del clima y de las plagas.

Ahora bien, resulta contradictorio no solo con la lógica de la economía campesina, sino del proceso de paz, que la tierra que necesitan los excombatientes para trabajar sea un bien efímero que no garantiza su estabilidad poblacional y productiva.

Arrendar no es una solución. Hay que aprovechar necesariamente la larga experiencia del Estado en la materia para adjudicar tierras. Tengo noticias de que en algunas otras zonas se han comprado algunos predios para implementar los proyectos. Es urgente avanzar con toda decisión en esta dirección, ya que la situación puede tornarse insostenible.

 

POR JAIME FORERO | @jforeroalvarez

Director del Observatorio Rural de la Universidad de La Salle. Consultor de ASPROINCA, FAO, Fundación San Isidro, BID, Minagricultura, Minambiente, Acción Social, Banco Mundial, entre otros. 

 

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