abril 30 de 2019

El reto de implementar los PDET

Por: Carlos Córdoba Martínez

En la vereda La Angalia, del municipio nortesantandereano de Tibú, todo estaba preparado. Cuando llegaron los funcionarios de la Agencia de Renovación del Territorio, un grupo de líderes del pueblo estaba a la espera para formular un plan con un nombre raro, pero que es parte importante en la implementación del Acuerdo de Paz. 

Los líderes se pusieron de acuerdo en lo más prioritario y firmaron un Pacto Veredal. Pocas semanas después, el ejercicio se repitió en todo el municipio y luego en toda la región, dando como resultado el Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET– del Catatumbo. 

Esta experiencia se multiplicó por miles de veredas ubicadas en los 170 municipios más afectados por el conflicto y la pobreza, los cuales conforman 16 subregiones con prioridad en la implementación del Acuerdo de Paz, especialmente en los contenidos de la Reforma Rural Integral.

Hoy ya están formulados los 16 PDET, lo que significa que esta estrategia tuvo un gran resultado gracias a la continuidad entre los gobiernos de Santos y Duque. Al menos 200.000 personas participaron en la formulación de estos planes y se recogieron 32.808 propuestas de proyectos e iniciativas para mejorar las condiciones de las comunidades rurales. 

Hoy el reto es su implementación, para lo cual es necesario alinearse por lo menos en dos frentes. En primer lugar, se requieren los compromisos de los distintos sectores del Gobierno nacional. De nada serviría que los PDET tengan el inventario de las vías necesarias para el desarrollo rural si no hay recursos para construirlas.

Lo mismo sucede con requerimientos como el agua potable, la energía eléctrica y los proyectos productivos. A esto hay que sumar un ‘todos ponen’ con las gobernaciones y alcaldías, las empresas privadas y, por supuesto, las comunidades que puedan aportar sus propios recursos.

En segundo lugar, los PDET deben estar conectados con mercados y centros de consumo. Por supuesto que hay muchos temas de necesidades básicas, pero las vías y los proyectos turísticos o agropecuarios tienen lógica si realmente se ponen en marcha articulándolos a las ciudades intermedias y a los sitios donde hay demanda.

Esto puede generar ingresos para los campesinos de cada una de estas subregiones. Los planes pueden ser la oportunidad histórica para tener desarrollo territorial y no una suma de necesidades y solicitudes. Esto es una responsabilidad compartida. Ojalá nos pongamos el chip de la implementación y no se queden solo en una propuesta. 

 

Carlos Córdoba Martínez es exdirector ejecutivo de Región Central - RAPE (Región Administrativa y de Planeación Especial).


Las opiniones de los columnistas en este espacio son responsabilidad estricta de sus autores y no representan necesariamente la posición editorial de SEMANA RURAL.

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