En Colombia, el 90 por ciento de los delitos sexuales queda en la impunidad

Helena* aún espera ser reconocida como víctima de violencia sexual. Cuando tenía 14 años fue víctima de desplazamiento y reclutamiento forzado. En las FARC, la obligaron a usar anticonceptivos y abortar. Esas exigencias a las que tuvo que someterse dejaron graves consecuencias en su cuerpo y su salud. Hoy espera que sus derechos a la justicia, a la salud y a la reparación sean validados.

De acuerdo con el informe La Guerra Inscrita en el Cuerpo del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), publicado en el 2017, la violencia sexual alcanza el 90% de impunidad en el país. El caso de Helena* hace parte de la estadística. La Unidad de Víctimas le negó su inscripción en el Registro Único de Víctimas (RUV), por lo que en el 2018, y con ayuda de la ONG Women’s Link Worldwide, interpuso una acción de tutela. Los jueces de primera instancia le negaron el derecho, pero la Corte Constitucional tomó el caso, que hoy se encuentra en trámite.

La historia de Helena* hace parte del informe Una violencia sin nombre: violencia reproductiva en el conflicto armado colombiano, de Women's Link Worldwide, que da cuenta de estas agresiones como una práctica sistemática y generalizada. El documento fue entregado a la Comisión de la Verdad (CEV) el pasado 18 de junio, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos.

Ese día, junto al informe de Women's Link Worldwide, otras dos organizaciones defensoras de los derechos reproductivos entregaron sus documentos: el Informe Contextual sobre el Aborto y la Anticoncepción Forzada a Mujeres Combatientes en el marco del Conflicto Armado, de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, y Violencia reproductiva en el conflicto armado colombiano, del Centro de Derechos Reproductivos. El primero contó con 50 relatos de mujeres excombatientes, y el segundo, con 68 reportes públicos para identificar las principales modalidades de esta violencia.

«Todas las mujeres y niñas, ya sean civiles o combatientes, tienen derecho a optar por la maternidad o el aborto legal, tanto en tiempos de guerra como de paz. Nadie, ni el Estado ni los actores armados, pueden decidir por ellas. Sin importar el país o el actor armado, a estas víctimas se les debe garantizar verdad, justicia y reparación.»

Según el Registro Único de Víctimas (RUV), con corte a abril de este año, hay 32.092 víctimas de delitos contra la integridad física sexual. De ellas, el 90.47% son mujeres. La Ley 1448 y el trabajo de las ONG defensoras de los derechos reproductivos reconocen una amplia tipología de delitos: esterilizaciones, uso de métodos anticonceptivos, embarazos y maternidades forzadas.

La presentación de estos tres documentos supondría una oportunidad histórica, ya que ninguna Comisión a nivel mundial ha investigado sobre la autonomía reproductiva ni profundizado en esta infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Si bien las instituciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) han acompañado a las mujeres víctimas, registrado la vulneración a sus derechos y promovido la reparación integral, las víctimas demandan que se investigue y esclarezca el impacto del conflicto en los derechos sexuales y reproductivos.

Además de dar cuenta de la violencia reproductiva en el marco del conflicto armado, cada documento agrega otras perspectivas. El informe de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres le apunta a la construcción de la verdad. Esta herramienta es indispensable para que las excombatientes puedan reconocer su autonomía sexual y reproductiva. Por su parte, el del Centro de Derechos Reproductivos agrega la fumigación con glifosato como una violación a los derechos, ya que una alta exposición al herbicida puede provocar infertilidad o abortos involuntarios.

Los tres informes también mencionan la responsabilidad estatal y la importancia de identificar a los victimarios. Sus historias son un recuerdo de cómo integrantes de los grupos armados, tanto Fuerza Pública como organizaciones ilegales, vulneraron sus derechos reproductivos. De acuerdo con el informe La Guerra Inscrita en el Cuerpo del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), los principales responsables son los grupos paramilitares (32.2%), la guerrilla (31.5%) y los agentes del Estado, detrás de al menos 206 casos. Además, los datos obtenidos por el Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) del CNMH indican que hubo dos momentos críticos: entre 1997 y 2005, y entre 2006 y 2017.

Además de la entrega, las tres organizaciones compartieron algunas peticiones a la Comisión de la Verdad, como que se aborde la violencia reproductiva como una categoría independiente de análisis y se esclarezca la responsabilidad del Estado por obstaculizar el acceso a medidas de reparación para las víctimas de violencia reproductiva intrafilas, entre otras.

Los documentos y el trabajo de estas organizaciones defensoras de los derechos humanos configuran un esfuerzo para que se reconozcan a las víctimas de la violencia sexual. Sobre todo, para disminuir los índices de impunidad que registra el país. Helena* espera que su historia sea incluida en el caso 007 de la JEP, sobre reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto armado colombiano, estipulado por el Auto 029 del 2019. Su posible participación en la Jurisdicción y una respuesta positiva por parte de la Corte Constitucional serían un avance para la reparación integral de ella y de cientos de niñas y mujeres afro, indígenas, campesinas y excombatientes, atacadas por el conflicto armado de Colombia.

Si quiere consultar el Informe Contextual sobre el Aborto y la Anticoncepción Forzada a Mujeres Combatientes en el marco del Conflicto Armado, puede hacer clic aquí.

O si desea conocer más del informe Violencia reproductiva en el conflicto armado colombiano, puede hacer clic aquí.

* Helena es el nombre asignado por la Corte Constitucional para proteger la identidad e intimidad de la mujer que interpuso la acción de tutela.

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