¿En qué quedarán los pactos veredales y municipales con el gobierno Duque?

julio 31 de 2018

Las comunidades de las regiones más abandonadas del país, donde se está implementando el acuerdo de paz, trabajaron para consignar sus sueños en pactos veredales y municipales. ¿Qué pasará cuando se posesione el próximo gobierno?.

¿En qué quedarán los pactos veredales y municipales con el gobierno Duque?

| En septiembre de 2017, los habitantes de esta vereda de Conejo, La Guajira, se reunieron en una preasamblea. | Por: Carolina Arteta


Por: SEMANA RURAL
SemanaRural

Si hubo algo difícil de enseñarles a los habitantes de las 13.000 veredas y corregimientos priorizados por el acuerdo de paz fue a pensar a largo plazo. María Eugenia Pinto, directora de Intervención de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), recuerda que cuando los funcionarios de este nuevo programa surgido por el punto sobre reforma rural integral comenzaron a recorrer el país, encontraron que “para estos colombianos era impensable proyectar su futuro”.

Esto se explica a partir de los factores con los que se eligieron las 16 subregiones que los integran; gravemente afectadas por la violencia, con altos niveles de pobreza, cultivos ilícitos, presencia de economías ilegales e instituciones débiles. Así que, sencillamente, lo que los habitantes de estas zonas han tratado de hacer es ¡sobrevivir!


Por eso, resultó muy extraño que la ART haya llegado hasta tan lejos para invitarlos a soñar y pensar su región a 10 años, tiempo en el que el acuerdo creyó cerrar la brecha entre lo urbano y lo rural.

A partir de ahí, iniciaron un largo proceso basado en una metodología piramidal, que comienza en las veredas con las comunidades campesinas y étnicas y termina en pactos municipales con las distintas fuerzas locales, incluidas las políticas y las empresariales. La ART pudo identificar un total de 21.000 actores en las regiones, entre líderes comunitarios, Juntas de Acción Comunal (JAC), así como diversas iniciativas y organizaciones sociales. 

 


“Estamos tratando de meter esa visión de lo que es el desarrollo para nosotros: el cuidado de las fuentes hídricas, el uso de semillas criollas, la reforestación con especies nativas o la educación rural”

JAIRO BARRETO, líder de víctimas de Ovejas (Montes de María)


 

La ART busca que los habitantes de las regiones participen en la formulación de los proyectos. CAROLINA ARTETA


 

Para Manuela Urrego, subdirectora de Coordinación y Fortalecimiento Institucional de la Agencia, el trabajo ha sido ‘revolucionario’, porque se pudieron conocer conformaciones veredales que no estaban registradas ni siquiera en el Instituto Agustín Codazzi. 

La funcionaria resalta como un caso de éxito el desarrollo que este proceso tuvo en Chocó, pues los consejos comunitarios de todo el departamento compartieron sus sueños con la Mesa Departamental Indígena, junto con los cabildos y resguardos. “Si hay alguien que defiende este proceso a muerte, son las comunidades étnicas”, dice.




Los habitantes de las 48 veredas de Puerto Rico (Caquetá) decidieron sus proyectos, pero les falta concertarlos con el comercio y la administración local, entre otros sectores. CORTESÍA AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO 


 

 DEL ACUERDO A LAS ACCIONES 

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) quedarían contenidos en 16 planes de acción que, si se ejecutan, beneficiarán a los habitantes de estas subregiones porque mejoran la economía productiva, proveen luz y agua en lugares en los que no existen los servicios públicos y reparan las condiciones de bienestar para las comunidades étnicas y campesinas. Son necesidades inaplazables para el campo. Cumplir estas promesas, además, legitimaría la acción del Estado porque estos acuerdos fueron construidos desde su base por las propias comunidades. 

 

El Compes garantiza
 79,6 BILLONES DE PESOS
para el sostenimiento de los PDET por un periodo de 15 años
 

 


“Las condiciones de las vías son terribles, no hay empleo y el acceso a la educación es casi nulo. (...) Clamamos por más puestos de salud para la comunidad, aquí nunca llegó el Estado y por eso estamos así

CLEMENCIA ORTIZ, habitante del municipio de Florencia (Cauca)


 

Si se respetan los tiempos, en el papel quedaría lista buena parte del primero y más extenso de los puntos acordados en La Habana y que apunta a resolver uno de los problemas estructurales que ha aquejado a Colombia: el olvido del campo. Aparte de buenas vías, una educación pertinente, salud y servicios públicos, las comunidades reclaman su derecho a la tierra y a la economía productiva.

Además, la mayoría no está de acuerdo con los proyectos de extracción. Estos reclamos, como la restitución de tierras, explican en parte el asesinato sistemático de líderes sociales. “Parecemos un país dentro de Colombia”, dice Rodrigo Albeiro Zapata, hijo de un líder social del corregimiento de La Caucana, en Tarazá (Antioquia).  

 

La comunidad de Conejo (Guajira) escribió cuáles deberían ser las prioridades para su territorio. CAROLINA ARTETA.


 

A la fecha, por lo menos diez regiones ya han cumplido con el Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR), es decir, ya han trazado su ruta de transformación y están listos, pero falta la plata y la decisión política para implementarlos. Restan seis zonas que no han terminado de pactar sus sueños: 

 

 1  Pacífico medio

 2  Cuenca del Caguán y piedemonte caqueteño

 3  Bajo Cauca y nordeste antioqueño

 4  Macarena y Guaviare

 5  Sierra Nevada y Perijá

 6  Pacífico y frontera nariñense

 

Como el presupuesto de donde saldrán los recursos no quedó definido en el acuerdo, la administración Santos acaba de redactar un Conpes, que debería ser incluido dentro del Plan Nacional de Desarrollo del nuevo gobierno,  para proyectar cuánto vale implementar, dónde y cómo.


“Ya se ve una que otra obra en las calles, el Ejército viene más y se están reconociendo algunas tierras, pero aún es muy inseguro, las bandas criminales siguen haciendo de las suyas

ALCIDES PEÑA, líder campesino de Valparaíso (Antioquia) 


 

A pesar de los avances y de la carrera contrarreloj para dejar refrendados los planes de acción surge la duda de qué pasará cuando entre en vigencia el nuevo gobierno. Los planes están pensados para implementarse mínimo durante una década a partir de 2019, pero se entiende que el cambio estructural del campo llevará mucho más tiempo.

Es preciso que se atiendan las demandas que surgen en las comunidades, en vista de que el compromiso fue del Estado colombiano y no de un gobierno. Si el gobierno entrante no retoma estos consensos, los sueños de cientos de comunidades pueden despertar como pesadillas. 

 

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Semana Rural. Un producto de Proyectos Semana S.A. financiado con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a través del programa de Alianzas para la Reconciliación operado en Colombia por ACDI/VOCA. Los contenidos son responsabilidad de Proyectos Semana S.A. y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos.