¿La reincorporación pasó el año o se rajó? Entrevista con el director de la ARN

diciembre 21 de 2018

Andrés Stapper, director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, responde a las críticas y asegura que el gobierno no les ha hecho ‘conejo’ a los exguerrilleros. También responde a quienes critican la lentitud para aprobar los proyectos productivos..

¿La reincorporación pasó el año o se rajó? Entrevista con el director de la ARN

| Andrés Stapper fue nombrado director general de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización en marzo de 2018. | Por: ESPECIAL PARA SEMANA RURAL


Por: Gerardo Quintero
gerardoquinte

Para Andrés Stapper "las cifras hablan por sí solas del trabajo" de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN. Es uno de los pocos altos funcionarios que 'sobrevivió' del gobierno Santos, y ahora el presidente Iván Duque le dio la confianza para continuar al frente de una entidad crucial en los próximos años de postconflicto. Al cumplirse dos años de la firma del acuerdo de paz con las Farc, Stapper muestra sus números: 12.787 cuentas de ahorro para que los excombatientes pudieran recibir apoyos financieros. Más de 24.000 millones de pesos se desembolsaron para la asignación única de normalización de 12.632 personas. También dice que de las 295 iniciativas productivas presentadas, 52 fueron proyectos colectivos radicados y presentados a la Mesa Técnica de la ARN: 17 ya fueron aprobados y dos de los proyectos han sido desembolsados, allí se invirtieron 1.048 millones de pesos. Los 30 proyectos productivos individuales han beneficiado a 32 excombatientes, explica el funcionario.

En diálogo con SEMANA RURAL, Stapper advierte que en 15 meses no se puede transformar el Estado ni se puede lograr que los más de 6 mil exmilitantes de las Farc se reincorporen a la vida civil sin problema.

Frente a las críticas por la lentitud en la definición de los proyectos productivos, explicó que no se trata de correr sino que es necesario realizar estudios, garantizar la comercialización de los productos y, sobre todo, definir las necesidades de los propios excombatientes.

 

El funcionario se incorporó a esta institución que hoy dirige en 2012. © ESPECIAL PARA SEMANA RURAL

* * * *

Algunos líderes de las Farc han cuestionado la agencia porque dicen que privilegia los proyectos individuales y no los colectivos, como quisieran ellos

Parte del reto que nosotros hemos tenido y parte de la crítica y más por el componente Farc es que nosotros tenemos una ruta individual y que queremos llevarlos por ese camino individual, es decir que con eso intentamos cambiarle hasta su chip político colectivo en el marco de los Acuerdos de Paz y nosotros lo único que estamos diciendo es que queremos generarles la habilidad y la competencia a esas personas para que sean ellas las que decidan. Lo que pretendemos es que ellos sean los que decidan si quieren meterse en la cooperativa Manuel Marulanda Vélez, Mavecoop, para la inversión de los recursos en su proyecto colectivo o qué es lo que desean. O tal vez algunos descubren que no tienen tanta vocación rural como creían tener y más bien quieren buscar una vocación en el servicio del empleo público, con la empresa privada o tener otro tipo de decisión. Entonces cuando me dicen cuál es la confrontación entre lo individual y lo colectivo, pues aquí no hay diferencia. Lo único que queremos es fortalecer a la persona para que ella misma decida como cualquier ciudadano. Le pongo un ejemplo: en las zonas veredales se agruparon un poco más de 6.800 personas, en su gran mayoría excombatientes, uno de los procesos más exitosos de las últimas décadas. Por excombatiente se entregaron de 1,3 a 1,6 armas por persona. Pero la otra parte, son aproximadamente 3.192 las demás personas que vivían en Cali, otros en Medellín y otras ciudades pero aparecen como miembros de Farc. Ellos ya tenían sus proyectos de vida en el marco de proyectos individuales y no quieren hacer otra cosa. En ese sentido, estamos liderando 150 proyectos productivos de carácter individual. (...) Ahora estamos en el modelo de construcción de la ruta de atención, frente a un enfoque de estudio, formación y acompañamiento sicosocial. Es un proceso más a largo plazo.

 

Si bien son 52 proyectos colectivos los que se propusieron, son 17 los aprobados y apenas dos desarrollados. Líderes de las Farc han expresado que el proceso ha sido muy lento frente al desarrollo de esas iniciativas. ¿Por qué no avanza con más rapidez?

El objetivo de las Farc era que, en el año uno y dos, el 100% de los proyectos productivos tenían que estar desembolsados y ejecutados a través de la cooperativa de ellos, que era E-común. Pero con la experiencia que hemos tenido con el proceso con las AUC y con otras desmovilizaciones individuales de miembros de guerrilla, si uno no les de las habilidades y competencias a la población, entregar los más de 100 mil millones de pesos que cuestan esos proyectos productivos sería casi botar la plata por la ventana. Es pensar que la totalidad de gente de las Farc tiene vocación productiva agroindustria y de carácter rural y eso no es cierto. También es necesario pensar en todo el entorno donde se proyectan estos planes y generar una red para que sean sostenibles en el largo plazo. (...) En Colombia tenemos una cultura errada y es que primero queremos sembrar y luego es que preguntamos cómo lo vendemos. Ahora, por ejemplo, tenemos una problemática en el Meta porque se sembraron más de 100 mil toneladas de maíz para comida de ganado y no sabemos cómo sacarlo porque los precios están por debajo de la pretensión del vendedor. Entonces un proyecto productivo no es solo sembrar, sino que es un tema de encadenamiento, cómo vincular al sector privado, cómo formar a la población y ojalá darle un valor agregado a ese producto que se está sacando. Esto no es un proceso de quince meses, es un proyecto a largo plazo.

 

¿Dónde están los proyectos que ya se desembolsaron y qué avances tienen?

Uno de los proyectos productivos está en Icononzo, es de ganadería, son 17 personas que están vinculadas. Es muy bonito porque no es todo el sistema ganadero sino un sistema pastoril, pero con reforestación. Algo muy importante del componente Farc es que le apunta mucho al tema ambiental. Fue una inversión de 136 millones, en estos momentos para ese proyecto contamos con el acompañamiento de Pnud para todo el tema de asistencia técnica, en temas de comercialización y también el acompañamiento del proyecto productivo. Y el otro es el de Miravalle, donde hay una cooperativa que se llama Manuel Marulanda Vélez, Mavecoop, que es multiactiva. Hicimos un desembolso de 560 millones de pesos, involucra a 60 excombatientes, pero a ese espacio territorial han llegado inversiones por más de $4.500 millones, a través de la cooperación internacional para un tema de granja integral, un cultivo de hortalizas, piscicultura, generación eléctrica, rafting, estamos hablando de una zona de reserva campesina, en El Pato, Caquetá, que era la casa de Manuel Marulanda Vélez, donde el Estado no llegaba. El proyecto busca la transformación de productos piscícolas, cadena de frío y todo el tema de granja integral y también el proyecto ecoturístico sobre el río Pato.


Este año, Stapper visitó  el entorno productivo de San Vicente de Chucurí. © ESPECIAL PARA SEMANA RURAL


En este momento hay mucho temor entre ellos porque los espacios están quedando prácticamente vacíos…

Nosotros tenemos una frase que dice que la reintegración al igual que la reincorporación no está sujeta a un espacio territorial. Donde están los combatientes, nosotros llegamos con la oferta pública, articulando los municipios y a las gobernaciones y ese es el objetivo. Tenemos más de 230 profesionales en cada uno de los espacios revisando las necesidades y articulando esa pequeña oferta para que llegue a estas zonas. Para mí no es necesario que estén en los espacios territoriales, lo fundamental es que estas personas se estén educando, formando y haciendo un proyecto de vida en la legalidad.

 

En mayo pasado usted decía que la reincorporación iba en un 80%. ¿En cuánto va ahora?

Bueno, ahí quiero generar una gran claridad porque creo que solo copiaron esa parte del mensaje. Cuando se mira el acuerdo en la parte en la que definieron el tema de la reincorporación, la primera pregunta que yo hago es: ‘¿qué parte de lo que está definido en el acuerdo no se ha cumplido?’ Tenemos la política social, los consejos territoriales, el programa de atención para los menores, se hizo el censo de la Universidad Nacional, estamos pagando las rentas básicas, los tenemos afiliados a salud, pensión.

De lo que se define en el acuerdo, no se ha incumplido una pizca, pero también lo que digo y lo que le he expresado a las Farc es que en el acuerdo nunca se estableció una ruta a largo plazo. En el acuerdo sólo se establecieron cimientos, como la estructura básica de lo que tenía que pasar en una política de largo plazo. Con eso creamos una política pública, que es la que llevamos, y ese sí va a ser el derrotero, los indicadores en un proceso de 8 años y un proceso planificado. Con esto es que se va a medir el cumplimiento de la reincorporación de los excombatientes. Entonces si me preguntas, de lo definido en el acuerdo, ¿en qué porcentaje va?, te voy a decir que en el 80% y más, pero obviamente es un proceso de reincorporación de largo plazo que hasta ahorita estamos iniciando.

 

Siempre se ha dicho que el acuerdo no era una camisa de fuerza, el hecho de que en el acuerdo no haya quedado pactado que el proceso de reincorporación debía durar mínimo 7 años, ¿no es una falencia del documento?

No estuve en esa parte de la negociación. Presentamos instrumentos y documentos técnicos y políticos necesarios. Hay cosas en las que uno no está de acuerdo en el documento final, pero lo que sí hemos hecho es tratar de enderezar en este plazo las cosas que queremos para que sea un proceso sostenible en largo plazo. Un ejemplo es que a nosotros como agencia nos crucifican por el tema de tierras para proyectos productivos de las Farc. Yo sólo pregunto, ¿en qué parte del acuerdo quedó?, en ninguna parte está eso. Entonces por eso tenemos que ir a las necesidades del proceso, esas pequeñas cositas que requerimos para poder sacar adelante la reincorporación de los excombatientes.

 

¿Cuáles son los niveles de deserción, tomando como referencia los estándares internacionales?

Trato de buscar un punto a través de una investigación que hizo en el 2014 la Fundación Ideas Para la Paz, que es un informe de reincidencia o deserción de los miembros de estos grupos. Eso lo hizo una investigadora de la Universidad de Colombia, donde dice que aproximadamente 8 de cada 10 personas que ingresan al proceso de reintegración (teniendo en cuenta que es un proceso voluntario), permanecen en la legalidad, entonces estamos hablando de una deserción de aproximadamente 20 a 24%. Ese fue el estándar que hizo un informe totalmente ajeno. Nosotros en las presentaciones que hemos hecho tenemos una cifra mucho más alta. De aquellas personas que culminan la ruta, el 99% está en la legalidad. De los 23.000, si hay 30 investigaciones son muchas. Estas son las cifras sobre las cuales se miden este tipo de políticas. No estoy de acuerdo que a nosotros nos midan por los temas reincidencia o deserción. A mí, mídanme por cuántos logré capacitar, a cuántos logré ayudarles a superar esas condiciones de vulnerabilidad, de pobreza, que al fin y al cabo esos son los objetivos de desarrollo del país. Allá es donde se orientan los compromisos estatales, pero siempre nos miden en negativo.

 

« Esta es la declaración de Stapper sobre el asesinato de la psicóloga de la ARN en San Vicente del Caguán. 

Fuente: ARN

 

La mayoría de los excombatientes se queja de que los discriminan y les cuesta conseguir trabajo, ¿cómo ayudar a solucionar ese problema?

El sector privado es fundamental y el sector empresarial cumple una labor esencial en el marco de este proceso. Tenemos una matriz de relacionamiento con ellos dependiendo de las necesidades que también tiene el sector empresarial. Llevamos adelantando en estos quince años una matriz de corresponsabilidad de todos los sectores, pero obviamente nos falta trabajar mucho. Hay que entender que el sector privado ha sido muy afectado por el conflicto por parte de estos grupos, entonces hay que generar procesos de reconciliación. Un error que cometimos en el pasado fue decirle al sector privado “tenga 10 excombatientes“, entonces claro, los otros decían “¿por qué tengo qué emplearlos si antes lo que estos personajes lo que nos hicieron fue daño?” Lo que hemos logrado a través de un proceso es generarles un abanico de posibilidades, es decir, les decimos a los excombatientes es que también se vincule al proceso productivo a través de procesos comunitarios o el fortalecimiento de unidades productivas.

Han asesinado a más de 70 desmovilizados y eso naturalmente genera una alarma, ¿cómo garantizan entonces la seguridad?

En los ETCR solo ha ocurrido un caso. El resto han sido por fuera de los espacios territoriales. El compromiso del Estado de prestar seguridad en los espacios territoriales se ha cumplido. En lo que se definió la seguridad del acuerdo, que es fortalecer la unidad de protección a través de una subdirección técnica, se hizo. Se han empleado más de 1.200 agentes escoltas para la protección de su partido y los miembros de Farc. Hay que generar muchas medidas en materia de prevención, que no es solo protección, camionetas o escoltas. También hay que generar mecanismos de protección colectiva, prevención y autoprotección de la población. Es un camino en el que se ha venido avanzando, en el que se están articulando a través de las mesas de garantía de las medidas de seguridad y nosotros como agencia lo que hacemos es que cuando conocemos un caso de riesgo, lo remitimos a la autoridad competente a través de la unidad nacional de protección, de la Policía Nacional o de las Fuerzas Militares.

 

¿No cree que 70 asesinatos de excombatientes, casi todos ellos relacionados con temas políticos, es un número muy alto para dos años de implementado el acuerdo de paz?

Ahí yo digo que para inferir que el 70% de estas personas han sido por temas políticos, se dependerá de las investigaciones. Lo que sí puedo decir es que el 100% de los casos están en investigación por parte de las autoridades competentes y ahí se definirá si el componente fue político o porque la persona estaba en una actividad diferente o definir en qué marco se encuentra.

 

En los quince años que tiene la agencia, ¿qué elementos clave han desarrollado para la construcción de paz?

Los diferentes directores que hemos pasado por esta agencia hemos tratado de hacer un proceso de construir sobre lo construido y partir de la base de las lecciones aprendidas. Gran parte de los éxitos y logros que hemos tenido en el marco de la implementación de esta política no es reinventarse la rueda e ir perfeccionando esos procesos. Nosotros creamos un modelo educativo con recursos del Gobierno de Holanda, ese modelo en este momento involucra no solo a los excombatientes sino más a la comunidad. La reintegración para nosotros es un proceso que ya viene acabando. Un ejemplo, en Sincelejo, teníamos 884 personas en proceso, ahora tenemos 31 de las cuales terminan el próximo año. Eso pasa con el modelo de la reintegración, que ya está acabando, pero todo ese modelo educativo que creamos le queda a la comunidad. El otro es el modelo de reintegración comunitaria que se llama ‘Mambrú no va a la guerra, este es otro cuento’, un modelo para la prevención de reclutamiento de niños y adolescentes. Ese modelo más que ejecutarlo nosotros, lo hacen los entes territoriales. La idea es crear modelos de entorno de protección. También están las estrategias de reintegración comunitaria, y cómo a través de jóvenes de la barriada hacemos prevención a través de las escuelas. Lo que nosotros hemos hecho a partir de la política de reintegración es generar metodologías, ser un laboratorio de innovación social para que esto nos sirva no solo a  nosotros sino a quienes están al interior de las cárceles, para hacer políticas de resocialización; a las personas que están llegando como migrantes, porque ayuda a cómo caracterizarlos y ayudarles a hacer un tránsito a la legalidad.
 


POR: Gerardo Quintero | Editor nacional
@Gerardoquinte


 

¡Suscríbete!

Y recibe primero una selección de los mejores contenidos y novedades de SEMANA RURAL. Nada de spam, promociones comerciales ni cosas aburridas.

Ingresa el correo que más utilices, gracias por ayudarnos




¡Comparte!



Foto de perfil del autor del comentario






Semana Rural. Un producto de Proyectos Semana S.A. financiado con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a través del programa de Alianzas para la Reconciliación operado en Colombia por ACDI/VOCA. Los contenidos son responsabilidad de Proyectos Semana S.A. y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos.