El eventual regreso del glifosato en palabras de Alejandro Gaviria

febrero 20 de 2019

El regreso de las fumigaciones con glifosato parece una posibilidad cada vez más cercana. ¿Qué implica esto para las comunidades que no han podido sustituir completamente los cultivos ilícitos? Entrevista con Alejandro Gaviria .

El eventual regreso del glifosato en palabras de Alejandro Gaviria

| La discusión de recurrir al glisofato regresó luego de dispararse los cultivos ilícitos | Por: Miguel Galezzo


Por: SEMANA RURAL
SemanaRural

A mediados de 2015, durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, se suspendieron las aspersiones con glifosato como método de erradicación de cultivos ilícitos en Colombia, para entonces el país era la única nación que seguía utilizando este método como parte de la política antidrogas. Las razones, sustentadas bajo evidencia científica, eran el riesgo y el daño de este herbicida para la salud de las comunidades rurales, la ineficacia de las aspersiones y las consecuencias ambientales. En ese momento, mientras en la Habana, Cuba, se formulaba un plan de sustitución como parte del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, en territorio nacional el ministerio de Salud, encabezado por Alejandro Gaviria, justificaba y defendía la decisión que había ayudado a tomar sobre el glifosato.

SEMANA RURAL habló con el exministro de salud que puso en discusión las posibles consecuencias del herbicida con cifras, datos y autoridades académicas, sobre el posible retorno del glifosato a los campos, la actual política antidrogas y las posibilidades de la legalización como parte de la solución al problema de las drogas.
 

 


¿Qué piensa de la decisión del Gobierno de volver al glifosato?

 

Lo primero que quisiera decir es que no es una decisión solamente del Gobierno. Hoy en día la decisión de reanudar las aspersiones aéreas con glifosato pasa por un acuerdo institucional  y unas condiciones muy claras que ha puesto la Corte Constitucional para poder reanudar aspersiones aéreas con cualquier sustancia. Primero hay una inversión de la carga de la prueba. La Corte lo que ha dicho es que el Gobierno debe mostrar evidencias científicas sólidas suficientes, probando que no hay ningún tipo de impacto adverso sobre la salud y sobre el medioambiente. Segundo, hay unos cambios que deben hacerse al Consejo Nacional de Estupefacientes, a la forma de tomar decisiones y creo que la Corte ha dicho que debe haber un representante de los grupos étnicos en el CNE. También hay cambios a las consultas previas. La Corte ha sido más exigente con los mecanismos de monitoreo y seguimiento. Por eso cualquier reinicio de las aspersiones aéreas tiene que estar basado en una conversación compleja y difícil entre  la Corte Constitucional y la sociedad civil sobre el cumplimiento de este tipo de medidas.

 

¿Es posible que las comunidades gestionen el riesgo que implican los nuevas formas de aspersión?

 

Lo que tengo entendido con los drones, los que vuelan a pocos metros de la planta, es que si se garantiza que no va a existir una deriva, es decir si no va a afectar a la población, se implementan. Eso no ha funcionado. Los drones son una alternativa que se contempló hace unos meses, por allá a mediados del año pasado, pero hoy en día no parecen una alternativa real. Los helicópteros que han propuesto, si bien no conozco sus características, creo que tienen que cumplir también estas condiciones que ha impuesto la Corte Constitucional. En general, si las aspersiones aéreas son como se hicieron en el pasado va a ser muy difícil argumentar que la comunidad afectada puede gestionar su riesgo porque simplemente es una población inerme, no se trata de un riesgo ocupacional: el glifosato cae del cielo de un momento a otro. Esto no se hace con previo aviso y por eso la Corte ha insistido en que las consultas previas deben fortalecerse en estos casos.

 

¿Cuál fue la afectación real en términos de salud del uso de glifosato para erradicar?

 

Tenemos dos tipos de evidencia científica: la evidencia científica internacional,que no aplica directamente a nuestro país, viene de la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer. El cáncer tiene períodos de latencia muy largos, 20-25 años, y por tanto no se tiene evidencia circunscrita todavía en nuestro país. Hay otro tipo de estudios más puntuales, menos generalizables, que muestran que el glifosato en Colombia está asociado con abortos espontáneos, enfermedades dermatológicas y afecciones respiratorias. También hay evidencia cuantitativa y un cúmulo muy grande de anécdotas mostrando los impactos sobre el medioambiente, creo que en este caso esa evidencia es casi indiscutible.

 

Pero uno de los argumentos más fuertes en contra del glifosato es su papel en el desarrollo de tipos de cáncer...

 

La evidencia sobre cáncer se ha discutido mucho, hay una gran controversia científica internacional. No es definitiva, en el fondo se está hablando de una mayor riesgo, hay una clasificación de este principio activo en una lista que hace la Organización Mundial de la Salud. Pero es un riesgo muy alto sobre la salud. Por eso en este caso, el Gobierno anterior, yo fui parte de esas decisiones, decidió invocar el principio de precaución argumentando tres cosas. La primera que había un riesgo demostrado, había estudios en animales que demostraban una relación causal directa y estudios en humanos que demostraron una asociación muy grande entre el principio activo y algunas formas de cáncer. Segundo, se trataba de una población vulnerable que no tiene la capacidad de gestionar el riesgo. Cuando se juntan las tres cosas: el riesgo, la vulnerabilidad y la incapacidad para que las poblaciones manejen el riesgo y la afectación directa viene por parte del Estado es que se invoca el principio de precaución. De allí también que la jurisprudencia de la Corte ha puesto unas condiciones  para reanudar las aspersiones aéreas.
 

Existe un acuerdo institucional y unas condiciones propuestas por la Corte constitucional antes de que el Gobierno decida si regresan las aspersiones aéreas con cualquier sustancia.  ©León Darío Peláez.


 

¿Qué piensa del enfoque de seguridad sobre el problema de cultivos ilícitos que ha tomado el Gobierno actual?

 

Le voy a responder esa pregunta con una anécdota. Yo estaba en una reunión como Ministro de Salud, a finales del Gobierno anterior, donde nosotros insistimos una y otra vez que la política antidrogas tiene que partir de dos premisas fundamentales: los derechos humanos y la protección de la salud pública. Había un coronel de la república que había curtido en muchas batallas y dijo “así es, esta batalla hay que ganarla por el camino largo.” Esto es a través del respeto irrestricto a los derechos humanos  y a la salud pública de la población. Yo sigo pensando eso. Todas las discusiones por la política antidrogas deben partir de eso. Debe haber una política antidrogas, es una responsabilidad del Estado pero debe ejecutarse con un respeto a la población y un respeto a la salud pública. Esto no es un capricho, ha sido reiterado una y otra vez por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y hace parte de la ley estatutaria en salud que sancionó el expresidente Santos por allá en febrero de 2015.

 

¿Está de acuerdo con la política antidrogas del actual gobierno?

 

No estoy de acuerdo. Si está centrado enteramente en la seguridad, es un enfoque que deja de lado los derechos humanos y la salud pública, y no puedo estar de acuerdo. Creo que va en contravía de lo que ha dicho la jurisprudencia  o incluso de lo que dicen nuestras mismas normas.

 

Desde el punto de vista de la salud ¿por donde se debe combatir el problema de las drogas?

 

El énfasis debe ser la prevención, el acceso a los tratamientos y la reducción del daño de los consumidores,también debe partir de una premisa que a veces es difícil y es que no todo el consumo de drogas es problemático. Yo creo que hablar de la legalización de la cocaína es hoy en día utópico, hay algunos grupos de la sociedad civil que están haciendo planes a largo plazo y hablan de mercados de cocaína regulados en el 2030- 2035, pero yo veo esa realidad muy difícil. Es distinto a la marihuana donde la legalización parece ser el camino en muchos países, pero eso no implica que el énfasis no pueda ser en salud pública. En prevención que es muy importante, es difícil, no todos los programas de prevención son eficaces. El acceso a tratamiento, por ejemplo, en el país se ha venido incorporando en su plan de beneficios parcialmente, solo incluye algunos tratamientos. Además, las políticas en reducción del daño, que son fundamentales y que hoy en día no están enfatizadas en políticas públicas, básicamente son responsabilidad de algunas organizaciones no gubernamentales o grupos de la sociedad civil.

 

¿Por qué es utópico hablar de la legalización de la cocaína?

 

Porque en el fondo cualquier esfuerzo de legalización depende de lo que pase en la cabeza, de los modos de pensamiento de la gente. Con el cannabis, el mundo, no solo Colombia, comenzó a cambiar y hace apenas 15 años una minoría se oponía, hoy en día una mayoría está a favor de la legalización. La cocaína es una sustancia muy distinta, es consumida por una porcentaje mucho más pequeño de la población, donde las opiniones de la gente en general son todavía adversas. El investigador colombiano Francisco Tumis tiene una frase buena para describir esta diferencia entre una y otra sustancia: “La marihuana fue domesticada” por la sociedad en un proceso largo, la cocaína todavía no y cualquier proceso de legalización debe estar acompañado por los modos de pensamiento o si no nada va a pasar. Nos falta recorrer un camino, nos falta crear esa consciencia y yo no veo en ningún país, en un escenario probable, por lo menos en la próxima década, un esfuerzo serio por legalizar la cocaína.

 

Eso no significa que no se vaya a despenalizar el consumo, son dos términos diferentes. En muchos países no se penaliza el consumo, pero tener aquí a la vuelta de la esquina, en una pequeña farmacia, con una prescripción médica a los ciudadanos comprando cocaína legal es un escenario todavía muy difícil. Primero vendrá la marihuana, después la humanidad debe enfrentarse a unas sustancias que están comenzando a ser estudiadas desde el punto de vista médico: la psilocibina, el LSD… que actualmente se aplica para tratar la ansiedad en pacientes de cáncer,  o aplicaciones para combatir adicciones. Los usos médicos y científicos de la cocaína, por ejemplo, están menos estudiados, y eso hace que esta discusión sea más compleja. Recordemos que en el caso del cannabis este mayor espacio para la legalización se abrió precisamente cuando se puso sobre la mesa la posibilidad de usos médicos y científicos. 
 

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, se comprometió a erradicar cien mil hectáreas de cultivos ílicitos para este 2019. Mauricio Orjuela/Mindefensa



 

¿Por qué cree que en Colombia no se ha abordado el tema del consumo dentro de la política antidrogas?

 

Yo creo que en Colombia ya se ha abordado tanto desde el consumo como desde la producción. Lo que pasa es que la historia de nuestro país fue muy particular. Colombia es el primer exportador de cocaína hacia los Estados Unidos y otros mercados globales desde 1978. Esto cambió a nuestro país, entonces el énfasis en las políticas públicas, en la preocupación política, básicamente las demandas de la sociedad, estuvieron en temas de la producción. Pero en los últimos años con el aumento del consumo de sustancias en nuestro país, se ha multiplicado por tres ese número, en 25 o 30 años, también hay un énfasis ya en los aspectos del consumo.

 

Tuve una discusión sobre el microtráfico, hay una necesidad de regular estos mercados, hay una conversación más amplia en la sociedad. Todavía no tan fuerte como la que se dio en años pasados con el tema de la producción. Pero el consumo también es una preocupación en nuestra sociedad, difícil de resolver. El investigador americano Mark Kleinman ha dicho lo siguiente: “Los mejores programas preventivos para el consumo tienen una efectividad apenas entre el 15 y el 20%.” Este no es un problema fácil de abordar desde ningún punto de vista, es un problema que preocupa a la ciudadanía, y es un problema dónde  todavía no hay forma de articular las diferentes iniciativas que hace el Estado y la sociedad civil. No hay una agencia que se ocupe de estos problemas y hay falta de continuidad en los programas e iniciativas. Es un tema dónde hay políticas públicas pero falta mayor articulación.

 

¿Qué le diría a las personas que culpan a la suspensión del uso del glifosato del aumento en las hectáreas de cultivos ilícitos?

 

Le diría dos cosas. Primero, que antes de la suspensión de las aspersiones aéreas, esas fumigaciones eran tremendamente ineficaces. Varios estudiantes  que tuve yo en la Universidad de los Andes hicieron un artículo que mostraba que para erradicar de manera definitiva una hectárea había que fumigar 30. Este ya no era un método eficaz para los cultivos de uso ilícito. Segundo, lo análisis más concienzudos muestran que el aumento de los cultivos de uso ilícito  estuvo asociado, no a la suspensión de las aspersiones aéreas, sino que comenzó desde antes, a partir de dos fenómenos: la devaluación del peso que aumentó de manera sustancial la rentabilidad de estos cultivos, y la expectativa de la retribución o algún pago a quienes cultivaban en el contexto de las negociaciones de la Habana. Eso influyó más que la suspensión de las fumigaciones.

 

¿Qué alternativas hay para no volver al glifosato?

 

Son las del camino largo: la aspersión manual, seguir insistiendo en el desarrollo alternativo. Muchas veces se presentan estos esfuerzos de desarrollo alternativo como un fracaso, pero si uno mira la geografía de Colombia se dará cuenta de que en la mitad de los municipios con cultivos ilícitos nada ha sido ensayado. Si no hay alternativas económicas para estas comunidades, va a ser utópico, imposible luchar contra los cultivos ilícitos. Ahí van a estar como una alternativa. Pueden sacar las avionetas y llenarlas de veneno, fumigar frenéticamente y  el problema no va a desaparecer.

 

¿Cuánto le puede costar al país volver al glifosato?

 

Lo peor para el país sería seguir insistiendo en una política fallida. Que no solo no tiene efectos para controlar los cultivos de uso ilícito, sino que le resta legitimidad y confianza al Estado en las zonas donde el mismo Estado ha estado ausente. Ese costo es invaluable creo yo.

 

¿El límite de dos años para ejecutar el PNIS es realista?

 

Yo creo que en el fondo lo que quiere ver el país y la comunidad internacional es una disminución. Pensar que en dos años van a desaparecer los cultivos ilícitos en nuestro país es engañarse. Creo que este es un problema social que tiene que afrontar la sociedad colombiana y tiene que hacerlo con consciencia por el camino largo, con respeto a los derechos humanos, a la salud pública, y esos plazos perentorios en nada ayudan. Habrá que tener una conversación franca con los Estados Unidos, que además tiene un problema muy complejo con el uso de analgésicos y opioides, el uso de heroína, mucho más complicado que el de la cocaína, que está causando allí más de 70.000 muertes al año. Primero tendrían que mirarse en el espejo sus propias faltas.
 

Aspersión aeréa ©Julian Lineros.


 

¿Qué cree que se está quedando por fuera en la discusión sobre el glifosato?

 

Creo que se está olvidando que el glifosato no funcionaba bien, que las aspersiones aéreas no eran eficaces. Se está mostrando como las aspersiones aéreas como una política muy efectiva para controlar los cultivos ilícitos. Se está pensando que simplemente se comienza a asperjar y el problema va a quedar resuelto cuando eso no va a ser así ni lo fue así. Hay años en los que se asperjaron cientos de miles de hectáreas y los cultivos de uso ilícito crecieron en el país, esa realidad no aparece hoy en día y no está siendo tenida en cuenta en el debate.

 

¿Cree que hay una razón además del aumento en las hectáreas cultivadas para que el gobierno insista en volver al glifosato?

 

Leí hace mucho tiempo una frase de un investigador americano que le preguntaron si la evidencia científica tenía algún impacto sobre la política antidroga, y dijo “sí, la mala evidencia científica.” Es una forma eufemística de decir que mucha veces estas decisiones se toman más por razones políticas que científicas. Las políticas antidrogas han sido en general basadas en la evidencia, yo creo que en este caso vuelve a ocurrir lo mismo.

 

¿Cree que hay alguna campaña de miedo detrás de estas ganas por volver al glifosato?

 

Creo que hay una preocupación genuina con el aumento de los cultivos ilícitos.  Hay cierto apego, nostalgia, creo yo, no del todo racional, hacia unas políticas que se dieron en el pasado, y en general las políticas antidrogas están más basadas en eso, en aspectos de seguridad, sí han tenido un componente de políticas de miedo. Pero no quisiera decir que ese ha sido el único énfasis, creo que ha habido una preocupación genuina por el aumento de los cultivos ilícitos, es una realidad que no podemos negar, que es insoslayable.


TEXTO: Laurasofía Polanco | Bogotá
@SonrisaDeLima

VIDEO: Miguel Galezzo | Realizador audiovisual

@MiguelGalezzo 


 

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