No son líos de faldas: esto hay detrás de los asesinatos a líderes sociales

julio 25 de 2018

Problemas históricos de la tenencia de la tierra, conflictos ambientales, cultivos ilícitos y la implementación de los acuerdos de paz tienen a las zonas rurales en medio de una nueva ola de violencia regional.

No son líos de faldas: esto hay detrás de los asesinatos a líderes sociales

| 123 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos han sido asesinados entre enero y julio de 2018. | Por: Julián Ríos


Por: SEMANA RURAL
SemanaRural

El pasado 25 de junio, el asesinato de José Abraham García, presidente de la Junta de Acción Comunal de Pascuita, sembró aún más el miedo en los habitantes de este municipio antioqueño. La vereda está a cuatro horas del casco urbano de Ituango (Antioquia), donde hay enormes plantaciones de coca y el Estado es prácticamente ausente. Todo apunta a que miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) son los responsables de la muerte de García.

En esta vereda los hombres armados han impuesto su ley, quien llegue a Pascuita no se escapa de las preguntas incisivas de “¿quién es usted y qué hace acá?”. La muerte de García es una de las muchas caras que tiene el preocupante aumento de muertes de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. 

 

En Ituango los pobladores soportan las presiones de grupos ilegales para que sigan produciendo cultivos ilicítos. Yénifer Aristizábal.


 

22 LÍDERES  Y DEFENSORES ASESINADOS 

Desde las elecciones presidenciales del pasado 17 de junio hasta el 4 de julio.

Las comunidades de las regiones más apartadas viven con el temor de ser acusados de colaborar con un bando o el otro, como en las épocas más crudas del conflicto entre las guerrillas y los paramilitares, hace 30 años. El tener que vivir en zonas de conflicto, de cultivos ilícitos, minería ilegal y poca o nula presencia del Estado parecieran haberse convertido en las respuestas comodín que explican tanto la vulnerabilidad de estas poblaciones como su desventaja frente a las ciudades.

Las muertes de los líderes son el resultado de conflictos históricos relacionados con la tenencia y el uso de la tierra, las economías ilícitas, la implementación del proceso de paz, la ocupación ilegal de los territorios dejados por las Farc y la práctica, casi generalizada, de la resolución violenta de conflictos cotidianos. Todo lo contrario a la razón que el pasado diciembre dio el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, cuando dijo que“son fruto de un tema de linderos, de un tema de faldas, de peleas por rentas ilícitas”. 

A este conjunto de problemas, se suma la urgencia de la implementación de los acuerdos durante estos dos últimos años, asegura el investigador Leonardo González, del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

 

 

La mayoría de los casos ocurrió en 24 departamentos, en especial, en Cauca y Antioquia. Hay datos más conservadores, como los de la organización Somos Defensores, que hasta el 30 de junio contabilizaba 80 líderes asesinados.

De acuerdo con el último estudio de Indepaz, más del 80 por ciento de líderes o defensores de derechos humanos asesinados hacían parte de organizaciones campesinas, juntas de acción comunal o asociaciones étnicas.
 


La misma investigación indica que el 83,19 por ciento de los homicidios de este año ocurrió en medio de conflictos por el territorio y los recursos naturales.

Lo que se vive en Ituango es un espejo de lo que ocurre en muchas otras zonas: sus habitantes vienen exigiendo demandas sociales, políticas o ambientales y están en medio de un reacomodamiento de más de cuatro fuerzas ilegales que hacen presencia. Antes, lo hicieron por la construcción de Hidroituango en uno de sus valles más pronunciados y, ahora, por la llegada de la megaminería al municipio.

 


 80,48 % DE LAS VICTIMAS 

hacían parte de organizaciones campesinas, étnicas o Juntas de Acción Comunal. 


 


Las amenzas a los líderes sociales y ambientales en las regiones más apartadas continúan
.
Emanuel Acosta.


Los reclamos ambientales se dan en medio de lo que los líderes locales aseguran, es una nueva oleada de violencia paramilitar que busca enriquecerse de la minería en vista del descenso en la producción de coca en esta zona, ubicada en el corazón del Nudo de Paramillo, uno de los principales corredores de droga en el país. 

Nubia Ciro, socióloga y líder local, recorrió parte de este inmenso nudo boscoso para llegar hasta una vereda cercana al Alto San Jorge, en límites entre Antioquia y Córdoba. Allí pudo observar de cerca cómo la comunidad que antes sembró coca, espera una posibilidad para sembrar cultivos lícitos.

Las comunidades “están cansadas del estigma y de que la guerra les pase por encima”, asegura esta líder. También considera que “este momento es cuando los pobladores más necesitan apoyo para producir y generar procesos autónomos que les permita vivir en condiciones dignas”.

 


Los departamentos con más asesinatos de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos son Cauca y Antioquía según INDEPAZ
. Julián Ríos.


La situación en Ituango no es excepcional. En este territorio quienes han decidido cambiar de cultivos son hostigados por narcotraficantes o disidencias para que sigan produciendo plantas para narcóticos, mientras las autoridades presionan por cumplir el punto 4 de los acuerdos de paz con las Farc, precisamente sobre sustitución.

Estos conflictos por la tierra son históricos y la solución a estos hasta ahora ha sido violenta”, asegura González. Por otro lado, la investigadora social señala que mientras todo esto pasa en el campo, crece el ambiente de impunidad tras la muerte de los líderes.  Las comunidades que sufren estos hechos quedan en un estado de verdadera indefensión.

Con estos antecedentes, desanima ver el panorama que les viene encima a los líderes de procesos de tierras. Para González, estos seguirán siendo ‘incómodos’ porque las organizaciones sociales continuarán exigiendo sus derechos, con un nuevo aliento de participación política.
 

83,19 % DE LOS HOMICIDIOS 
en el 2018 han sido en medio de conflictos por tierra, territorio y recursos naturales.

 

“ Lo que hemos visto en los últimos 20 años es eso: a pesar de la situación difícil, las comunidades siguen y probablemente en los próximos meses vendrán algunos paros y exigencias en medio de este panorama que tiene vivo al paramilitarismo y aumenta la muerte de líderes ” .

LEONARDO GONZÁLEZ, investigador de INDEPAZ


 

 ENTREVISTA A:  

Andrés Chica, director de la fundación Cordobexia y coordinador de la Mesa Territorial de Garantías en el departamento de Córdoba. 


¿Cómo están afectando a las comunidades de su departamento los asesinatos que vienen ocurriendo?

Hay seis grupos armados en el sur de Córdoba, con una intensión militar y política diferente. Te llama uno de ellos y te dice que no puedes pagarles vacuna a otro, te matan o te sacan del territorio.  Así ellos están acabando con la cabrilla social, que es la base de nuestra organización social. Esa cabrilla social para nosotros son las juntas de acción comunal, las asociaciones campesinas, los resguardo y cabildos indígenas, los consejos comunitarios y las organizaciones afro, en el caso de San José de Uré.

 

 


Andrés Chica durante el encuentro en Bogotá de líderes sociales amenzados.
José Puentes Ramos.


 

 

¿La situación es tan crítica?

Es lamentable para nosotros asegurar que Córdoba es uno de los diez departamentos con mayor número de víctimas y el primero en la región Caribe. Más allá de las cifras, hay que dar cuenta que en lo territorial existe desidia gubernamental. Con los decretos 2252 y 660 (este último de abril pasado), las gobernaciones y las alcaldías debían tener una responsabilidad con la salvaguardia de las vidas de los líderes sociales. Eso no está pasando. Al día de hoy, tenemos 14 personas asesinadas, reconocidas como líderes. El último fue Iván Lázaro, integrante de la asociación de campesinos del sur de Córdoba. Lo asesinaron en Puerto Libertador, en el corregimiento de San José.

 

¿Qué es lo que está fallando en la protección?

Cuando vamos a las personerías y a las alcaldías a denunciar las amenazas a los líderes, los funcionarios reconocen los decretos que nos protegen, pero dicen que no hay plata. Ni para sacarlos, ni para moverlos, ni para hacer nada. Además, por ejemplo, en el caso de Puerto Libertador (Córdoba) hay 16 esquemas de protección. Y esa es una de las fallas del Gobierno porque cree que con carros blindados y escoltas nos están protegiendo, pero así no es la cosa. Proponemos la autoprotección con el refuerzo a las guardias campesinas, indígenas y cimarronas.

 


 POR:  Yénifer Aristizábal (Editora en Antioquia) y Bibiana Mercado (Editora General).

 

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Semana Rural. Un producto de Proyectos Semana S.A. financiado con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a través del programa de Alianzas para la Reconciliación operado en Colombia por ACDI/VOCA. Los contenidos son responsabilidad de Proyectos Semana S.A. y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos.