Excombatientes salen de Ituango a Mutatá por inseguridad

Con una mirada que se confundía entre la tristeza y la expectativa, los niños observaban cómo las vacas que habían alimentado y correteado por meses eran subidas a un camión para no volver. Días antes, varios excombatientes del antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Ituango habían acordado vender el ganado y las gallinas de los proyectos productivos que montaron justo después de firmar el Acuerdo de Paz y haberse concentrado en este espacio. Salían de los animales porque la inseguridad en este municipio montañoso al norte del departamento de Antioquia les había arrebatado la vida a 12 de sus compañeros y permanecer allí no era sostenible.

El último caso fue el de César Darío Herrera Gómez, quien fue asesinado el pasado 28 de enero mientras se dirigía al ETCR, que llevaba el nombre de Román Ruíz y estaba ubicado en la vereda Santa Lucía. Este evento terminó por convencer a la comunidad de que tenía que marcharse, pues el municipio se había convertido en el más peligroso del país para los exguerrilleros de las Farc.

Unos días después, miembros de la comunidad y del Partido Farc empezaron conversaciones con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la entidad del Gobierno nacional encargada de acompañar a los excombatientes en su tránsito a la vida civil. Se acordó el traslado, pero encontrar un terreno para establecerse no fue una tarea fácil. Pasaron meses y las amenazas seguían llegando por parte de grupos armados.

“Además de que no había estabilidad y arraigo porque no sabíamos qué iba a pasar con el predio en el que estábamos en Ituango, súmele las amenazas y los homicidios que llenaban de miedo a la gente”, cuenta Agustín Rivera, uno de los líderes del ETCR. “El problema de la inseguridad hay que preguntárselo es a la inteligencia militar y al Gobierno para saber por qué no ha cumplido con lo pactado y no nos ha garantizado la seguridad. Estamos en un territorio que se lo disputan varios grupos y no sabemos cuál es el objetivo”, añade Rivera.

Finalmente, después de visitar 12 municipios de Antioquia, en junio encontraron un predio en Mutatá, a unos 352 kilómetros de Ituango, y hacia allá emprendieron el viaje en la madrugada de este miércoles 15 de julio, en un recorrido que tardará alrededor de 12 horas y que los llevará hasta el primer municipio en la entrada a la húmeda región del Urabá.

Exactamente una semana antes, según informó el director de la ARN, Andrés Stapper, el Gobierno Nacional firmó por un año el contrato de arrendamiento de los predios El Porvenir y Becuarandó, que suman 137 hectáreas, y fue radicada su solicitud de compra ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Con esto se espera que los desmovilizados puedan tener mayores garantías para emprender de nuevo sus proyectos productivos.

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“La comunidad tiene incertidumbre por lo que vaya a pasar –cuenta Agustín Rivera- pero está entusiasmada porque al menos ya se cuenta con un predio que dentro de un año es posible que ya se encuentre en poder de la cooperativa y de la población en reincorporación. Al menos se llega a un terreno más seguro jurídicamente”.

Para hacer este traslado, que requirió toda una logística de seguridad, medidas sanitarias y transporte, los excombatientes tuvieron que vender las reses y las gallinas de sus proyectos. Los climas de ambos territorios varían y los líderes temían que los animales fallecieran por falta de adaptación.

A Mutatá llegarán a empezar casi de cero, como lo hicieron hace tres años cuando dejaron las armas y se concentraron en las zonas veredales. De las 93 personas que salen -de las cuales 14 son menores de edad- algunas irán provisionalmente a otro espacio de reincorporación en la vereda San José de León, mientras esperan que, quienes van directo a los predios, empiecen la instalación de las viviendas y los proyectos productivos.

La idea, según cuenta Eulises ‘El Paneco’, presidente de la junta administrativa del ETCR, es comprar nuevas reses y gallinas ponedoras, y empezar a diseñar dónde estaría ubicado el caserío. “Inicialmente vamos a llegar a unas casas provisionales para planificar dónde nos va a quedar mejor construir las viviendas y cuáles son los negocios que mejor se pueden dar en estos terrenos, pues no queremos que sea un sacrificio inoficioso”, cuenta Eulises.

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En los cálculos que hace Agustín, alrededor de 70 personas abandonaron el espacio en los últimos meses por miedo a que las amenazas se hicieran realidad. Así lo hizo Franklin. Después de recibir mensajes intimidatorios que rezaban “ya no queremos ver su cara por aquí”, una madrugada de junio salió con su familia por las trochas que bien conocía porque había recorrido en sus años en la guerrilla.

Por eso, en el nuevo espacio planean construir alrededor de 250 viviendas, para quienes permanecen en la comunidad y para quienes esperan que regresen. “Desde que llegamos a la vereda, han sido desplazadas por lo menos 70 personas que están en Medellín, en Córdoba y en otros municipios esperando a que se estabilice un espacio donde puedan construir una vivienda y una vida digna”, dice Agustín.

Esta es una preocupación que va muy de la mano con el mensaje que envió el jefe de la Misión de Verificación de la ONU, Carlos Ruiz, en el informe anual que entregó ayer ante el Consejo de Seguridad de la organización, en donde expresó que para una reincorporación efectiva es urgente mejorar las condiciones de seguridad y garantizar la sostenibilidad de los proyectos productivos mediante asistencia técnica, asignación de tierras y acceso a mercados.

Precisamente, a los predios de Mutatá en los últimos días llegó una delegación técnica de la ARN integrada por un ingeniero mecánico, un ingeniero eléctrico y un topógrafo para verificar la capacidad de las viviendas y las vías de acceso, así como consolidar un inventario del terreno que garantice el mejor aprovechamiento de lugar. Además, esta semana se llevará a cabo una reunión con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia (Viva), con el fin de definir el plan de trabajo que se adoptará para la construcción de las casas y el acondicionamiento de servicios públicos en los nuevos predios.

Franklin no ha decidido si se unirá a sus antiguos compañeros en Mutatá pero, como Eulises, asegura que es necesario que las viviendas de este nuevo lugar tengan mejores condiciones que las anteriores y que cada familia pueda tener su propia hogar. Al respecto, el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, explicó que “aunque los antiguos ETCR no eran una figura permanente según lo pactado en los Acuerdos de Paz, el Gobierno del presidente Iván Duque se comprometió a fortalecer las dinámicas de arraigo y acceso a vivienda de quienes hacen su tránsito a la legalidad”.

En Ituango, en las viviendas que los mismos excombatientes habían pintado de vistosos colores, solo permanecerán ocho personas en proceso de reincorporación que quisieron continuar con sus proyectos productivos en esta región. El resto, después de pasar por controles de salud y pruebas aleatorias de covid-19, salieron hacia Mutatá en un operativo desplegado por el Ministerio de Defensa para garantizar las condiciones de seguridad. Con la misma mirada que se confunde entre la tristeza y la expectativa, los niños observan ya no a sus animales sino a las que fueron sus casas los últimos años. Para ellos, lo que viene es una aventura más. Para sus padres, la posibilidad de darles una vida alejada del peligro y con mejores oportunidades. “Estamos con la paz por los chinos y por Colombia, y por eso seguiremos apostándole a pesar de los dolores y el desarraigo”, sentencia Eulises.

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