Excombatientes: un regreso a la vida civil en veremos

El 24 de noviembre del 2017, Gustavo Cardona Arbeláez, llegó a la Iglesia de La Catedral, en pleno centro de Cali. Tenía el rostro tensionado. Se sentó sigiloso entre los puestos que aún quedaban vacíos y se refugió en su propio silencio. A Gustavo nadie lo conoce por ese nombre, pero cuando se habla de ‘Santiago’, en el Valle del Cauca, vuelve la imagen del hombre detrás del secuestro de los doce diputados, en el 2002. A solo unos metros de esta Iglesia, quince años atrás, el propio Gustavo coordinó la cinematográfica entrada a la sede de la Asamblea, fue el encargado de ´alzar’ a los rehenes y fue quien les dijo que se trataba de un secuestro de las Farc.  Después de pagar una pena en la cárcel, el entonces número dos del Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas estaba en la Catedral para pedirles perdón a los familiares de los once diputados asesinados.

Justo ese día, hace casi un año, las esperanzas del ex guerrillero de reincorporarse a la vida civil estaban intactas. Soñaba con montar alguna pequeña empresa y darles trabajo a otros desmovilizados, pero hoy la realidad es otra. Ahora, en pleno centro de la ciudad, se rebusca en lo que pueda para sobrevivir. Todos los días toma el bus para ir a su casa y vende lo que aparezca en oferta para conseguir algunos pesos para su familia. Aunque a veces teme por su vida, nadie lo reconoce.  Siente que los beneficios del proceso de paz no lo arroparon como esperaba. Muchos le han aconsejado que busque una oportunidad en un país amigo, tal vez Cuba, pero él dice que quiere esperar a ver si el proceso de reincorporación de los excombatientes termina siendo lo que soñaron cuando pusieron la firma en el acuerdo final de paz entre el Gobierno y las Farc.
 

Es natural preguntarse: si esta es la realidad que afronta uno de los cuadros más importantes de esta guerrilla en el Valle del Cauca, ¿qué será del resto de la ‘guerrillerada’?
 

Alertas encendidas

The New York Times llamó la atención recientemente sobre la cifra de la organización Insigth Crime,  cuyos cálculos dicen que son 2.800 los desmovilizados que no habrían encontrado espacio en la vida civil y regresaron a las armas. La cifra es escandalosa pues es lo mismo que decir que el 40% de los miembros de las Farc habría reincidido.

Para Fabio Cardozo, gestor de paz del Valle del Cauca, se trata de una cifra muy especulativa que al final lo que busca es responsabilizar a las Farc de los problemas que está teniendo su reincorporación a la vida civil. Cardozo explica que es evidente que hay guerrilleros que han reincidido, especialmente en el corredor del Pacífico, pero se trata de un grupo muy pequeño frente a otro que se ha desvinculado de la organización política, pero por el incumplimiento en la hoja de ruta que se fijó para el programa de reincorporación.

«Hubo una falta de implementación, de incumplimiento por ausencia de recursos. A los desmovilizados se les dio una pequeña mesada, pero de eso no vive nadie. La mayoría de los guerrilleros son gente campesina, a la que ni siquiera se les ha entregado un pedazo de tierra. Otros pocos habitan en las ciudades y lo único que sabían era disparar armas, pero no los apoyaron con proyectos productivos o de pequeñas empresas»

Para el Gestor de Paz del Valle del Cauca los problemas se derivan de un mal acuerdo en el tema específico de la reincorporación; se ha presentado un incumplimiento del gobierno en la ruta de reinserción y por último a las Farc le ha costado mucha dificultad hacer el tránsito de dejación de armas porque es una guerrilla que tenía una construcción y unas capacidades distintas de asumir esa misma legalidad.  “Bastó que pisaran la legalidad y la institucionalidad para deshacerse, hoy están en un mar de contradicciones, fragmentadas en pedazos y por supuesto se metieron en la dinámica de la política, y no era como ellos creían que los iban a percibir. La gente los insulta y les cierran las puertas”.

Hoy prácticamente en ninguna región alguien puede decir con certeza en qué andan los desmovilizados de las Farc, porque ni siquiera los líderes del hoy movimiento político tienen conocimiento. “Es difícil ejercer ese control, pues todos nosotros tenemos permiso de movernos por el territorio nacional. Además, es al Estado al que le corresponde tener claridad de lo que está pasando con los ciudadanos y el día a día de los desmovilizados. Nosotros ya no somos una organización militar jerárquica sino una organización política compuesta por ciudadanos”, advierte el senador de la Farc Julián Gallo, más conocido como Carlos Losada.

Una posición que comparte su colega el senador Jorge Torres Victoria o 'Pablo Catatumbo', quien señala al Gobierno y cuestiona que dos años después de la firma del proceso de paz solo hay un proceso productivo funcionando.

Eso es lo que pasa en buena parte del país. En el Valle del Cauca, por ejemplo, la mayoría de los desmovilizados están dispersos. Hay un grupo grande en Tuluá, cerca de 35, que el gobierno departamental apoya con proyectos pequeños. Otros más en Cali, que no están nucleados, y ahora apareció un grupo en Buga que busca apoyo para generar recursos en el sector agrícola.

¿Un proceso en crisis?

Los esfuerzos son individuales y no parecen coordinados. Así lo percibe Diego Arias, quien estuvo al frente del Centro de Memoria Histórica del Valle y advierte que la crisis del proceso se evidencia en dos dimensiones: la jurídica y la reincorporación.

Para este antiguo líder de la guerrilla del M-19, además de los incumplimientos del Estado, el proceso de reincorporación a la vida civil también se ha visto afectado porque las Farc apostó a un modelo de reintegración colectiva “y lo que a la gente le interesa después de salir de la guerra es llevar a cabo su propio proyecto personal. Tiene que haber demasiada conciencia política para que esos procesos colectivos funcionen”.

De todas formas, el analista Arias considera que las cifras mostradas de deserción son exageradas, “porque, créame, cuando uno ha estado en la guerra y saborea estar en paz, que no haya persecuciones, bombardeos y cuando uno ya está con su familia, su novia o le han nacido hijos, volver a las armas no es una decisión fácil”.
 

«Una es la parte jurídica y política, donde los desmovilizados necesitan que haya garantías. Y la otra dimensión es la reintegración de los combatientes. Hay que revisar cómo están los modelos de reintegración colectiva que fueron lo esencial del acuerdo y empujar fuertemente los proyectos productivos y si esto está demorado no hay otra manera que subsidiar esos proyectos, porque con qué vive esa gente. Muy cerca de esa dificultad es que hay bandas y grupos que están ofreciendo mucho dinero y eso es tentador para los mandos medios»

El ex director del Centro de Memoria Histórica en el Valle reconoce la complejidad apabullante del proceso de paz con las Farc. “En mi opinión y hablando desde mi experiencia, para muchas personas lo más importante era asumir el tema jurídico, después uno empieza a bajar en la escala y se da cuenta que no todo el mundo se acogió al programa de reintegración, porque no le interesaba o no era atractivo. Luego viene una cantidad de personas que habiendo dicho que iban a estar en el proceso de reintegración lo comenzaron, pero desertaron porque no les animó, se desvincularon del proceso, pero eso no quiere decir que hayan vuelto a las armas”.

Para Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, el proceso de reincorporación está en una aguda crisis en sus cuatro pilares: la física, jurídica, socioeconómica y política. El investigador sostiene que el asesinato de más de 70 exguerrilleros y trece de sus familiares y el hecho de que unos 300 excombatientes continúen en las cárceles sin que se les resuelva su situación, hace perder confianza en la viabilidad del proceso. En cuanto a la reincorporación socioeconómica, Ávila advierte que no es posible que con todo el tiempo que ha pasado desde la firma del proceso de paz, solo haya dos proyectos productivos aprobados por el Gobierno, mientras que el resto son iniciativas individuales de los exguerrilleros. “Pero a eso súmele que no hay tierras para los proyectos productivos. Solo hay una hectárea de tierra en el Cesar, pero de resto la plata está metida en los bancos. Los recursos de la UE no se pueden invertir porque no hay seguridad jurídica y la reincorporación política, que es lo único que estaba funcionando más o menos, pues ahora el nuevo gobierno dice que los van a sacar de hacer política mediante un acto legislativo, entonces el balance tiende a ser un desastre”, explica el analista.

«Aquí la cifra sale de los que no han reclamado la renta básica en los bancos, es lo más certero que tenemos. Con ese dato que manejamos estamos más o menos en los estándares internacionales».

La situación también preocupa a la Fundación Ideas para la Paz, que a través de un informe conocido por SEMANA RURAL y titulado ´Las garantías de seguridad: una mirada desde lo local’, hace serios reparos al proceso de reintegración de los desmovilizados de las Farc. “La reincorporación de los excombatientes se ha caracterizado por su falta de celeridad y de generación de condiciones viables en el mediano y largo plazo. En la práctica dos visiones han chocado en ausencia de una estrategia clara. Por un parte, está el enfoque que apuesta a la desarticulación del grupo, privilegiando la ruta individual, mientras que las Farc –en el marco de la implementación de los acuerdos-, se proponen mantener la cohesión bajo un esquema de reincorporación colectiva que tiene a los espacios territoriales como centro del proceso. La oferta institucional (no exenta de problemas y rezagos) se ha concentrado en estos espacios y el despliegue de la Fuerza Pública se ha dirigido a estas zonas”.

El informe también señala que el acceso a la propiedad de tierras por parte de los excombatientes continúa siendo incipiente. Y tal como lo ha manifestado la Misión de Verificación de la ONU, “el objetivo fundamental de proporcionar oportunidades de generación de ingresos a 14.000 excombatientes está lejos de alcanzarse”.

Para los investigadores de la Fundación Ideas para la Paz, un hecho para destacar es el mal manejo que los comandantes le dieron a un sector importante de las milicias que no fueron reconocidas ante el gobierno y, por lo tanto, tampoco fueron incluidas dentro del proceso. Una situación que vivieron de manera similar los excarcelados de las Farc que llegaron a los territorios. “El no reconocimiento por parte de las Farc generó malestar de estos sectores, lo que fue aprovechado por las disidencias para incorporarlos a sus filas y fortalecer su capacidad militar. Sumado a esto, el proceso de reincorporación se ha visto impactado por la desconexión de los liderazgos a nivel central con los espacios territoriales y los guerrilleros de bajo rango, creando fracturas y divisiones”.
 

La respuesta del Gobierno

Frente a las críticas planteadas, la Agencia para la Reincorporación y Normalización, ARN, que acoge a las personas que abandonan los grupos armados, advierte que se trata de procesos que se construyen en la base de la sociedad y que la verdadera reconciliación y modelos de construcción de los territorios se hacen de la mano de las comunidades.

En ese sentido, la entidad recuerda que “la adecuada implementación del proceso no solo se basa en el compromiso de los actores en confrontación durante el conflicto, sino también, en el rol crucial de la institucionalidad y la sociedad en su conjunto de conocer y apropiar sus objetivos para la construcción de paz, como también, en confluir -con el Estado y los exintegrantes- en la generación de condiciones para evitar el surgimiento de nuevas violencias y profundizar el ejercicio pleno de la ciudadanía y los Derechos Humanos”.

Para demostrar la efectividad del proceso, la ARN recuerda que en sus quince años de funcionamiento ha atendido la reintegración a la vida civil de dos grupos armados. El primero fue con los grupos de autodefensa en el 2002 y el segundo con las Farc, que incluyó a 11.475 hombres y mujeres. Esos procesos de reintegración son dispendiosos y por lo general duran seis años. Incluyen salud, apoyo psicosocial y pensiones, formación académica y para el trabajo, iniciativas culturales y deportivas, entre otras.

Para la Agencia de Reincorporación, los señalamientos de que hay incumplimientos por parte del Estado carecen de sustento. En ese sentido, advierten que ya se creó el Consejo Comunal de Reincorporación, los consejos territoriales, se tiene bancarizados a los desmovilizados, se les está pagando una asignación mensual, hay una oferta educativa con el Sena y también está por expedirse una política pública de la mano con las Farc. Sin embargo, la entidad hace énfasis que es indispensable no perder la perspectiva de que estos son los cimientos para construir una política a largo plazo y recuerda que los expertos en reincorporación afirman que estos procesos duran cerca de diez años y no se puede pretender que en dos años se haya completado toda la metodología.

«Al haber tomado la decisión de salir de estos espacios y adelantar su proceso de tránsito a la vida civil sin el acompañamiento del Estado, de las instituciones y con sus antiguos compañeros en el grupo guerrillero, no significa que las personas en su totalidad se encuentren en la ilegalidad, sino que pudieron tomar la decisión de desarrollar su proyecto de vida alejados de las dinámicas del grupo del que formaban parte. Sin embargo, aunque el proceso de reincorporación es voluntario, la ARN, en compañía de las instituciones del Estado involucradas en el proceso de reincorporación, han realizado el trabajo de establecer contacto con algo más del 80% de estas personas, para iniciar las actividades propias del proceso de reincorporación»

Aunque los expertos en análisis de conflicto coinciden que las reintegraciones de grupos armados son procesos que requieren paciencia y mucho acompañamiento de la sociedad civil, la preocupación por el futuro de los desmovilizados de las Farc aumenta con el paso de los días. La intranquilidad se centra en que estos hombres reincidan en sus actividades al margen de la ley y hagan parte de nuevas bandas criminales. Por eso los ojos de los colombianos están puestos en personajes de la talla de Romaña, Iván Márquez y El Paisa, a quienes siempre se les señala de estar al borde de la cornisa. Pero también hay que tener en cuenta que son los mandos medios, como el comandante ‘Santiago’ en el Valle del Cauca, los que se sienten más vulnerables y no encuentran su espacio en la vida civil. Como advierte Ariel Ávila, de la Fundación Paz y Reconciliación, “el lío es que si los mandos medios de las Farc reinciden, eso significa que el proceso de paz fracasó. El gobierno dice que va a garantizar la reinserción de la base, pero hay que recordar algo: los ejércitos lo hacen los comandantes. Hay una concepción muy errada del Gobierno y es que no hay un programa complementario para mandos medios”.

POR: Gerardo Quintero | Editor nacional
@Gerardoquinte