¿El Gobierno no quiere sustituir los cultivos ilícitos?

febrero 24 de 2021

Mientras el presidente Duque prepara retomar la aspersión con glifosato, cientos de campesinos pierden la esperanza de la legalidad. Solo el 2 por ciento de las familias en el Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos han podido arrancar proyectos productivos diferentes a la coca.

¿El Gobierno no quiere sustituir los cultivos ilícitos?

| . | Por: © Archivo Semana Rural


Por: Juan David Naranjo Navarro
@JDNaranjoN

Cuando César Ruiz logró vincularse al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) se le iluminó la mirada. Estaba con su esposa y sus dos hijas en su finca en Tibú, en El Catatumbo, la misma que les había dado sustento por los últimos 10 años, pero que también les había arrebatado la tranquilidad. 

 

Igual que sus vecinos de parcela, él confiaba en que finalmente podría dejar los cultivos de coca atrás y, con la ayuda del Estado, emprender nuevas siembras en el marco de la legalidad. Lo ilusionaba pensar que ya no sentiría el miedo permanente con el que vivió por años y que lo obligó incluso a enviar a sus hijas a Bogotá, a casi 700 kilómetros y más de 16 horas de distancia.

 

Con la firma del Acuerdo de Paz y la entrada en funcionamiento del PNIS, 99.097 familias campesinas que dependían de los cultivos ilícitos se vincularon en varias regiones para alejarse de esta economía cocalera. Como dice César, “no es que uno hubiese querido meterse de cabeza en los cultivos ilícitos, sino que los problemas de la zona y la ausencia del Estado solo dejaban esa alternativa”.

 

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Hoy, cientos de campesinos en el país esperan que el Estado les cumpla con lo prometido cuando ingresaron al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos.
©Juan Carlos Sierra/SEMANA

 

“Sembrar cualquier otra cosa o criar animales no es rentable porque no hay ni siquiera vías para sacar la producción. Sacar cerdos a Cúcuta no es rentable porque la mitad llegan muertos o bajos de peso. Lo mismo pasa con los alimentos perecederos”, agrega el campesino para explicar por qué él, como la mayoría de labriegos en la zona, optaron en el pasado por lo ilícito.

 

Frente a eso, el Acuerdo de Paz contempló llevar a estos enclaves cocaleros proyectos de infraestructura y desarrollo, así como poner en marcha un programa que les permitiera a los campesinos emprender nuevos cultivos. El PNIS está diseñado para que las familias reciban un subsidio de asistencia alimentaria por un millón de pesos mensuales durante el primer año, mientras erradican las matas de coca y reciben asistencia técnica para montar proyectos productivos a corto y largo plazo que, además, estarían financiados por el Estado.

 

Sin embargo, y pese a que ya han pasado más de tres años desde que se puso en marcha el programa, las cifras de cumplimiento son lánguidas. De acuerdo con los reportes que hace la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación (antes Posconflicto), de las 99.097 familias vinculadas al programa, 74.366 han recibido pagos de seguridad alimentaria, 61.769 han recibido servicios de asistencia técnica y solo 1.792 cuentan con proyectos productivos en implementación, es decir, menos del 2%.

 

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Durante la vigencia del periodo de Gobierno se han reducido 16.849 hectáreas de cultivos ilícitos erradicadas de forma voluntaria y asistida, con una inversión de $29.058.678.577 (USD $7,6M). El acumulado de hectáreas erradicadas durante la vigencia del Programa es de 43.067.

©Archivo Semana

 

La gente se entusiasmó mucho y al principio les cumplieron juiciosos con los pagos para que erradicaran las matas. Pero los proyectos de ciclo medio y largo se demoraron o nunca llegaron entonces ya hay familias que llevan tres años esperando y nada que les llega nada. “Es un fracaso del programa de sustitución”, dice Juan Carlos Quintero, líder campesino de la región del Catatumbo.

 

César es uno de esos trabajadores del campo a la espera de que el Estado cumpla con la financiación de su proyecto productivo. El año pasado terminó de recibir los pagos por seguridad alimentaria, pero ahora no sabe qué pasará en adelante. “Nosotros estamos sobreviviendo de los 12 millones que nos dieron el año pasado y alcanzamos a comprar algunas semillas y animales para la finca. Pero los que no tienen nada ya están mirando si reactivan la siembra de coca”, dice con preocupación y termina con una sentencia muy clara: “Si uno incumple, a uno sí le aplican la Ley y lo judicializan. Pero el Gobierno ha incumplido y…¿quién les aplica la Ley a ellos?”, se pregunta.

 

Que los campesinos se desanimen y pierdan la confianza en el programa es especialmente lamentable porque se ha comprobado que con la sustitución voluntaria el porcentaje de resiembra de cultivos ilícitos es marginal. De acuerdo con el monitoreo que hace la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), solo se ha evidenciado un 0,2% por ciento de resiembra en los 29 municipios que verificaron y aproximadamente el 97% de las familias cumplieron con la erradicación. Estas cifras contrastan con los altos porcentajes de resiembra que generaban técnicas que se aplicaron por décadas como la erradicación forzada y la aspersión con glifosato.

 

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Según la fundación Indepaz en el país se ha utilizado la aspersión aérea de glifosato en la lucha contra los cultivos ilícitos desde 1984, cuando se usó por primera vez en la Sierra Nevada de Santa Marta

©Archivo Semana

 

“Los campesinos tenían mucho temor de la fuerza pública cuando llegaban a erradicar, entonces solo esperaban a que terminaran y al otro día volvían a sembrar sus matas de coca”, dice César sobre la dinámica que imperaba en la región hace unos años.

 

En un informe multipartidista que presentaron varios congresistas sobre la implementación del Acuerdo de Paz a mediados de febrero, se explicaba que de seguir con el mismo ritmo en la puesta en marcha del PNIS, tomaría otros 71 años que el total de familias cuenten con un proyecto productivo. Además, lamentaron que no se haya vinculado al programa a las 72.082 familias que firmaron acuerdos colectivos y otras “miles que quieren erradicar que no han sido vinculadas a ningún proyecto de sustitución”.

 


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Sobre la demora en la implementación, el consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, le aseguró a SEMANA RURAL que la culpa no es de este Gobierno sino de la administración anterior que les hizo promesas a las familias sin tener bien estructurado el programa ni saber de dónde obtendría los recursos para ponerlo en marcha. 

 

“Cumplirles a esas casi 100 mil familias cuesta como 3,3 billones de pesos, que es casi seis veces el presupuesto del Invias, y de eso habían asegurados un poco menos de 500 mil millones de pesos”, explica Archila, quien recuerda que lo que se invirtió en el programa en las vigencias del 2019 y 2020 sumó casi un billón de pesos. 

 

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"Además de que en 2020 el programa estuvo desfinanciado, se debe resaltar que tan solo el 19,6% de los recursos apropiados durante 2020 para el PNIS fue ejecutado", denuncia un grupo de parlamentarios en un informe sobre la implementación del Acuerdo de Paz.

©Archivo Semana

 

“Los recursos que hacen falta son gigantescos. Vamos a cumplirles a las familias al ritmo en que podamos tener los recursos. Nosotros hacemos un pedido y el Ministerio de Hacienda dentro de las limitaciones mira cuántos son los recursos que le va a asignar al programa y nosotros vamos ejecutando”, dice el consejero, quien ha sido claro en que no vinculará más familias al programa.

 

La declaración de Archila, sin embargo, los campesinos la ven con recelo y la catalogan como una actuación incoherente del Gobierno nacional. “El Gobierno se escuda diciendo que es un tema presupuestal, pero sí hace millonarios contratos para comprar el glifosato y hacer la fumigación y la erradicación forzada”, critica Quintero, quien denuncia que el Gobierno no ha cumplido en la priorización de la sustitución voluntaria. Se supone que la erradicación debe ser una medida de fuerza después de que el Gobierno ya ha intentado convencer a la comunidad de la sustitución voluntaria, y eso no ha ocurrido ni en Convención, ni en Hacarí, ni en San Calixto”, denuncia.

 

Los riesgos que traería retomar la erradicación forzada y la fumigación siguen estando en el centro de la discusión. De hecho, en un informe que la organización International Crisis Group presentará esta semana tras hacer un seguimiento de la política antidrogas de Colombia, dejan en evidencia que la erradicación forzosa no solo ha sido ineficaz en disminuir el tráfico de cocaína, sino que además ha contribuido al recrudecimiento de la violencia.

 

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El ministro de Defensa, Diego Molano, anunció que las aspersiones aéreas con glifosato volverían en el mes de Marzo

.©Archivo Semana

 

“La erradicación forzosa ha obligado a miles de familias campesinas que no tienen otra manera de sobrevivir a aliarse con grupos criminales. Deben ser protegidas por el Estado, pero ahora son víctimas del olvido histórico y de una guerra que las pone en medio del fuego cruzado. El informe recomienda al gobierno colombiano y a la comunidad internacional apoyar los programas de sustitución voluntaria y desarrollo rural”, aseveró la directora adjunta de la organización para América Latina y el Caribe, Renata Segura.

 

Esa advertencia ya se ha convertido en una realidad en los últimos meses en el Catatumbo, donde se han presentado enfrentamientos entre los campesinos y la Fuerza Pública que ha llegado a erradicar sus cultivos de coca. “Estamos muy preocupados porque como el gobierno ha incumplido el campesino está furioso y dispuesto a hacerse reventar”, dijo un personero de uno de los municipios de la región que prefirió no revelar su identidad para evitar problemas con las autoridades.

 

El año pasado, en un operativo de erradicación forzada, fueron asesinados dos campesinos, según la comunidad, por tropas de la Segunda División del Ejército. Y aunque las investigaciones para esclarecer lo ocurrido siguen avanzando, la preocupación en la región es que de continuar con estas acciones se sigan presentando eventos de este tipo. Además, también temen que con la reanudación de la aspersión con glifosato que ha anunciado el Gobierno nacional en las últimas semanas, se afecten los cultivos legales que han empezado a sembrar en la región, el medioambiente y la salud de los habitantes de la zona.

 

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La Asamblea Departamental del Guaviare envió una carta al Gobierno nacional rechazando el uso de aspersiones aéreas en el departamento alegando las afectaciones que glifosato tiene con el medio ambiente, los cutlivos legales, los animales y los campesinos 

©Archivo Semana

 

Cuestionado por el regreso del glifosato, el consejero Archila dice que no hace parte de sus responsabilidades pero que, dentro de la política de combate a las drogas, el presidente Duque ha pedido tener todos los mecanismos. “La dicotomía entre sustitución, erradicación o aspersión con glifosato no es excluyente sino una complementariedad”, concluye Archila, mientras explica que ha venido implementando otros programas diferentes al PNIS como ‘Formalizar para sustituir’, ‘Pago por servicios ambientales’ en zonas de reserva natural y ‘Hechos a la medida’, que son esfuerzos entre la Nación, los departamentos y los municipios para ofrecer soluciones de acuerdo a las necesidades de los cocaleros. 

 

Sobre esa apuesta se pronunció precisamente hace unos días la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, quien ve con preocupación el aumento de los cultivos ilícitos en algunos municipios del departamento. “Si el Gobierno nacional me dice que por cada peso que pone yo debo poner un peso, yo busco los recursos para poder llegar con soluciones a los campesinos para que sustituyan los cultivos ilícitos, pero cuando le toca a uno solo es muy difícil. (…) Necesitamos del apoyo de la nación”, manifestó la mandataria.

 

Cómo avance el Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos sigue sin tener certezas, especialmente porque el mismo consejero Archila se ha negado a establecer una meta específica de familias a las que les cumplirán este año con sus proyectos productivos. Por ahora, en los campesinos lo que queda es la sensación de que una vez más el Estado les incumplió y la preocupación de que se haga realidad los anuncios del Gobierno de retomar la erradicación forzada y la fumigación.

 

“Yo no sé qué vaya a pasar ni siquiera con mi proyecto productivo. Pero lo más triste es que nosotros que hemos impulsado el PNIS ahora tenemos riesgos de seguridad no solo por los grupos armados sino incluso por algunas personas de la comunidad a las que uno convenció de que se vincularan al programa y nos ven como los culpables de que no les hayan cumplido”, lamenta César, que empieza a cuestionarse si su parcela de cinco hectáreas, con la que se había imaginado una vida próspera en la legalidad, caerá de nuevo en los cultivos de coca que le han robado su tranquilidad.

 


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