enero 27 de 2019

Una guerra inútil…

Por: Carlos Medina Gallego

El atentado en la Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá el pasado 17 de enero; el reconocimiento de la autoría de la acción por parte del ELN; la ruptura definitiva del proceso de conversaciones en La Habana por el Gobierno del presidente Iván Duque y la solicitud de entrega de la Delegación de Paz de esta organización al Gobierno lo que pasa por encima de los protocolos acordados para el caso de una ruptura de las conversaciones y reactiva las ordenes de captura, han generado una situación diplomática difícil para los países garantes y acompañantes. Es de esperarse que esto se supere a fin de defender la seguridad y la confianza sobre un escenario futuro de solución política. Por ahora, con esta organización, lo que se pone al orden del día es una guerra de aniquilamiento que involucra de manera inevitable a la población rural, principalmente.

Situación de guerra


El país ha quedado en una situación de confrontación, “guerra” y muerte con costos que se van a depositar especialmente en las zonas rurales, sobre los territorios y las poblaciones en las que opera esta organización: Orinoquía, Catatumbo, nordeste de Antioquia, sur de Bolívar, Chocó, Cauca y Nariño. Las anteriores son áreas de alta conflictividad con comunidades coordinadas en torno a sus propias agendas reivindicativas, que toman en consideración el desarrollo territorial, la modernización del campo, el bienestar de la población campesina, afrocolombiana e indígena, la lucha por la tierra y la confrontación con megaproyectos de empresas extractivas transnacionales. Reclaman, entre otras cosas, afectaciones al medioambiente y aspectos que dinamizan las discordias regionales como cultivos ilícitos, minería ilegal, contrabando de combustibles y, en general, disputas fronterizas —especialmente con Venezuela—.

Allí no solo hay confrontación con el Gobierno de Iván Duque o la fuerza pública del Estado, sino con los diferentes actores ilegales que hacen mucho más compleja la situación. La presencia de grupos paramilitares, bandas criminales del narcotráfico, disidencias de las Farc, reductos del EPL y estructuras del ELN afectan a la población y al desarrollo de las economías locales, departamentales, regionales y nacionales —con intereses y lógicas de ocupación distintas y que nutren y construyen sus economías de guerra y de acumulación por medio de extorsión, secuestro, desplazamiento forzado, despojo territorial, economía del narcotráfico, minería ilegal y contrabando, entre otras actividades—. 

También forman parte de estos territorios movimientos comunitarios, sociales, étnicos, culturales, sindicales, gremiales, ambientalistas y defensores de derechos humanos; formas organizadas de la población civil que involucran a campesinos, indígenas, afrocolombianos, mujeres y jóvenes y población en general. Cuentan con agendas reivindicativas y de lucha, que en la práctica producen el desarrollo y el bienestar en medio de grandes dificultades y sacrificios —todos blanco de acciones criminales, violencia y guerra—.

Violencia contra la sociedad

Lejos del sueño de la paz completa, el reciente atentado pone en evidencia la alta complejidad del conflicto colombiano y lo distante que está la convivencia pacífica y democrática en un país que se ha acostumbrado a vivir en la violencia y en medio del miedo, el terror y la muerte.

Desde la firma del acuerdo, los asesinatos sistemáticos de líderes sociales y comunitarios, defensores de derechos humanos, ambientalistas, activistas, reclamantes de tierras y hombres y mujeres de la sociedad civil organizada, especialmente rural, han pasado como inadvertidos y no dejan de representar cualquier número de crímenes y de víctimas. La Defensoría del Pueblo señaló en su momento que 331 líderes fueron asesinados entre enero de 2016 y agosto de 2018, cuando se posesionó Iván Duque. Estas personas defendían derechos a la tierra, sexuales y reproductivos; denunciaban actos de corrupción, presencia de actores armados, reclutamiento forzado y microtráfico; hacían oposición a megaproyectos económicos o trabajaban en proyectos de sustitución de cultivos ilícitos u otros referentes a la implementación del acuerdo de paz entre el Estado y las Farc.

Entre enero de 2016 y el mismo mes de 2019 se registraron 438 casos de asesinatos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Esto quiere decir que durante los seis meses de la administración de Duque se han producido algo más de 100 asesinatos; crímenes que se sucedieron en 27 de los 32 departamentos y que comprometieron 142 municipios de Colombia.

Una guerra flotante


Más allá de las tensiones y las implicaciones generadas por la situación de guerra —para la población y los territorios, los movimientos sociales, la sociedad en general y los liderazgos locales—, la preocupación se centra en las posibilidades reales de un escalamiento de la violencia contra la población civil y el involucramiento de esta en una confrontación que no le pertenece y de la que no ha podido salir.

El desasosiego mayor en las zonas rurales está en proteger de la acción indiscriminada de los actores armados. También preocupa cómo garantizar los derechos humanos, violados de manera permanente y sistemática, y la protección de la población civil en el marco del derecho internacional humanitario. Existe temor, además, por el regreso de los falsos positivos, la judicialización de la protesta social y la criminalización de los liderazgos, porque la práctica contra el ELN afecta más a la población y a los territorios, a las agendas reivindicativas de los movimientos sociales y a la seguridad de sus dirigencias que a la organización armada.

La guerra de resistencia del ELN es una guerra flotante, sin grandes estructuras armadas ni cuerpos de ejército; es una guerra de fuerzas especiales que operan sobre objetivos predeterminados de carácter político y económico, básicamente con dos armas esenciales —explosivos y tiro de alta precisión—. El ELN es predominantemente una fuerza difusa, mimetizada en la población, con presencia territorial, pero sin control determinante; con un teatro de operaciones indefinido en el campo militar y con aprendizajes tácticos heredados de años de confrontación. No es fácil aniquilar una organización así. Seguramente la fuerza pública fortalecerá las actividades de inteligencia y de control territorial y logrará algunos resultados relevantes. No obstante, su presencia física, institucional,  es mucho más vulnerable en términos operativos que una fuerza mimetizada que opera en cualquier instante y que está detrás de la oportunidad de hacer daño.

Seguramente el ELN buscara sobrevivir a la ofensiva militar operando con lentitud y de manera dispersa, solo para recordarle al Estado y a la sociedad que sigue existiendo. No hay que descartar que como resultado de la militarización o del incremento de operativos militares se produzcan alianzas entre actores armados ilegales y aumente el avance de las organizaciones paramilitares sobre territorios en situación de guerra, cuyo blanco fundamental lo constituye la población.

Defender la vida contra la guerra

Es necesario llamar la atención de la comunidad internacional y de los organismos de derechos humanos para que hagan seguimiento y acompañamiento a este periodo de la historia de Colombia, para que presten solidaridad efectiva a las comunidades que quedan en situación de riesgo en esta fase —inútil e innecesaria— de reactivamiento de un nuevo ciclo de violencia y guerra.

Se deben convocar a los activistas de la paz para que no dejen de lado su obstinada actividad y sigan demandando a los actores de la guerra que finalicen esta tragedia. La vida y la paz no se pueden dejar en manos de los agentes de la violencia y de la guerra. La muerte de los 21 jóvenes cadetes, con toda la tristeza que nos produce, no puede ser la antesala de una guerra genocida e inútil.    

 


*Docente e investigador de la Universidad Nacional de Colombia. Miembro del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa y del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz.


Las opiniones de los columnistas en este espacio son responsabilidad estricta de sus autores y no representan necesariamente la posición editorial de SEMANA RURAL.    

 

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